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Monumento a Colón: proyecto para que sea patrimonio de la Ciudad

Legisladores, funcionarios y vecinos defendieron el martes 27, en el Palacio legislativo porteño, un proyecto de ley que declara como patrimonio cultural de la ciudad al monumento a Cristóbal Colón, retirado por la Nación de su pedestal y que se encuentra recostado frente a la Casa Rosada, en medio de una polémica que se generó por su traslado. 

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estatua_colon_casa_rosada Retiran la estatua de colon en la casa rosada

Legisladores, funcionarios y vecinos defendieron el martes 27, en el Palacio legislativo porteño, un proyecto de ley que declara como patrimonio cultural de la ciudad al monumento a Cristóbal Colón, retirado por la Nación de su pedestal y que se encuentra recostado frente a la Casa Rosada, en medio de una polémica que se generó por su traslado.

Durante más de dos horas y media, expositores y oradores expresaron su voluntad para defender los derechos y bienes locales ante la decisión del Poder Ejecutivo nacional de trasladar la estatua que estaba emplazada en la plazoleta de la Rávida y reemplazarla por la de Juana Azurduy.

Se manifestaron la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, el secretario de Planeamiento del Gobierno porteño, Héctor Lostri; los legisladores Pablo Bergel, Julio Raffo, la titular de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, Liliana Barela; los Defensores del Pueblo adjuntos Gerardo Gómez Coronado y Atilio Alimena.

Además, expresaron su voluntad cerca de tres decenas de personas que se habían registrado con anticipación para hacer uso de la palabra.

La diputada nacional Alonso expresó que «el monumento es parte de la Ciudad» y que «se está discutiendo un tema fuera de lugar, ya que el derecho al patrimonio lo tienen todos los habitantes de Buenos Aires y nadie les preguntó si estaban de acuerdo o no».

Además, argumentó que «el traslado de la estatua le hace daño al pueblo porque es parte de la historia de todos».

A continuación, en representación del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño, intervino el secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quien hizo referencia a que el monumento es parte de tres parques proyectados y realizados «para articular las relaciones interpersonales que se daban en el área central de la ciudad hace 100 años atrás, se trata de los parques Central, del Retiro y Lezama, estructuras verdes perpendiculares al eje cívico simbólico conformado por la Avenida de Mayo entre la Casa Rosada y el Congreso Nacional».

En tanto, los diputados Bergel y Raffo coincidieron en que no se discute ideológicamente sobre la historia ni el gesto generoso del Estado Plurinacional de Bolivia que donó una estatua de Juana Azurduy, sino se trata de reafirmar la autonomía de la Ciudad y recuperar la plena posesión por parte de la misma sobre toda la plazoleta o el espacio en que se emplaza el monumento.

Asimismo, la directora general de Patrimonio e Instituto Histórico, Liliana Barela, recordó que representa al órgano de aplicación de la Ley 1227 y a su criterio «existe una clara violación de la legislación vigente y daños, pues el monumento fue removido».

A su vez, el Defensor adjunto Gómez Coronado, ratificó el apoyo al proyecto de ley que tiene aprobación inicial de la Legislatura y manifestó su malestar por «los reiterados incumplimientos a los procedimientos legales por parte del Poder Ejecutivo nacional, tales como las debidas consultas al Gobierno de la Ciudad, a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y al propio Congreso de la Nación».

Por su parte Atilio Alimena, también Defensor adjunto, consideró que la decisión de haber puesto sobre el suelo al monumento es además un «desacato a la ley, un atropello y un capricho» y recordó que el 31 de mayo estando junto al monumento recibió la explicación de que la decisión respondía a «revisionismo histórico y que el Estado Nacional estaba por sobre cualquier otra jurisdicción».

Postura de otros oradores

El primer vecino que tomó la palabra fue el gerente general del Hotel Cristóforo Colombo, Alejandro Gallegos, quien, en nombre de la empresa, se acercó hasta la Legislatura para ofrecerse a alojar de manera vitalicia la estatua de Cristóbal Colón «sin costo alguno» y solicitó que «se someta a discusión de Comisión la propuesta y que la misma llegue al recinto en el menor tiempo posible, ya que es un lugar apropiado para guardar el monumento».

Gallegos explicó que su intensión «es que desde los 60 metros de altura que posee la torre del hotel, pueda ser contemplado, admirado y disfrutado por los vecinos y por los turistas y visitantes que a diario pasean por nuestro barrio y, así, evitar que el monumento abandone la Ciudad y forme parte, en cambio, de su patrimonio cultural»

En tanto, el abogado Alejandro Marrocco quien patrocina a siete instituciones italianas en el amparo judicial presentado agradeció el accionar de la Asociación Basta de Demoler que logró detener el traslado del monumento. De todas maneras, el letrado advirtió que el 12 de septiembre próximo vence la cautelar dictada en ese amparo y que de no mediar una prórroga de la misma la estatua puede ser quitada del lugar que ocupa.

Otro de los oradores, Juan Manuel Fernández Alves Dacunha, destacó que «sólo la Legislatura de la ciudad con una ley de doble lectura tiene la facultad de emplazar o trasladar un monumento» en esta jurisdicción.

Asimismo recordó que la Torre de los Ingleses es un monumento donado por ese país con el mismo motivo que el de Colón, al cumplirse el primer centenario de la Revolución de Mayo, ambos recibidos por el entonces Gobierno Nacional ya que la ciudad no era autónoma aún y que sin embargo, respecto del primero nadie duda de que es bien cultural porteño.

Habrá nuevo dictámen

El expediente Nº 968, de autoría del diputado Fernando Sánchez (CC), en tratamiento en la Comisión de Cultura obtuvo aprobación inicial el 30 de mayo de este año y tras la audiencia pública la comisión deberá emitir un nuevo dictamen que será considerado en sesión ordinaria para su sanción definitiva, siguiendo el procedimiento de doble lectura que establece la Constitución de la Ciudad.

Fuente DYN
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