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TEMAS DE LA SEMANA

Más de 500 infracciones en consorcios en 2012

Defensa del Consumidor contabilizó 500 en lo que va del año. Más detalle en Suplemento Consorcios.

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Unos 60 inspectores de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad salieron en febrero y marzo a la calle para verificar incumplimientos en edificios de Belgrano, Palermo, Villa Crespo, Once, Caballito y zona sur. Labraron actas por infracciones que según la ley podrían suponer multas superiores a los 18.000 pesos. El operativo se concentró en la supervisión del libro de proveedores y la matrícula de los administradores, pero incluirá mayores exigencias y nuevos barrios en los próximos meses. Para los consorcistas, las inspecciones actuales son «abusivas» y no contemplan el difícil momento que atraviesa el sector.

«La mano viene más dura», se esfuerzan en advertir los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Y aclaran que el plan de concientización, implementado durante los últimos años, empezó a converger por estos meses hacia una etapa de control más activa sobre el sector. Los inspectores de Defensa del Consumidor salieron a la calle en las últimas semanas para constatar el cumplimiento de obligaciones en los consorcios de los edificios porteños. Y terminaron por labrar, sólo en este tiempo, más de 500 actas de infracción. Fue el resultado de un operativo que apuntó a verificar apenas dos cuestiones clave en los edificios: la tenencia y la puesta al día del libro de ingreso y egreso de proveedores y la exhibición de la constancia de inscripción del administrador en el registro público.

Los inspectores, que ya caminaron por seis barrios porteños, ampliarán el radio de acción. «El motivo de las inspecciones fue embarcarse de una vez por todas a hacer los controles, como una primera salida fuerte después de la reforma de la ley, que se había mantenido en un principio en una etapa de concientización. El balance que hacemos: notamos que muchos administradores hoy no están cumpliendo», comentó a Consorcios Z el director general de Defensa y Protección del Consumidor, Juan Gallo.

De acuerdo con la ley 941, los consorcios deben tener completo el libro de registro de ingreso y egreso de proveedores, con el asiento de la limpieza de tanque, la fumigación y la supervisión de ascensores que periódicamente, y entre otras, deben realizar en sus edificios. La multa por incumplimiento que debe afrontar el consorcio es de entre dos y cinco sueldos básicos de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda (esto supone, de acuerdo con los valores salariales de octubre 2011, un pago total de entre $ 7.424 y $ 18.560). En su recorrida, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad se preocuparon por confirmar que estuviera siempre exhibida la matrícula de los administradores, de acuerdo con la disposición 3.205. «Lo hacemos porque los riesgos y los perjuicios de los administradores que incumplen a veces pueden perjudicar a las personas que habitan en un consorcio», advierte Gallo.

Proveedores no registrados
En la revisión de libros, el organismo detectó contratos del consorcio con empresas proveedoras no registradas oficialmente. Sólo por esta cuestión optó por realizar unas 120 intimaciones. «Quizá algunos hayan actuado de buena fe y eso quedará determinado en el proceso que se lleva adelante», aclara la coordinadora del Registro Público de Administradores, Gabriela Saldivia. Y confirma que, en adelante, la recorrida seguirá por éstos y otros barrios de la ciudad: «Después de estas inspecciones seguirán otras que apuntarán a supervisar cuestiones como la de edificios seguros, el libro de agua potable, la matrícula exhibida, las máscaras, etcétera», dice.

En los consorcios se multiplican los reclamos, mientras tanto, porque consideran «abusiva» la aplicación de la nueva ley y «apremiante» la situación que atraviesa el sector en un contexto inflacionario y en medio de una progresiva quita de subsidios. «Están desnaturalizando por completo la ley: es abusiva con respecto a las obligaciones de los consorcios, que en momentos de inflación como el actual están sobrecargados de obligaciones y los copropietarios tienen dificultades para pagar las expensas», se lamenta Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios. «El poder de policía debería ser ejercido con los impuestos, y no poniendo en cabeza de los consorcios obligaciones cada vez más onerosas», se queja.

Monitoreo de la morosidad
Los administradores estiman que las nuevas tarifas de servicios públicos obligarán a los consorcios a trasladar un incremento en el pago mensual que inquilinos y propietarios realizan por las prestaciones del edificio, que podría ubicarse en torno al 50%. «Se nota que la quita del subsidio trae aparejado un tipo de incremento que se va a sentir en las expensas, porque éstas son gastos fijos. Además, ahora viene el uso de gas, y en junio se pagaría la factura con el recargo de gas importado. Pienso que en la medida en que se vaya percibiendo este incremento en las expensas vamos a ir monitoreando si aumenta la morosidad», alertó el titular de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Daniel Tocco.

 

 

DZ/LR

 

 

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