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Mauricio Macrí, ‘ahí va el capitán veto’

Macri vetó 77 leyes desde que gobierna la Ciudad, 12 de ellas en 2011. La mayoría aprobada por el PR

Por Franco Spinetta
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Mauricio Macri vetó 77 leyes desde que gobierna la Ciudad, 12 de ellas las anuló durante lo que va de 2011. La mayoría habían sido aprobada por el PRO. Para Mauricio Macri, en la ciudad de Buenos Aires no existe emergencia habitacional. Tampoco, necesidad de implementar un programa de inserción educativa y laboral para jóvenes recuperados de adicciones. Y mucho menos, habilitar un servicio gratuito de llamadas desde celulares a teléfonos de emergencia, como el SAME.

En lo que va del año, el jefe de Gobierno vetó 12 leyes, seis de ellas de fuerte contenido social. A pesar de que la mayoría de esas iniciativas fueron acompañadas por el voto de los legisladores del PRO, Macri optó por utilizar el mecanismo del veto. «No sólo que el jefe de Gobierno no atiende los temas sociales, sino que le falta el respeto a la Legislatura y a sus propios diputados», aseguró el legislador de Proyecto Sur, Julio Raffo.

Desde el comienzo de su gestión, Macri vetó 77 leyes. Según un relevamiento del Centro de Estudios Porteños (CEP), que dirige el precandidato a jefe de Gobierno Daniel Filmus, cerca del 90% de los proyectos fueron avalados por el voto de la bancada macrista. Al respecto, el diputado PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Martín Ocampo, dijo a Diario Z que el accionar del jefe de Gobierno no implica ninguna ruptura del bloque: «Sólo en los espacios autoritarios donde no se discute nada, en el macrismo se tolera y permite el disenso».

Sin embargo, una fuente que pidió reserva afirmó que en las filas del PRO algunos legisladores lamentaron que su trabajo legislativo
«termine vetado» por Mauricio Macri. Esa misma fuente recordó que muchos de los vetos recayeron en iniciativas que emanaron del mismo bloque macrista.

Entre las leyes que fueron rechazadas por el Ejecutivo porteño, se encuentran tres que afectan directamente a la política de viviendas: la prórroga de la ley de Emergencia Habitacional, la ley de Protección de personas en situación de calle y la modificación de la ley que abilitaba la propiedad colectiva para cooperativas de viviendas, un sistema que se utiliza hace 40 años en Uruguay.

«Luego de que el problema estallara en diciembre con la toma del Indoamericano, la represión y las muertes, para Macri no hay crisis
habitacional», disparó la legisladora de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía. Para la diputada de la CC, la decisión de Macri de no prorrogar la emergencia habitacional es una «provocación».

En tanto, el diputado Ocampo aclaró que «no se puede reglamentar una prórroga de algo que jurídicamente no existe». El legislador macrista recordó que la emergencia habitacional venció el 4 de noviembre de 2010, mientras que la Legislatura votó la prórroga el 13 de diciembre. «En todo caso habría que elaborar una ley nueva», añadió.

Éste no es el primer contrapunto de la gestión de Macri respecto a esta normativa. En 2008, la Legislatura aprobó una modificación
de la ley que establecía la suspensión de los desalojos de inmuebles del Gobierno. Mediante el decreto 9/09, el Ejecutivo vetó los artículos 4, 5 y 6, lo que permitió, según la Defensoría General, la «potenciación de los desalojos».

El embate del macrismo a las políticas sociales llegó aún más lejos. El 20 de enero, Macri vetó la ley de protección a las personas en situación de calle, que establecía «el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute» y reconocía «el derecho 5al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes». Además, ordenaba al Estado porteño a «erradicar las acciones violentas hacia las personas en situación de calle». El veto de Macri llegó en el momento en el que comenzaron a denunciarse nuevos desalojos violentos realizados durante la madrugada, como el sucedido hace tres semanas en la plaza Roberto Arlt, denunciado por Diario Z.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, advirtió que «la norma tenía imprecisiones técnicas que pueden confundir». Según explicó, la ley va a regresar a la Legislatura con una modificación técnica en el artículo 5 que «no va afectar su espíritu».
«Levantar un veto es mucho más complicado ya que se necesitan dos tercios de los votos para insistir, entonces lo único que hacen es congelar la aplicación de la ley», contestó el diputado de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya. Las leyes vetadas regresan a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, donde -según fuentes legislativas- son cajoneadas.

Otro de los polémicos vetos del jefe de Gobierno tiene que ver con el Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social. Su autora, la diputada de Diálogo por Buenos Aires, María Elena Naddeo, denunció que Macri «no prioriza la inclusión». La ley tenía como objetivo la capacitación e inserción laboral y educativa de jóvenes atendidos en los programas sociales de adolescentes y jóvenes de la Ciudad, sobre todo enfocados a aquéllos afectados por el consumo de paco.

El fundamento del veto es que «la autoridad de aplicación no debería ser el Ministerio de Desarrollo Económico». Naddeo manifestó que «en ningún momento durante los debates en las comisiones los legisladores oficialistas plantearon esta alternativa».

Teléfonos gratuitos, no
Un proyecto de la diputada de la CC Diana Maffía que establecía la gratuidad de llamadas desde celulares a teléfonos de emergencia, de servicios de salud y del área de Desarrollo Social, es considerado por Gobierno como de «imposible cumplimiento» puesto que «la prestación de los servicios de telefonía celular se encuentra regida por la normativa nacional».

Según se explica en el Boletín Oficial del jueves 3 de febrero, brindar un servicio gratuito de llamadas «implicaría la asunción de todos los costos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». «Resulta obvio que tienen que absorber los costos, de eso se trata la aplicación de políticas públicas que amplían la igualdad», se quejó Maffía. «Este veto significa que aquella mujer que esté siendo víctima de un abuso y no tenga crédito en su celular, no pueda comunicarse para pedir auxilio», añadió.

El tratamiento de esta ley desnuda el mecanismo legislativo del PRO. Luego de someterse a discusión durante más de un año en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, el proyecto obtuvo dictamen favorable. Antes de llegar al recinto para ser tratado, el Ejecutivo autorizó un informe técnico donde se evaluaban y aprobaban los costos: operativamente, mantener la línea gratuita, le implica al Gobierno 200 pesos por mes. Luego, la iniciativa fue acompañada con los votos del macrismo. Así y todo, Macri la vetó.

En la Coalición Cívica consideran que la estrategia del oficialismo es amedrentar a la oposición antes de la discusión del Presupuesto,
prevista para el 22 de febrero. Sin embargo, el diputado Abrevaya sostuvo que van a insistir con las leyes aprobadas porque «Macri abusó del recurso del veto y desconoce permanentemente el Poder Legislativo».

 

DZ/sc

Fuente Redacción Z
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