En los últimos años, creció más la cantidad de departamentos que la de habitantes. El 12% de las familias ocupa viviendas en forma irregular.
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Hay más departamentos, pero también más sin techo

En los últimos años, creció más la cantidad de departamentos que la de habitantes. El 12% de las familias ocupa viviendas en forma irregular.

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Por María Aguirre

Del equipo de investigación de la agencia Télam

Cerca de un millón de habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tiene casa propia y unas 200 mil personas ocupan de manera irregular sus viviendas, en un contexto de déficit habitacional que golpea más fuerte a la zona sur del distrito y que deja pocas opciones para quienes subsisten en hoteles, inquilinatos o complejos periféricos.

Así surge de diagnósticos elaborados por el Consejo Económico y Social de la ciudad, por investigadores del Conicet, del centro de investigación Gino Germani y de organizaciones civiles dedicadas a la problemática habitacional, en base al censo 2010 y a la Encuesta Anual de Hogares (EAH) del 2015.

En una ciudad contradictoria, donde en los últimos años creció más -porcentualmente- la cantidad de departamentos que la de habitantes, casi el 12 por ciento de las familias ocupa de manera irregular sus viviendas y cerca del 10 está en situación de hacinamiento.

Desde hace más de tres décadas ninguno de los gobiernos porteños resolvió la crisis habitacional que atraviesa a los sectores más postergados, pero en los últimos años los contrastes se acentuaron en una radiografía que muestra, por un lado, villas más densamente pobladas y, por el otro, la migración de sectores medios hacia barrios periféricos, empujados por la tendencia alcista de los alquileres.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puso como prioridad concretar antes de julio del 2019 un ambicioso plan de integración «social y urbana» de las villas 31 y 31 bis; 20; 21-24; Rodrigo Bueno y los asentamientos Fraga y Lamadrid, pero todavía no existen políticas de créditos efectivas para las clases medias que alquilan ni tampoco planes de construcción de viviendas sociales para quienes subsisten en pensiones, conventillos o inquilinatos.

Luego de casi 9 años al frente de la ciudad, la gestión macrista confía en que podrá empezar a revertir las graves condiciones de hábitat de los sectores más marginados porque ahora nación, ciudad y provincia comparten un mismo signo político y eso agilizará la toma de decisiones que involucran a esos tres ámbitos.

Con el paso de los años y de las décadas otra de las grandes deudas es la que la ciudad mantiene con los habitantes hoteles, pensiones e inquilinatos. Los últimos datos de la encuesta de hogares realizada el año pasado mostró que casi el 5 por ciento de las viviendas son piezas alquiladas por día o mensualmente, mayoritariamente en la zona sur (ahí llega al 17,4 por ciento) y en los barrios de Constitución, San Telmo, Monserrat, Balvanera y San Cristóbal.

La investigadora del Conicet, titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y ex coordinadora de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, Mercedes Di Virgilio, consideró «insuficientes» los esfuerzos realizados hasta ahora, tanto para producir vivienda nueva como para la asignación de créditos y de subsidios a la población sin techo.

«Mientras en las antiguas villas se impulsaron políticas de regularización dominial y urbanística, otras expresiones del déficit, como los nuevos asentamientos urbanos, los hoteles pensión o las ocupaciones de inmuebles y de tierra vacante no fueron objeto de política pública alguna», resumió.

En diálogo con Télam, el titular de la comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura porteña y ex subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, marcó la convicción del gobierno de «intervenir urgentemente en la emergencia social con todos los recursos del Estado», pero advirtió que «no se trata tampoco de estar subsidiando todo el tiempo a una persona».

Defendió, como fórmula de contención social, los subsidios habitacionales contenidos en el decreto 690 que prevé pagos de hasta 7.200 pesos -en 6 cuotas mensuales o en un único pago, con la posibilidad de ampliar y extender el beneficio- para quienes perdieron o están a punto de perder su hogar por desalojo judicial, desocupación o catástrofe.

«Estructuralmente primó alentar el desarrollo del mercado; no hay una voluntad política de dar escala a la ley 341», dijo a Télam María Carla Rodríguez, investigadora del Instituto Gino Germani (UBA) e integrante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI).

Se refirió así a la norma sancionada en el 2000, que establece la concesión por parte del IVC de créditos a tasa baja y a 30 años para familias en situación habitacional crítica, nucleadas en organizaciones colectivas con personería jurídica (cooperativas, asociaciones civiles y mutuales).

