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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

Mucho más que un pedazo de tierra

Trabajadores y pacientes dicen que a la demolición del Taller 19 y la panadería se suma el cierre de servicios y la sistemática expulsión de pacientes a clínicas privadas o directamente a la calle.

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La represión que la Metro­politana descargó sobre profesionales, trabajado­res, pacientes, periodis­tas y todo lo que se le cruzase por delante el viernes 26, llamó la aten­ción sobre un proceso generalmen­te relegado a las páginas interiores de los diarios. Es que detrás de la resistencia de los trabajadores del Borda a la construcción del Centro Cívico lo que está en debate es la política de salud mental. No se tra­ta simplemente de dos hectáreas más o dos hectáreas menos de un predio que abarca 18 manzanas. Hay un apetito inmobiliario por esa zona de Barracas lindera con el ma­crocentro porteño y de precios re­lativamente bajos, que los brokers sueñan con valorizar para multipli­car ganancias en alianza estratégi­ca con el macrismo.

A dónde irán los locos

Los legisladores de la oposi­ción se quejan de que el Ejecuti­vo no haya movido un dedo por hacer efectiva la ley 448 de salud mental, que prevé –entre otras cosas– la descentralización de los centros de salud mental y la crea­ción de centros de contención de los pacientes agudos alternativos a los siniestros manicomios. Sin embargo, las estadísticas indican que cada vez son menos los pa­cientes del Borda y, en general, de todo el sistema de salud mental. ¿Macri desmanicomializa? No. Lo que ocurre es que hay un “goteo” permanente de pacientes hacia el sistema privado de salud. “Todos los pacientes que llegan al Borda y tienen cobertura de Pami o cual­quier obra social, son derivados a un gerontopsiquiátrico o clínica privada”, nos dice Hernán Scoro­fitz, psicoanalista y militante de Apel, una de las agrupaciones de profesionales que animan la lucha cotidiana del Borda.

“En lugar de desmanicomiali­zar, se hacen negocios con clíni­cas privadas, donde los pacien­tes están más encerrados que en el Borda, porque no cuentan con el espacio verde ni los jardines del Borda.” Que el Estado porte­ño subsidia las internaciones en clínicas privadas, no es un secre­to para nadie: en enero, median­te la resolución número 52 del Mi­nisterio de Salud, el Gobierno de la Ciudad llamó a licitación para contratar “servicios de interna­ción prolongada de pacientes psi­quiátricos” por un monto de 12 millones de pesos. Tiempo atrás, ya se había consumado el cierre del servicio 1.422, para pacien­tes con dobles patologías. Fue­ron repartidos en sanatorios y clí­nicas del “tercer sector”, o lo que es lo mismo, entre los privados con los cuales el Gobierno “terce­riza” la atención de la salud men­tal. “Hay un proceso sistemático de reducción de camas y están ce­rradas las designaciones de profe­sionales –continúa Scorofitz–. Se busca deliberadamente ´achicar´ el hospital, reducirlo a un centro de tratamiento de los casos más agudos, diagnóstico y algo de re­habilitación. El problema con la desmanicomialización es que los pacientes que no tienen obra so­cial, prepaga o un núcleo familiar, quedan directamente en la calle”.

Ala nómina de este desgua­ce, se suma el Taller Protegido 19. No se trata de un grupo de irre­ductibles obstinados que se opo­nen al progreso, como inten­ta presentarlos el macrismo, sino de trabajadores conscientes de las implicancias de ceder esas dos hectáreas para la construcción del Centro Cívico.

