Por ese hecho, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en el barrio Barracas de esta capital, y las lesiones a otros manifestantes que reclamaban la incorporación de trabajadores a la planta permanente de ferrocarriles, fueron condenados Pedraza, siete procesados vinculados a la Unión Ferroviaria y seis policías federales.

Baigún sostuvo que el homicidio de Ferreyra debe ser considerado «agravado», porque para la fiscal hubo «premeditación» por parte de «dos o más personas».

A idéntica conclusión llegó la representante del Ministerio Público Fiscal en los casos de «tentativa de homicidio» de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos.

«La premeditación se demuestra con el plan de los autores, que comenzó en sus actos preparatorios con la convocatoria de gente armada, y siguió con la espera por su llegada» y «la forma en la que se ejecutó, mediante un grupo numeroso que corre para atacar y entre medio de ellos los tiradores», acotó.

Baigún también requirió a la Sala III el cambio de calificación con la que se condenó a tres policías, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, por incumplimiento de sus deberes, cuando para la fiscal corresponde aplicarle la figura penal de «abandono de persona» seguido de muerte y graves daños a la salud.

La sentencia que la fiscal pidió agravar la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 21, integrado por Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, el 19 de abril de 2013.

Pedraza y el dirigente de la UF Juan Carlos Fernández fueron condenados a 15 años de prisión como instigador y partícipe necesario, respectivamente.

Pablo Marcelo Díaz, Gabriel Fernando Sánchez y Cristian Daniel Favale -este sin pertenencia a la UF- recibieron 18 años de prisión, en tanto que Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, 11 años; y el delegado Claudio Alcorcel, 8.

El comisario Luis Osvaldo Mansilla recibió 10 años de prisión; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, 9; Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti, a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

El agente David Villalba fue condenado a pagar una multa de 12.500 pesos por omisión de los deberes del oficio dado que era su función tomar imágenes de los hechos y evitó hacerlo justo cuando se perpetraba el ataque.

El Tribunal 21 absolvió a los miembros de la UF Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y el subcomisario Rolando César Garay.

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Fuente Télam