En 15 años se compraron sólo 110 terrenos, lamentó Rodríguez, y juzgó que podrían construirse 15 mil viviendas anuales con el presupuesto que maneja la ciudad, que «tiene un Producto Bruto Interno similar al de Bruselas, la capital de Bélgica».

De las 400 cooperativas inscriptas en el Programa de Autogestión para la Vivienda (PAV), creado por la ley 341, sólo 110 adquirieron terrenos en 15 años y apenas 30 finalizaron sus obras, que dieron solución a unas 1000 familias.

El Instituto de la Vivienda informó que sólo este año ya se entregaron 10 créditos más y que el objetivo apunta a profundizar y agilizar este esquema que da una solución a muchas familias.

Asesores de la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, que preside la macrista Lía Rueda, dijeron a Télam que unas 250 mil personas (aproximadamente el 8 por ciento de la población total) viven en unas 40 villas y asentamientos de la ciudad y que para el gobierno de Rodríguez Larreta resulta «prioritario» imprimirle un «sello social» al proyecto de urbanización.

Incluso, reconocieron que se trata de una «una deuda histórica» de todas las gestiones anteriores en la ciudad, sin distinción partidaria.

Sólo las obras de infraestructura, previstas para mejorar la «construcción dura» en esos predios, demandarán entre cuatro y seis años y el proceso de escrituración, al menos una década, confiaron fuentes consultadas.

Voceros de la gestión porteña admitieron que los créditos hipotecarios vigentes «son la única opción» para los sectores sociales medios y bajos: Primera Casa, Mi Casa BA (ambos otorgados por el Banco Ciudad y el Instituto de la Vivienda) y otros del Banco Nación, los Uvis y el Procrear.

Las organizaciones sociales se quejan de que «no hay una política para quienes están al borde de quedar en la calle» y deben subsistir en pensiones o inquilinatos, en un contexto en el que los dueños y administradores de esos hoteles hacen su propio negocio y ofrecen paupérrimas condiciones de hospedaje.

Esta agencia intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con referentes del Cámara de Hoteles y Afines de la ciudad pero no obtuvo respuesta.

«Es un problema de orientación y prioridades», insistió la académica Rodríguez y alentó la idea de elaborar un «programa público de alquiler social», en reemplazo de los subsidios que se pagan a los hoteleros que, a su entender, son un «malgasto» porque sólo «sostienen una situación que no resuelve el problema de fondo».

Para Virgilio, el Estado «debería intervenir integralmente, generando condiciones para la producción de vivienda social que pueda albergar la demanda nueva y, también, servir de colchón para las intervenciones a realizar en villas».

Además, en 9 años -entre el 2005 y el 2014- casi no hubieron mejoras en las condiciones de vida para los casos de hacinamiento considerados «críticos», familias que en su mayoría viven en la Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano (comunas 4 y 8).

Según el diagnóstico socio-habitacional del Consejo Económico y Social de la ciudad, hay unas 300 mil departamentos/casas vacías en la ciudad, una cifra que reedita las estadísticas del censo del 2010, en el que se contabilizaron 1.423.973 viviendas, de las cuales sólo 1.082.998 estaban habitadas.

El llamado «boom inmobiliario» de los últimos años «sólo produjo vivienda como reserva de valor, no para satisfacer la demanda», remarcaron representantes del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI).

Con una mirada similar, desde la UOCRA opinaron que «el gran déficit radica en el acceso a la vivienda de las clases bajas» y en una oferta «muy restringida» de créditos hipotecarios, que queda evidenciado en que «en los últimos 10 años sólo se fomentaron emprendimientos constructivos de inversión, en zonas en las que predomina un segmento económico con capacidad de ahorro o posición holgada».

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), hasta el año pasado se destinaba a vivienda apenas el 2,4 por ciento del Presupuesto total de la ciudad, un índice que «no repercute en forma directa sobre los programas que tratan la emergencia habitacional».

La gestión de Larreta duplicó ese número y llevó a 5 puntos del Presupuesto las partidas para vivienda, que deberán ser aprobadas en breve en la Legislatura porteña para ser aplicadas en el 2017. Se trata de unos 6 mil millones de pesos, de los cuales casi el 85 por ciento será destinado a obras de infraestructura (construcción y traza de red de servicios).

DZ/JPC

Fuente Télam
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