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TEMAS DE LA SEMANA

Mauricio Macri en la cuerda floja

El juez Oyarbide le imputa el cargo de asociación ilícita. Declaró durante seis horas.

Por laura-narbais
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Fue una declaración de seis horas la de Mauri­cio Macri ante el juez fe­deral Norberto Oyarbide, que le imputa el cargo de asocia­ción ilícita, por su participación en escuchas ilegales, entre otros, a su cuñado Néstor Leonardo y a Sergio Burstein, causa por la que ya fue­ron procesados y están en prisión el ex agente de la Policía Federal y ex asesor del Ministerio de Educación (en tiempos de Mariano Narodows­ki), Ciro James, y el ex jefe de la Po­licía Metropolitana, Jorge «el Fino» Palacios».

Nunca antes había tenido en­frente a alguien que lo cuestionara con tanta exhaustividad, con excep­ción de su propio padre, el empre­sario Franco Macri. En una confe­rencia de prensa posterior, afirmó, molesto y serio: «No entiendo por qué fui a declarar», y apuntó a Nés­tor Kirchner: «Es él quien está de­trás de todo, quiere eliminar a cual­quiera que pretenda volver a una democracia pluralista». Su estrate­gia defensiva fue también dirigir las balas al magistrado, a quien acusó de estar sostenido por el kirchneris­mo. «Es una causa armada y direc­cionada por Oyarbide», afirmó.

A los periodistas les entregó un documento con sus declaracio­nes ante el magistrado, una carta que su padre envió a Oyarbide, en la que lo desliga de culpa y cargo y una nota periodística en la que su progenitor asume la decisión de ha­ber mandado a espiar a Leonardo. Como en la historia de su vida, el hijo volvió a ampararse bajo el ala de su poderoso padre.

Ante Oyarbide, según fuentes fidedignas, Macri también descar­gó la responsabilidad en el minis­tro de Justicia y Seguridad, Guiller­mo Montenegro. partir de ahora, su suerte está echada entre los tri­bunales de Comodoro Py -el juez tiene 10 días para definir su proce­samiento- y la Legislatura porteña, donde la oposición debate por estas horas el pedido de juicio político por mal desempeño en la función pública. El antecedente de Aníbal Ibarra, destituido por la misma cau­sal, aterra al macrismo, una de las fuerzas que promovió con más ve­hemencia la remoción de Ibarra. «Desde el punto de vista penal, no hay aún culpabilidad, ya que la ga­rantía de inocencia exige una con­dena firme; la Legislatura no puede hacerle juicio políti­co por la causal de delito; sí podría por mal desempeño en sus funciones», afirmó el constitucionalista Daniel Sab­say, crítico del proceso de des­titución de Ibarra.

Ante Oyarbide, Macri negó conocer al ex agente de la Policía Federal Ciro James (contratado por el Ministerio de Educación porteño). Tam­bién rechazó haber mandado a espiar a Leonardo, casado con su hermana Sandra y que sufrió un intento de robo días después de haber denuncia­do que lo espiaban. Conve­nientemente, en una entre­vista a una revista nacional, Franco Macri, asumió la res­ponsabilidad por las escu­chas a Lorenzo; el empresario afirmó haber contratado a la agencia de seguridad ameri­cana Ackerman para hacerlo.

CUESTIONES DE FAMILIA

«Son cuestiones familia­res, de mujeres, en donde hubo infidelidad y temas co­merciales», adujo respecto de las escuchas telefónicas a Burstein y a Leonardo.

En estos días, Macri co­menzó a vivir una película de terror, en la que actores secundarios pasaron a primer plano y se consti­tuyeron en protagonistas de la pe­sadilla que hoy lo desvela. Un padre empresario que constituyó una for­tuna al amparo de los distintos go­biernos -democráticos y de facto-; que al margen de la fuerza públi­ca contrató no una sino dos veces los servicios de una seguridad pri­vada americana para que le devuel­va a sus hijos Florencia y Mauricio, secuestrados por organizaciones profesionales; que salió indemne de juicios por estafa al fisco, y que no logró encontrar un heredero fia­ble para manejar su holding empre­sario. La trama se complica con la aparición impensada de dos acto­res de reparto que sólo salieron a la luz pública gracias a la investigación de Oyarbide, quien descubrió que James, contratado por Narodowski, había participado de las escuchas ilegales al yerno de Franco Macri, el extravagante parapsicólogo Néstor Leonardo, pareja de Sandra, la se­gunda hija de Franco, y a quien éste calificó de «cazafortunas». En un confuso episodio, Leonardo sufrió un ataque al día siguiente de decla­rar ante Oyarbide, como víctima del espía James. La sombra de la mafia sobrevoló todos estos hechos.

Aunque las espías lo pusieron en la mira del juez, Mauricio Ma­cri se refirió a ello como a una tra­vesura de su padre: «¿No manda­rían a espiar a alguien así, si fuera su cuñado?», bromeó. Un modus operandi que le parece de lo más normal, aunque haya involucrados jueces que fueron destituidos por mal desempeño.

Macri sigue sin aclarar qué in­terés tenía este ex agente de la Policía Federal en escuchar al cu­ñado del jefe de Gobierno, para el que trabajaba. Ante la Legisla­tura, deberá esclarecer y compro­bar fehacientemente lo que sos­tienen sus espadas más afiladas: que todo fue obra de la casuali­dad o de la causalidad kirchneris­ta y que una mala estrella se posó sobre su firmamento. Quizá tenga que recurrir a los ofi­cios de Lorenzo para que lo libere de su infortunio.

Pero, y lo que es más gra­ve para las aspiraciones presi­denciales de Macri, lo que de­berá explicar a una sociedad que se pierde en la maraña de nombres y hechos opacos, es qué lo diferencia de su padre, a quien ubica en la vereda de enfrente porque «no compar­te sus modos». La oposición señala, como el gran defecto de su gestión, una confusión entre lo público y lo privado, entre un gobierno y una em­presa, entre empleados y fun­cionarios.

Lo cierto es que el jefe de Gobierno se ha maneja­do como el CEO de la com­pañía Buenos Aires SA. Con contratos o licitaciones que benefician a amigos; con decisiones que se mantie­nen hasta las últimas con­secuencias a pesar de las críticas desde amplios sec­tores, como el nombra­miento de Jorge «el Fino» Palacios, que sólo renunció cuando lo tapó una monta­ña de denuncias y juicios; o como la privatización de sectores públicos en contra de las normas del Plan Urbano Am­biental, entre otras irregularida­des a las que se había acostum­brado.

 

Fuente Redacción Z
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