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TEMAS DE LA SEMANA

Matrimonio gay: los mismos derechos que los heterosexuales

Diputados dio media sanción a la ley que permitirá el casamiento de personas del mismo sexo.

Por olgaviglieca-y-alejandro-margulis
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Finalmente el milagro se produjo. Los 125 votos a favor (109 en contra y 6 abstenciones) en la Cá­mara de Diputados de la Nación son el primer paso hacia la modifi­cación del Código Civil que en vez de definir el matrimonio como la unión excluyente «de un hombre y una mujer» será, si el Senado lo respalda, la unión de dos «con­trayentes» a secas. La mayoría de los legisladores se inclinó -nunca más acertada la expresión- por dar el sí. La modificación entraña un cambio de enorme alcances que tiene sus antecedentes. En la Argentina, sólo los católicos po­dían casarse hasta que se instau­ró el matrimonio civil, en 1888. 1926, una reforma al Código sacó a las mujeres de la minoridad le­gal. 1947, la ley del voto feme­nino convirtió el sufragio en uni­versal. Recién en 1968, los hijos extramatrimoniales y los matrimo­niales tuvieron iguales derechos. En 1985, se legisló la patria po­testad compartida. Concubinos y concubinas vivieron una situación similar a la de homosexuales y les­bianas hasta que se aprobó el di­vorcio (1987). Esas reformas cons­truyeron una vida más digna.

La semana pasada, el intento se vio frustrado porque la Cáma­ra no logró el quórum necesario y se levantó la sesión. Insólitamen­te, pegaron el faltazo el oficialis­mo y los promotores del proyecto (Vilma Ibarra y Sabbatella), qui­zá porque la oposición pretendía que antes se tratara la ley del che­que. En la balanza también pesó la oposición frontal de la Iglesia Católica y de la Evangelista, por un lado, contra la certeza de que un voto favorable arrima votos del electorado de centroizquierda. Por el lado del No se propuso sus­tituir el matrimonio por la unión civil -había varios dictámenes de minoría- y aún se consuelan pen­sando que el matrimonio gay no atravesará el Senado. Si, por el contrario, se aprueba, una vez pu­blicada en el Boletín Oficial todo el mundo deberá adecuarse.

la unión civil porteña
Como todo cambio que avan­za el reloj de la historia, éste ne­cesitó de un largo proceso de ma­duración social y política antes de entrar a la agenda legislativa. Un primer paso fue la unión civil, im­pulsada por la CHA(Comunidad Homosexual Argentina) y vota­da por la mayoría de la Legislatu­ra porteña en 2002. Buenos Aires fue la primera capital latinoame­ricana que abrió un «registro pú­blico» para uniones civiles, forma­das «libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual» que residieran en la capital. La unión civil otor­gó a los unientes ciertos derechos como compartir la obra social, si eran empleados públicos. Desde su aprobación un millar de gays y lesbianas pasaron por el Registro Civil en busca de legalidad para su vínculo, aunque fuera de segun­da. Exactamente 160 parejas de mujeres y 328 de hombres. Pero, como señala Fernando Sánchez, jefe del bloque de la Coalición Cí­vica en la Ciudad, en la unión civil «no están incluidos los derechospropios del matrimonio –obra so­cial, crédito conjunto, herencia, derechos migratorios, régimen patrimonial– porque dependen de leyes nacionales. Son dos ins­tituciones diferentes. El matrimo­nio está normado por el Código Civil, pero como no reconoce que pueden ser parejas de igual o dis­tinto sexo, discrimina. La unión ci­vil pretende equiparar en algo es­tos derechos, sin lograrlo en todo. Fue una ley absolutamente virtuo­sa pero no alcanza”.

En febrero de 2007, María Ra­chid (presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi­sexuales y Trans, Falgbt) y Claudia Castro presentaron un recurso de amparo contra los artículos 172 y 188 del Código Civil, a los que ca­lificaron de inconstitucionales. El mismo año, una pareja de hom­bres reclamó lo mismo. Ambos re­cursos esperan un fallo de la Cor­te Suprema de Justicia.