Marcelo Piccinini era uno de los talleristas. Lo fue durante mu­chos años, y compartió estos me­ses de ocupación pacífica del ta­ller para resguardar las máquinas que utilizaban a diario sus 15 pa­cientes. Las mismas que el viernes quedaron cubiertas de escom­bros. “Nos ´trasladaron´ al edificio donde funciona el Taller 20, fuera del hospital, sobre la calle Brand­sen. El resultado: no tenemos pa­cientes, ni materiales, ni herra­mientas; a mí me aislaron de mis compañeros y me ´trasladaron´ a realizar tareas administrativas en la oficina del subdirector de ta­lleres protegidos. Desguazaron al grupo que defendió el Taller 19, que era el único taller intrahospi­talario.” Luego del traslado, los pacientes sencillamente dejaron de concurrir a su terapia ocupa­cional. Para aquellos que necesi­tan permiso de salida del hospital, se vuelve demasiado engorroso gestionarlo todos los días. En se­gundo lugar, una vez que ingre­sa en el edificio –en el cual fun­cionan también un costurero, un laboratorio y el Taller 20–, el re­corrido para llegar al ´nuevo´ Ta­ller 19 es laberíntico y se accede por un montacarga. Si aún des­pués de todo esto, algún valiente lo logra, se encontrará con que la maquinaria no sirve para realizar el trabajo ni cuenta con materia­les y herramientas adecuadas.

En la primera asamblea que se realizó en el hospital luego de la represión del viernes, los traba­jadores fueron muy duros con el director, Ricardo Picasso. Le re­prochan haber acordado con el macrismo la cesión de metros cuadrados del predio a cambio de obras en el pabellón central del hospital. A la luz de lo ocurrido en el último año, desde abril de 2012 a esta parte, resulta claro que lo que está en juego es mucho más que dos hectáreas.

En aquel momento, las asam­bleas de ATE y de la Asociación de Profesionales se pronunciaron contra la construcción del Centro Cívico. UPCN, Sutecba y la Aso­ciación de Médicos Profesiona­les, en cambio, suscribieron un compromiso de “no entorpecer” las obras. Por último, el macris­mo selló un acuerdo en la Legis­latura que lo habilitó a vender el Edificio del Plata para financiar la construcción del Centro Cívico y a trasladar las oficinas del ejecutivo porteño “a la zona sur de la Ciu­dad”. Ni lento ni perezoso, el ma­crismo retomó la ofensiva en un tema que, a fines del año pasado, parecía pasado a mejor vida.

Las reacciones

El repudio a la represión ma­crista fue generalizado. Abarcó a un amplio abanico de organi­zaciones y personalidades de los ámbitos sindical y político. Al cie­rre de esta edición, una marcha multitudinaria, convocada por los estatales de ATE y los docentes de UTE, se dirigía a la sede de Bolí­var 1 para reclamar la renuncia de los ministros Chain y Montene­gro. Otros gremios se solidariza­ron con medidas concretas, como en el caso de los trabajadores del subte, que levantaron los moline­tes durante una hora para expre­sar su apoyo.

Marcelo “Nono” Frondizi, di­rigente de la CTA que responde a Hugo Yasky y referente históri­co de los talleres protegidos, des­taca la amplitud de la convocato­ria. “Macri obró de manera ilegal, violando una medida cautelar que está vigente. Yo estoy convencido de que cuando se trate la cuestión de fondo, la vamos a ganar, por­que el Borda está declarado patri­monio histórico nacional y de la ciudad desde 1999. Además, para cambiar el uso del suelo urbano, debería pasar por la Legislatura y seguir toda una serie de pasos –estudio de impacto ambiental, audiencia pública, aprobación de la comisión de museos, etc.– pero no se hizo nada de eso.”

Frondizi es uno de los convencidos de que el proyectado Centro Cívico abar­ca mucho más que las dos hectá­reas que motivaron la represión. “Vienen por todo, eso lo tenemos claro. Lo que ocurrió acá demues­tra que para destruir la salud y la educación públicas y hacer sus negocios inmobiliarios, el macris­mo apela a la represión.”

Este fin de semana, las orga­nizaciones gremiales del hospital, junto al Frente de Artistas del Bor­da, Cooperanza y la radio La Coli­fata, realizarán una jornada artísti­ca y de trabajo. “Vamos a tratar de recuperar algunas de las máquinas y herramientas que quedaron atra­padas debajo de la demolición”, dice Natalia Gómez, del Frente de Artistas. “El sábado siguiente a la represión fue muy triste, nos reuni­mos para compartir y charlar, por­que los pacientes –y nosotros tam­bién– quedamos muy impactados por lo que pasó.”

DZ/km

Fuente Redacción Z
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