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Más de 20 laboratorios públicos fabricarán aceite de cannabis

El convenio entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) se limita a la producción de aceite para tratar la epilepsia refractaria.

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cannabis con hoja

El impulso a la producción pública de medicamentos a través de un convenio de la cartera sanitaria y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con 22 laboratorios permitirá fabricar en el país aceite de cannabis para epilepsia refractaria y proveer al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), informó el médico Adolfo Sánchez de León.

“Estamos trabajando esa línea de producir aceite medicinal de cannabis para la epilepsia refractaria llevando un registro, con capacidad de producción e investigación sobre un producto”, dijo a Télam Sánchez de León, experto en salud pública y presidente de Anlap. Este organismo público, creado en 2015, agrupa a los laboratorios de producción estatal.

Valeria Salech, presidenta de Mamá cultiva, criticó que el acuerdo limite su uso para tratar la epilepsia refractaria y afirmó que «va contra la resolución de la misma Anmat que dice que el cannabis puede ser usado para todo tipo de patologías y dolores”.

“No hay variedades por patologías, las variedades son por persona, por paciente. El cannabis se usa para los más variados diagnósticos como artrosis, hernia de disco, cáncer, parálisis cerebral, artritis, glaucoma, lupus, fibromialgia. Establecer como lo hace el convenio que el aceite que se fabrique va a ser para pacientes con epilepsia refractaria va contra la resolución de la misma Anmat que dice que el cannabis puede ser usado para todo tipo de patologías y dolores. Están reduciendo al mínimo el alcance porque los pacientes con epilepsia refractaria son menos del diez por ciento del total de personas que lo necesitan”, explicó.

La ley de cannabis medicinal -que habilita para el cultivo y la investigación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Conicet- fue sancionada por el Congreso en marzo a iniciativa de organizaciones de pacientes -como ‘Mama Cultiva’ de Chile, Argentina y Uruguay-, en busca de la contención del Estado y un marco regulatorio para acceder a la sustancia con estándares de calidad.

 

Fuente Télam
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