A partir de entonces, la cam­paña por el matrimonio entre pa­rejas del mismo sexo ganó fuerza y masividad. “Tuvimos que espe­rar para conseguir el consenso”, explica Rachid. Y eso lo midieron las encuestas, cada vez más favo­rables. El 86,7% de los entrevis­tados por la consultora Analogías dijo que “no le causaría ningún grado de incomodidad” el matri­monio homosexual. Ocho de cada diez contestaron que pensaban que en los últimos 3 o 4 años los derechos de las minorías sexua­les se respetaban mucho más. La certidumbre disminuye cuando de obtener la libreta roja se trata (6 a favor, de cada 10). En todo caso, mayoría. La marcha del orgullo gay –bajo la consigna del dere­cho a casarse— fue la más mul­titudinaria de la historia porteña, con 50 mil personas (según la po­licía). En Córdoba y Rosario tam­bién fueron nutridas.
Una demanda de amparo, presentada contra el Gobierno de la Ciudad en el Fuero Contencioso Administrativo, permitió ilusionar­se con que la Reina del Plata iba a sumar otro cetro: ser la primera capital latinoamericana en apro­bar el matrimonio entre dos mu­chachos. En 2009 una jueza por­teña autorizó a Álex Freyre y José María Di Bello a contraer nupcias. El jefe de Gobierno, Mauricio Ma­cri, no objetó el fallo después de que su asesor Durán Barba le dijo que sus ambiciones presidencia­les no tenían futuro si no amplia­ba su base electoral y, encuestas en mano, lo intimó a elegir entre el enojo del cardenal Bergoglio y el ánimo en­tre casamentero y libertario de los porteños. Pero un juzgado na­cional arruinó la fiesta, y Freyre y Di Bello termina­ron casándose en Ushuaia. Desde entonces, la le­galidad del amor de los esposos se expurga en Tribu­nales. Hasta aho­ra, van cinco bo­das permitidas por distintos jue­ces, la última el 30 de abril. Sus argumentos: que la unión homo­sexual no esté prevista no signifi­ca que esté prohibida. Y en caso de “imprevisión”, la Justicia debe resolver según los principios ge­nerales del Derecho (la igualdad para todas las per­sonas). Más simple: como la ley autoriza que las personas he­terosexuales se casen, las personas homo­sexuales pueden hacerlo porque unas y otras son personas.
La voz de la conciencia
“Una ley nacional debe ser acatada en todo el territorio de la Nación. Primero está la Constitu­ción, después las leyes nacionales, las provinciales y las ordenanzas municipales. Esto es la pirámide del derecho”, seña­la a Cristian Ri­tondo, jefe de la bancada del PRO en la Legislatu­ra porteña. Hubo dos proyectos para que la Legis­latura instara al Congreso a ava­lar el matrimonio gay: uno de Veró­nica Gómez (PS) y otro de María José Lubertino (FPV). Se encolum­naron la Coalición Cívica, Proyec­to Sur y el ibarrismo, entre otros más o menos líberos como Ga­briela Cerruti. “Con esta ley cam­biará mucho en la Ciudad”, pro­nostica el diputado Sánchez: “Va a dejar de regirnos una nor­ma discriminatoria. Si sale en el Senado, ha­brá un solo instituto que contenga las uniones de dos personas de igual o distinto sexo: el Registro Civil.”
La oposición del PRO en el Congreso parecía monolítica con la excepción de Laura Alonso. Pero al final se alinearon con ella Raquel “Pinky” Satragno, Pau­la Bertol y Soledad Martínez. “El Gobierno de la Ciudad obedece toda ley que emana de la Nación, salvo aquella en la que los jueces digan que no guarda constitucio­nalidad. La legislatura porteña no debe tomar ninguna postura, se­ría ir en contra del estado de dere­cho”, declaró Ritondo a Diario Z durante el debate parlamentario.
Entre los diputados de la Coa­lición Cívica que avalaron la equi­paración de derechos no estu­vo Elisa Carrió, quien fue una de los seis diputados que se abstuvo. Por la UCR sostuvieron su apoyo Silvia Storni, María Luisa Storani y Silvana Giudici y Ricardo Gil La­vedra, en contra de su jefe, Oscar Aguad. En el peronismo disiden­te predominó la postura negativa de Claudia Rucci y, entre más de treinta, apenas Felipe Solá y Celia Arena votaron por el sí.
Desde la Presidencia había ba­jado el aliviador permiso de vo­tar con “libertad de conciencia” y Néstor Kirchner dio su aval en el recinto. El voto positivo, si avanza en el Senado, extenderá la liber­tad de vivir legalmente según sus principios a los ciudadanos comu­nes. “Los heterosexuales tenemos que tener la sabiduría para poder integrar a las minorías. Es muy in­justo tener el poder y decirte, des­de mi poder: vos no podés, yo no quiero que seas igual que yo”, fundamentó Agustín Rossi, presi­dente del bloque.
La votación fue una fuerte se­ñal democrática: el Estado argen­tino avanza en el reconocimiento de derechos iguales a las parejas y las familias, sea como fuere que estén integradas. A quienes en­tienden que el “matrimonio gay” atenta contra la institución fami­liar, el profesor de Derecho Cons­titucional (UBA), Andrés Gil Do­mínguez, les recuerda que un derecho no obliga a nadie a ejer­cerlo: “El matrimonio, la posibili­dad de sucederse recíprocamen­te, de tener los beneficios de la seguridad social o el poder adop­tar no son acciones que violan los derechos de terceros ni perjudi­can a nadie. No hay ningún tipo de justificación racional o insti­tucional que les dé a los hetero­sexuales lo que no se les da a los homosexuales”.

 

Fuente Redacción Z
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