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Miedo y trabajo esclavo: el caso Denilson

El caso del niño encontrado en un supermercado Coto de Floresta.

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El 14 de agosto, empleados del su­permercado Coto de Floresta, ubicado en Eva Perón y Olivera, encontraron a Denilson, un nene de casi tres años que había sido abandonado por su madre. El viernes pasado, Angélica Condorí Pati, boliviana de 25 años, se presentó en la Comisaría 43ª junto a Alfredo Ayala, presidente de la Asociación Civil Federa­tiva Boliviana (Acifebol), donde aseguró ser la madre del pequeño. Luego de presentar la documentación que certi­ficaba su maternidad, argumentó que había decidido abandonarlo porque está embarazada y ya no podía man­tenerlo. Además, dijo tener miedo de ir a la cárcel por haber abandonado a su hijo. El caso fue remitido al Juzgado Nacional N° 4 a cargo de Silvia Guahnon y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se hizo responsable del menor, que se encuentra en buen estado de salud y alojado en un hogar de tránsito de la Ciudad. Por ahora, Denilson no po­drá volver con su madre. Según Claudia Fernández, directora de prensa de ese organismo, Angélica «se mostró arrepentida y dolida por lo sucedido y argumentó problemas económicos». Sin embargo, «los equipos de psicó­logos y sociólogos dictaminaron que todavía no puede hacerse cargo del chico, se va a seguir evaluando, pero la idea es que el chico permanezca el menor tiempo posible en el hogar», agregó Fernández.

En el Consejo también evalúan la posibilidad de enviar a Denilson con su abuela, que vive en Bolivia, para lo cual se trabaja en «conjunto con el Consulado de Bolivia y con el área de Restituciones Internacionales», ex­plicó Claudia Fernández. En tanto, Angélica Condorí Pati recibe asistencia psicológica y la Dirección General de la Mujer le facilitó un hogar mientras se resuelve su situación. La historia fue presentada en los grandes medios nacionales como un caso de irresponsabilidad maternal, agravado por el hecho de tratarse de una mujer boliviana e indocumentada. Incluso se ha llegado a realizar una encuesta en la que se preguntaba si era necesario que la madre fuese a la cárcel. Angélica Condorí Pati ingresó hace cinco meses a la Argentina. Vino a trabajar en uno de los tantos talleres ilegales de costura de la zona de Floresta. Condorí Pati vivía en el mismo lugar donde trabajaba, un taller ubicado en la calle Portela esquina Eva Perón. Según La Alameda, una ONG que se ocupa sobre este tipo de proble­mática, el taller donde trabajaba Condorí Pati es clandestino. En abril de 2007, el juez Norberto Oyarbide ordenó 14 allanamientos simultáneos en talleres que tenían a los costureros reducidos a la servidumbre. Intervino la Gendarmería y ordenaron la confiscación de las maquinarias. Uno de estos talleres, ubicado en la calle Portela 1251, donde había 20 adultos y cuatro menores esclavizados, era propiedad de Julio Parisaca, quien fue procesado con confirmación de cámara por reducción a la servidumbre. Sin embargo, pese al procesamiento, este empresario textil volvió a incur­sionar en el rubro y hoy tiene tres talleres en la misma zona. El viernes, luego de que Angélica Condorí Pati se presentara a reclamar a su hijo, el Gobierno de la Ciudad realizó una inspección en el taller donde dijo que trabajaba. Según informaron desde la Subsecretaría de Trabajo, «el tallerista exhibió constancia de inicio de trámite de habilitación municipal según el expediente Nº 37.522/2009», es decir que el lugar no está habili­tado aún. Durante la misma inspección, se constató la existencia de otros trabajadores indocumentados y el área de Seguridad e Higiene intimó al dueño a «realizar adecuaciones». La pregunta que queda en pie es si con todas esas irregularidades detectadas por la Subsecretaría de Trabajo este taller no merece, al menos, la clausura.

«Lo que llama la atención también es que Alfredo Ayala haya acom­pañado a Angélica Condorí Pati a la comisaría», dice Gustavo Vera, diri­gente de La Alameda. Según Vera, Ayala es el representante de los talle­ristas que emplean personas indocumentadas. Cuando Oyarbide ordenó los allanamientos en 2007, Ayala organizó un bloqueo con 150 dueños de talleres clandestinos desafiando a la Gendarmería e impidiendo que se confisquen las maquinarias. «Hay que calcular entre 7 y 12 personas por taller, es decir, son unos 30 mil trabajadores en talleres ilegales», ase­gura Gustavo Vera. Mientras tanto se extiende un manto de impunidad a prácticas de explotación laboral propias de la Edad Media.

 

Fuente Redacción Z
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