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TEMAS DE LA SEMANA

Musa: “La pobreza jamás puede ser motivo para la adopción”

La abogada y especialista en infancia Laura Musa explica por qué es un error reclamar políticas públicas de adopción y aclara algunos mitos sobre el tema.

Por Alejandra Hayon
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Laura Musa es abogada y especialista en infancia. Trabajó en la defensa de los más chicos como asesora tutelar del gobierno porteño y como diputada nacional. Es abogada del niño, una figura instaurada por ley para que un letrado defienda los intereses del chico involucrado en una disputa judicial y controle -si es necesario- el actuar de los adultos y del Estado. También fue una de las redactoras de la conocida como nueva ley de adopción, que aunque ya no es nueva dio vuelta el paradigma y puso en el centro a los chicos y a sus derechos.

“Hay que tener cuidado porque en nuestro país la desesperación y la pobreza son las grandes generadoras de la adopción”, se pone firme. La especialista explica por qué no debe haber una política pública de adopción: “Es una solución dramática y excepcional a un caso particular”.

¿Cuando está justificada la adopción?

Es una medida súper excepcional y debería ser pensada únicamente para los niños que no tiene familia nuclear ni ampliada. La institucionalización de la adopción está justificada en los países en donde hay catástrofes naturales o estén en guerra por lo que hay muchísimos chicos huérfanos. En nuestro país, la adopción surge con el terremoto de San Juan de 1947 y con el tiempo se fueron delineando sus términos.

¿Cómo fue cambiando hasta las leyes modernas?

La primera ley que tuvimos tenía el mismo tono que la de Patronato de la Infancia y era terrible. Decía -textualmente- que el Estado podía disponer de todo niño que estuviera en peligro moral o material, una frase muy ambigua y subjetiva. Peligro material es la pobreza y el peligro moral es la consideración que hace alguien sobre la condiciones de los otros. Además decía que los chicos adoptados dejaban de pertenecer a la familia de origen como si nunca hubieran existido. Este paradigma fue muy aceptado socialmente y es inconcebible en un país con treinta mil desaparecidos.

Sin embargo se sigue asociando la adopción con la situación de pobreza.

A veces el sentido común arrasa con todos los derechos. Muchos piensan que es mejor que los chicos pobres puedan estar con una familia que les pueda dar una educación privada o mejorar su condición social, pero se olvidan del derecho que tiene un niño a crecer con su familia, la que le tocó. La pobreza jamás puede ser motivo para la adopción. Sin duda hay que resolverla porque estructura toda una pérdida de derechos, pero no puede ser un estigma. En la vieja ley se juzgaba a la familia y no se interpelaba al Estado.

¿Y cómo se hizo para impedirlo?

Participé de la redacción de la ley que reemplazó a la vieja norma y tuvimos que poner algo que parece impensable: ‘la falta de recursos materiales, ya sea de la familia o del Estado, no habilita a la separación del niño de su familia’. Parece una obviedad pero seguía pasando. Esta nueva ley planteaba como núcleo central el fortalecimiento familiar. Las familias, en general, no abandonan a los hijos porque no quieren tenerlos, es la pobreza la que degrada todas las relaciones.

Otra frase muy repetida es que los institutos de menores están llenos de chicos huérfanos.

Es un error, no hay muchísimos chicos para adoptar. Acá hay 1300 niños en institutos, una cifra altísima para una ciudad con recursos que podría asistir y acompañar a las familias para que puedan hacerse cargo de la crianza. Lo que no funciona es el Sistema de Protección de Derechos que es el que debería articular todos los recursos y ministerios para tratar de retener a los chicos con sus familias cuando existe esa voluntad. La salida más fácil es la internación porque no necesitás equipos técnicos ni nada y como la Ciudad tiene plata paga costos altísimos a los hogares.

¿Cuántas adopciones hay?

Muy pocas. El país fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por tener muy malos trámites de adopción, incluyendo algunas mal llevadas y otras truchas. Hubo un caso muy famoso, conocido como Fornerón, en donde la CIDH condenó al país, a los jueces, a la Secretaría de Niñez e Infancia y a los equipos técnicos por un bebé mal entregado. Después de ese antecedente, los jueces son conscientes de que no pueden dar en adopción a un chico así nomás. La Justicia es la que tiene que controlar que se hayan agotado todos los recursos antes de tomar una medida excepcional. Muchas veces los jueces autorizan una internación pero cuando ven que no hubo un trabajo serio de revinculación -que se hizo a través de organizaciones tercerizadas y que los organismos de protección están desfinanciados- no se animan a firmar la adopción.

¿Qué pasa con los adoptantes?

Yo los respeto mucho porque me parece un acto de generosidad criar niños que tienen muchos problemas. Pero hay que pensar y reflexionar: de dónde vienen esos chicos, cuál es su historia, por qué están en una institución. Ahí se mezcla la valoración de que un chico pobre esta mejor con una familia de los sectores medios con el sentimiento verdadero y genuino de los adoptantes que de verdad quieren darle mucho amor a ese chico.

¿Qué les dirías?

Les pediría que sean respetuosos de las familias de origen y averigüen cómo ese niño llegó a estar en estado de adoptabilidad. Mi consejo es que elijan la adopción simple, que a diferencia de la plena, permite integrar a la familia de origen a la nueva y mantener los vínculos. Los adoptantes en general quieren que el chico sea sólo de ellos, pero el nuevo nombre no cambia su historia. Lo más amoroso es que puedan contribuir para que los chicos reconstruyan sus vínculos con los tíos, abuelos… como las familias ensambladas que tan de moda están.

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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