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TEMAS DE LA SEMANA

Mobiliario urbano: disputa salvaje por la imagen en la vía pública

Los hermanos Terranova están procesados por presentar documentación falsa en la última licitación.

Por laura-narbais
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La pelea por la concesión de los refugios peatona­les, pantallas translumi­nadas y carapantallas de la Ciudad (o mobiliario urbano) es, al mismo tiempo, una batalla por un negocio multimillonario y por quién será el dueño de la imagen que verán a diario, las 24 horas, en los próximos diez años, las alrede­dor de tres millones de personas que circulan diariamente por dis­tintos barrios porteños. En épocas próximas a una campaña electo­ral, esa disputa se torna aún más salvaje. La causa judicial que investiga si un grupo de funcionarios, entre los que se encuentra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, favoreció a la empresa Publicidad Sarmiento SA, propiedad de los empre­sarios mendocinos Orlando y Eduardo Terranova, en detri­mento de otras y produciendo un daño a la comuna, se cocina a fuego lento en el Juzgado de Ins­trucción Nº 39, a cargo del juez Er­nesto Raúl Botto.

En marzo de 2009 Macri otor­gó, por decreto y a pesar de que existían impugnaciones contra la empresa de los Terranova, la con­cesión de todo el mobiliario urba­no de la Ciudad, por el término de 10 años y a cambio del pago de un canon anual de alrededor de 10 mi­llones de pesos, a tres compañías: Publicidad Sarmiento SA; Grupo Al Sur UTEy a PCPublicidad SA. La empresa Augusto Spinazzola SA, que quedó afuera de la licitación, llevó el caso a la Justicia, por con­siderar que el Gobierno había beneficiado a Publici­dad Sarmiento, a quien acusó de haber presentado documenta­ción con antecedentes falsos.

Fuentes cercanas a la inves­tigación afirman que la resolu­ción del caso dejará en peor posición política y judicial a Macri que el escándalo de las escuchas ilegales, por el que ya fue procesado. Por el momento, la Justicia ya procesó en firme a los Terranova por haber presenta­do documentos «apócrifos» (léa­se truchos) para ganar la compul­sa. En la causa Nº 15.687/07 se acreditó que los empresarios pre­sentaron antecedentes falsos de servicios prestados en Tucumán y Mendoza.

Además se investiga por qué razón, a pesar de que estaban procesados por este hecho, el 2 de marzo de 2009 Macri firmó un decreto por el que les dio la con­cesión de las aproximadamen­te 1.300 pantallas translumina­das a los mendocinos Terranova, dueños también del diario digi­tal MDZ Online. De paso: el corre­dor de rally Orly Terranova, hijo de uno de los procesados, fue ungi­do por el macrismo como candi­dato a concejal en las elecciones de marzo de este año en la capital mendocina. Y hay más: el aboga­do Mariano Bergés, representante de Augusto Spinazzola SA, la em­presa que quedó fuera de la con­cesión y cuya denuncia contra Pu­blicidad Sarmiento dio inicio a la causa, vincula a los Terranova con el asesor informal, contratista es­trella y amigo personal de Macri Nicolás Caputo. «Es la patria con­tratista de siempre. Demostrare­mos que Terranova es Caputo, y Caputo es Macri. Habría una re­lación de amistad entre Caputo y Terranova, a través del présta­mo de una casa de Miami», reve­ló el abogado a Diario Z. Bergés va más alla y señala al legislador del PRO Bruno Screnci como otro nexo del macrismo con los dueños de Publicidad Sarmiento.

