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TEMAS DE LA SEMANA

Muerte y resurrección del debate

La reforma judicial vuelve a enfrentar al gobierno con casi toda la oposición. Los que bancan cualquier cosa contra los que no quieren cambiar nada. El retroceso de la política. Las denuncias de Carrió.

Por Reynaldo Sietecase
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El sistema político argentino vive una suerte de regresión. Nada se debate en profundidad. La discusión es considerada un signo de debilidad. Cambiar de opinión cuando se demuestra que existe un error no es una actitud inteligente sino una concesión. La mayoría se impone a como dé lugar y la minoría desprecia la voluntad popular. Lo que pasa con el paquete de leyes para la reforma de la Justicia es un ejemplo de esta lógica en la que persisten los oficialistas y, en muchas ocasiones, también los opositores. El “banco cualquier cosa” tiene una respuesta inmediata en el “me opongo a todo”. Claro que la responsabilidad mayor corresponde a quien conduce. La democracia implica el desacuerdo y el respeto irrestricto al disenso.
El principal problema de la Argentina es la Justicia. Es ineficaz, poco transparente, corporativa y tiene importantes focos de venalidad. Esto lo reconocen propios y extraños. En la Argentina rara vez los poderosos reciben castigo penal. Dinero o contactos políticos los mantienen al margen de cualquier sanción efectiva. Los funcionarios condenados por hechos de corrupción se pueden contar con los dedos de una mano. Lo mismo ocurre con empresarios y banqueros. 

Todos los días hay algún ejemplo. Julio César Grassi, a pesar de estar condenado a 15 años de prisión por abuso de menores en 2009 (la causa había comenzado 7 años antes), sigue en libertad gracias a sus contactos y a la protección de la Curia. Además, a pesar de las restricciones que le impusieron para sus movimientos y dichos, vive frente a la Fundación Felices los Niños, donde se produjeron algunos de los hechos investigados. La Justicia no es igual para todos.

La necesidad de la reforma es indudable. El kirchnerismo decidió impulsarla sin ningún tipo de debate previo ni consultas a organizaciones vinculadas a la Justicia. Ni siquiera abrió la discusión a sectores afines. En esta metodología hay una diferencia notable con el proceso que terminó con la sanción de la Ley de Medios, donde hubo debate popular, en círculos académicos y en el Parlamento. Con las propuestas de reforma judicial, en un principio, los senadores de la oposición se sumaron a la idea de no discutir. Ni siquiera admitieron conversar sobre los tres proyectos (son seis en total) más razonables y que podrían contar con su adhesión. Luego, en Diputados enmendaron el error.

La cerrazón oficial se quebró cuando Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó el proyecto que limita las medidas cautelares. “Puede ser considerado inconstitucional”, dijo y logró que se aceptaran sus sugerencias de preservar de las restricciones a los planteos contra el Estado para proteger a los grupos en situaciones de vulnerabilidad, derechos de salud, ambientales, de los trabajadores y de los usuarios de servicios públicos.

Después de estos cambios se anunció que no se habilitarían otras modificaciones. Unos días después, los diputados oficialistas tuvieron que revisar esa postura. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le trasladó al titular de la Cámara de Diputados una carta firmada por una cantidad importante de camaristas y jueces de todo el país con una advertencia: de aprobarse el paquete de leyes de la llamada Reforma Judicial, podría provocarse “una paralización del Poder Judicial”.

Los camaristas apuntaron en forma particular a la modificación del Consejo de la Magistratura. Califican a ese órgano como “parlamentario” y, por esa razón, aseguran que si se le asignan funciones que antes ejecutaba en forma expeditiva la Corte Suprema, como la fijación de la política salarial, la asignación de contratos, la designación de jueces subrogantes y la ejecución del presupuesto, la administración judicial se verá afectada.
También cuestionaron la metodología de selección de empleados. Si esto está en manos del Consejo y con concursos que no contemplen la situación geográfica, cubrir vacantes podría demorar años. Además piden que un porcentaje de los empleados sean nombrados por los jueces por una cuestión de estricta confianza para las tareas asignadas. Todas propuestas atendibles que serán incorporadas.

Por qué no se los escuchó antes. Por qué tanta resistencia a aceptar sugerencias hasta de juristas cercanos al gobierno. En especial en aspectos tan polémicos como la modificación del Consejo de la Magistratura, que incluye voto popular y cambios en su integración, la creación de nuevas Cámaras de Casación y cambios en las cautelares. Tanto blindaje a la hora de elaborar una legislación tan significativa sólo contribuye a abonar sospechas y brindar argumentos a los que no quieren cambiar nada. Si los proyectos terminan convertidos en un caballo de Troya que incluye un intento de cooptación, la reforma se convertirá en un bumerang.

En la oposición pasa de todo. Comparten balcón aquellos que llamaron a movilizarse y terminaron armando una carpa por “la Justicia independiente”. Dos gestos de legítima protesta y resistencia, y los que bordean el disparate. Elisa Carrió, diputada de la Coalición Cívica, llamó a impedir directamente las sesiones del Parlamento que integra. Luego, cuando el gobierno aceptó algunos de los cambios propuestos por jueces y camaristas denunció un pacto “espurio” entre el gobierno y el presidente de la Corte Suprema. Curioso vaticinio, Ricardo Lorenzetti sólo se limitó a trasladar el planteo de los magistrados. No opinó sobre el fondo de una cuestión que, ante los seguros cuestionamientos judiciales, puede terminar en el Alto Tribunal. Ése es el famoso control constitucional que prevé el sistema político argentino.

La mayoría puede imponer su número. Una ley no es menos legítima si se obtiene su aprobación por un solo voto. Pero la posibilidad de aprobar normas relevantes en un proceso de debate serio y profundo, y luego sancionarlas con mayor nivel de consenso garantiza su perdurabilidad en el tiempo.

DZ/rg

Fuente Redacción Z
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