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TEMAS DE LA SEMANA

Martin Hourest, el otro juez de Macri

El legislador del bloque Igualdad Social presidirá la Comisión Investigadora en la Legislatura.

Por laura-narbais
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Tal vez lo más evidente respecto de la elec­ción de Martín Hourest, diputado por el unibloque Igualdad Social, como presiden­te de la Comisión Especial Investigadora sea que no es el hombre que el macrismo pretendía al frente de las pesquisas que tratarán de determinar su responsabilidad política en el caso de las escuchas ilegales.

Lo menos obvio es tratar de dilucidar qué hará este economista, intelectual, que tiene como re­ferente nacional a Claudio Lozano (no a Pino Sola­nas) y que funciona como un opositor líbe­ro en la Legislatura porteña, aunque en general vote junto con el bloque pi­nista Proyecto Sur. Dueño de una oratoria impecable, contunden­te, a veces sinuosa, el terror del PRO es el ascendiente que Hourest tiene sobre los legis­ladores, con quienes no teme debatir, consensuar ni dialo­gar, independientemente del color político con el que se vis­tan. «Puede llegar a conciliar, ha­bla con todos, ha demostrado bue­na voluntad en los debates», reconocen hasta en el oficialismo. Como presidente de la Comisión, Hourest deberá laudar entre las pretensio­nes de sus integrantes: cinco del PRO y 12 de la opo­sición. Si continúa con la coherencia que lo ha ca­racterizado, no hay buenas noticias para las huestes macristas.

En la reciente sesión de la Legislatura en la que Mauricio Macri se sometió a cuestionamien­tos durante cuatro horas, puede hallarse algún rastro de hacia dónde conducirá el trabajo de investigación. Allí, Hourest disparó: «Hoy usted está sentado aquí por efecto de las fallas de un proceso de formula­ción de decisiones, diseñado y gestionado por usted. Claramente, no le fue impuesto por la SIDE ni por el Poder Ejecutivo Federal. Es una forma de encarar el manejo y de llegar al Estado, armada por usted y ge­renciada por usted». Si se van a buscar las respon­sabilidades políticas de Macri, en estas palabras hay alguna pista. Y hay más: «Usted parece ser semiautó­nomo de una banda de comisarios y semiautónomo de una banda de gerentes»; «¿De quién es, señor jefe de Gobierno, la capacidad de delimitar las políticas públicas? Suya. ¿De quién es la capacidad de fiscali­zar el efectivo cumplimiento de las políticas públicas? Suya».

En esa sesión, Hourest quiso saber si Macri fue negligente (de la negligencia a la culpabilidad hay un paso corto); si produjo en la Ciudad un «fenomenal proceso de encubrimiento», y lo acusó de ser encu­bridor: «Usted encubrió que el ex jefe de Policía (Pa­lacios), le dijo que se hiciera un procedimiento reñi­do con la ley y también encubrió reuniones en las que supuestamente estuvo usted con otros funcionarios del Gobierno, donde se les advirtió que esa ley era inaplicable y que no había que reglamentarla. Encu­brió frente a este pleno y frente a la sociedad, que el jefe de Policía en funciones le decía que aplicaba pro­cedimientos reñidos con la ley y que no se debía re­glamentar la Ley de Seguridad».

Para el presidente de la Comisión, Macri demostró incompetencia. Ahora deberá demostrar, él y los integrantes de ese cuerpo, si es culpable o no, en términos políticos.

Incoherencia

El otro frente de Macri, el judicial, tampoco le trae bue­nas noticias. Por unanimidad, la Sala I de la Cámara Federal aca­ba de denegarle el recurso de ape­lación ante la Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal pe­nal del país. Macri adelantó que presentará un recurso directo o de queja ante esta Cámara, para que revise el fallo por el que está procesado. Según coincidieron expertos constitucionalistas, sería muy excepcional que el tribunal le dé la razón. Lo más in­teresante en este sentido es el análisis de las decisio­nes de los abogados defensores del jefe de Gobierno que, al seguir las vías judiciales normales para cual­quier procesado (la presentación de recursos ante distintas instancias), están escribiendo tapas de dia­rios contrarias a los intereses políticos de su defendi­do.

Parece haber una contradicción con los dichos del propio líder del PRO, quien había adelantado (cuan­do se confirmó su procesamiento) que instruiría a sus abogados para que lo llevaran al juicio oral lo más rá­pidamente posible. Las distintas acciones de los letra­dos van en sentido contrario, y tienden a anular todo lo actuado por el juez de primera instancia Norberto Oyarbide. «Puede ser un defecto político; se les pue­de criticar que afectan la imagen política de Macri, aunque judicialmente, la defensa sigue lo que es ha­bitual en cualquier proceso de juicio», comentan los especialistas en derecho.

 

Fuente Redacción Z
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