La investigación judicial, que acumula ya 20 cuerpos, ya se lle­vó por encima al primer juez de la causa, Facundo Cubas, a quien los jueces Julio Lucini, Mario Filo­zof y Gustavo Bruzzone, del Juz­gado de Instrucción Nº 49, apar­taron del caso en un fallo del 28 de mayo de este año. En ese mis­mo escrito, los magistrados anu­laron el sobreseimiento de Ma­cri, del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, del ministro de Desarrollo Económico Francis­co Cabrera, del procurador gene­ral de la Ciudad Pablo Tonelli, y les pidió que hagan las presentacio­nes que correspondan para expli­car las siguientes irregularidades en la concesión:
• Por qué se omitió valorar la co­tización que presentó Spinazzo­la a pesar de que ofrecía hacer el mantenimiento del mobiliario sin ningún costo para la Ciudad; en cambio, se aceptó la oferta de la empresa de los Terranova que sí representaba una erogación para la comuna.
• Por qué se aceptó la presenta­ción de la oferta de Publicidad Sarmiento realizada el día 7 de enero de 2009, aunque el plazo vencía el 31 diciembre de 2009.
• Cómo fue posible que, al hacer­se la apertura del sobre que con­tenía los montos del canon anual que las empresas deben pagar a la Ciudad por la explotación pu­blicitaria de toda la cartelería pú­blica y a pesar de que ofreció un monto anual de 102.826 pesos, la más baja de las cuatro empresas, Publicidad Sarmiento haya segui­do en carrera.
• Por qué, luego de esa presen­tación, el entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo invitó a los Terra­nova, al Grupo Al Sur y a PC Pu­blicidad a mejorar la oferta, sin convocar a las otras oferentes. Llamativamente, las tres firmas incrementaron en forma idéntica el monto ofrecido por el canon: lo elevaron a 3.300.000 pesos. El fallo calificó de «sugestiva» coincidencia, «pero más aún que hayan equiparado los Terranova la abismal diferencia entre la ori­ginaria y la final».
• Por qué, después de haber­se dictado el procesamiento de los hermanos Terranova por fal­seamiento ideológico de la docu­mentación, Macri firmó el decreto 142 por el que se adjudicó parte de la concesión del mobiliario ur­bano a la empresa de la que son propietarios.

IMPUTADOS

La imputación contra los funcio­narios involucrados es grave: se los investiga por el posible deli­to de defraudación por adminis­tración infiel agravada por co­meterse contra la administración pública. «Entendemos que el cú­mulo de irregularidades (…) ha­brían sido parte de un conjunto de maniobras fraudulentas dirigi­das a perjudicar tanto a sus intere­ses (los de Spinazzola) como a los de la comuna», sostiene el fallo.

Más involucrados aún, indica­ron fuentes con acceso a los dis­tintos expedientes, se encuen­tran el legislador del PRO Patricio Di Stéfano, Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, que con­formaron la primera comisión evaluadora de las ofertas; y el ex ministro de Ambiente y Espa­cio Público Juan Pablo Piccardo, de quien dependía la comisión y principal responsable de la conce­sión. El tribunal ya solicitó la de­claración indagatoria de todos, y podrían quedar procesados antes de fin de año. Di Stéfano, ade­más, fue procesado, sobreseído y vuelto a imputar por haber firma­do un dictamen sobre las ofertas presentadas cuando ya no inte­graba la Comisión y era legisla­dor porteño, según consta en la causa 27.524/08.

CRÉDITOS FINALES

Si esta nota fuera una pelí­cula, el fotograma final indicaría que por la causa Nº 38.956 se en­cuentran imputados Macri, Rodrí­guez Larreta, Cabrera, Piccardo, Di Stéfano, Pastalanga y Tonelli. Los primeros tres ejercen sus car­gos públicos. Piccardo fue designado como presidente de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, empresa del Estado porteño. El legislador Patricio Di Stéfano es titular de la Comisión de Arquitectura en la Legislatura.

Los representantes legales de Spinazzola SA querellarán al ac­tual ministro de Ambiente y Espa­cio Público Diego Santilli, si no re­voca la concesión del mobiliario urbano. Además, continúan en su lucha en los tribunales y deman­darán al Estado porteño por los perjuicios económicos de la con­cesión del mobiliario urbano, que consideran «irregular».

Los hermanos Terranova es­tán procesados, pero continúan explotando las pantallas translu­minadas de toda la Ciudad, a pe­sar de que hay una medida caute­lar que suspende la licitación. Su defensa denunciará a Bergés y a Spinazzola y planteará la nulidad de su procesamiento ante los jue­ces de la Cámara, a los que ya re­cusaron.

Las otras dos empresas que ganaron la licitación, y operan el mobiliario en la actualidad, son Grupo al Sur (del ex secreta­rio de Medios de la Nación, En­rique Albistur), que tiene la con­cesión de las carapantallas, y PC Publicidad, vinculada con el diri­gente radical Enrique «Coti» No­siglia, que ganó la explotación de los refugios peatonales. Aunque los pliegos de la licitación especi­fican que cada empresa ganado­ra será adjudicataria de una zona de la Ciudad, este punto fue «fal­seado», según fuentes del merca­do consultadas por Diario Z. Así, cada compañía explota un mobi­liario (por ejemplo, un refugio ur­bano), en toda la Ciudad, y no los tres, en una zona adjudicada.

 

Fuente Redacción Z
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