La legisladora porteña por el Frente para la Victoria María Rosa Muiños tiene una importante trayectoria militante en el peronismo y una vasta experiencia en la gestión pública. En 2013, ingresó en la legislatura porteña. En esta entrevista con Diario Z, desarrolla su posición sobre la actual situación de las comunas. “Hay que construir un reclamo colectivo en la sociedad por los derechos sobre las comunas”, dice. Y agrega que no se visualiza la comuna “como un ente político y eso hay que trabajarlo, porque es algo que nos pasa todos los días”.
La legisladora critica al PRO por la falta de una política de vivienda y adelanta que presentará un proyecto para crear un registro de inmuebles ociosos. Además, señala que “fue muy fuerte la presión, el compromiso y el acompañamiento” de los padres de las víctimas de Beara y Cromañón para frenar la designación como juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Martín Farrel, ex director de Habilitaciones de la Ciudad cuando se produjo el derrumbe del boliche Beara, en Palermo. En ese caso, ocurrido en 2010, murieron Ariana Beatriz Lizarraga (21 años) y Paula Leticia Provedo (20).
Como presidenta de la Comisión de Descentralización, ¿cómo evalúa la situación actual de las comunas?
Es verdad que hubo cierta transferencia, pero no es totalmente real, porque los recursos no están transferidos a las comunas y entonces depende de la relación del jefe de la Junta con su juntista y con el Ejecutivo para dirimir algunas cuestiones. Es decir, la ejecución siempre se hace desde el Ejecutivo. En este sentido, hay todo un tema a trabajar con la población de las comunas, con los vecinos. En tanto y en cuanto los vecinos no entiendan que se les está negando un derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil poder construir esto. Por ejemplo, una parte de la ley dice que cada comuna tiene que darse un nombre, puede ser a través de una convocatoria, y estamos pensando en distintas estrategias para empezar a involucrar a los vecinos en su identidad comunal.
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los porteños sobre las comunas?
Es bajísimo el nivel de conocimiento que se tiene de las comunas y entendemos que hay toda una política por parte del PRO para que esto sea así, para que no hubiera reclamo, porque la estructura que hay alrededor de las comunas es grande y fuerte. Lo entiendo desde el poder, hoy es el PRO pero podría ser cualquier otro partido, y es muy difícil para el poder delegar poder.
¿Entonces qué se puede hacer ante ese escenario?
Por eso digo que es parte de una construcción cultural. Lo que me parece es que hay que ir a buscarlos (a los vecinos), no esperar que vengan. Ésa será nuestra estrategia, no sólo para conseguir el presupuesto participativo, sino para un montón de decisiones que la Junta está en condiciones de tomar y no lo hace por que el Ejecutivo las traba.
¿En qué quedaron los proyectos para limitar las funciones de las comunas presentados por el macrismo?
Hay varios proyectos de modificación de la ley; están en discusión en la comisión, junto con una ley para hacer efectivo el presupuesto participativo. Puede haber millones de proyectos restrictivos, pero hay cuestiones que están consagradas en la Constitución, no en una ley, y no se pueden tocar. Por ejemplo, no vamos a reformar la constitución para bajar el número de comuneros de 7 a 5. Por otro lado, recién tienen dos años los comuneros, estamos bien, peor era cuando se incumplía la ley. Vamos avanzando, bastante despacio. El tema es que no hay un reclamo efectivo de la sociedad, y eso hay que construirlo, hay que salir a buscar la demanda.
Y ahora el PRO busca modificarlas por decreto.
Esperemos que no sea un cambio (N. de R. el decreto 251/2014), Ya hicimos un pedido de informes y estamos preparando un amparo, pero lo lamentable de esto es que el Ejecutivo sigue avasallando al Poder Legislativo y nos está obligando a recurrir a otro poder, el Judicial, cuando esto lo debería resolver la política. En la Comisión veníamos charlando con asesores y legisladores de todos los bloques la necesidad de darles un ordenamiento a las comunas para que trabajen mejor, mejorar los espacios, el acceso a la información, las licitaciones, las compras, y esto es un retroceso, porque no es un fortalecimiento para las juntas, sino que está creando una estructura paralela, que va a tener más poder que los juntistas, porque los gerentes y subgerentes que van a nombrar tendrán el manejo presupuestario.
¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del PRO para el desarrollo de la Comuna 8?
Ellos entienden como urbanización la escrituración, la propiedad del lugar. Y nos parece que es un tema complejo, porque hay mucho inquilinato dentro de los asentamientos, que se dan sin papeles, lo que hace difícil distinguir entre propietarios e inquilinos, y eso va a traer problemas en algún momento, situaciones de violencia. En la última reunión de la Comisión (de Planeamiento) planteé la necesidad de discutir el capítulo 9, que se llama Barrios Nuevos y propone modificaciones al Código de Edificación.
Pero el macrismo entiende este Plan Maestro como una política para vivienda.
Este gobierno sigue sin tener política de vivienda. Ellos dicen “soluciones habitacionales” y parece que construyeron un lenguaje especial; entiendo que se refieren a los alquileres de hoteles, refugios, pero vivienda, no. Nosotros tenemos un proyecto de registro del inmueble ocioso. Todavía no lo presentamos. Nos pusimos a pensar en eso cuando surgió el problema de las inscripciones on line en los colegios. Nosotros pedimos un registro para ver qué tipo de propuesta se podría habilitar como escuela, como alternativa a las aulas container, pero este gobierno ha tenido la política de venta de este tipo de inmuebles. Estamos pensando en la conformación de un registro de propiedades ociosas que sea público, y su vinculación con el gobierno comunal, porque todo tiene que estar vinculado con el gobierno comunal. Por ejemplo, se aprobó la ley de Bares en Plaza y las comunas no tuvieron ninguna participación en el proceso, lo que refleja la falta de cultura de trabajo, de la ley de comunas y de las incumbencias de las comunas. No es solamente una falta de voluntad de que los comuneros no participen: hay una no visualización de la comuna como ente político y eso hay que trabajarlo porque es algo que nos pasa todos los días.
Usted fue muy crítica ante el intento de designación de Martín Farrel como juez. ¿Cómo evalúa el proceso desarrollado en la Legislatura?
Fue un proceso lamentable e innecesario al que nos sometió el Ejecutivo de la Ciudad, porque si los legisladores del PRO no acompañaban con su voto el pliego de Farrel no hacía falta tanta sangría. El cronograma mal hecho, la audiencia pública durante el partido de la Argentina. Costó casi 60 días construir en todos los bloques la decisión de que para ser juez no alcanza sólo con el principio de inocencia. Fue muy fuerte la presión, el compromiso y el acompañamiento de los padres (de las víctimas) de Beara y Cromañón. En la Audiencia, y también en la previa, hicieron un muy buen trabajo para hacerles entender a todos los legisladores las consecuencias de la mala administración que tuvo Farrel cuando estuvo a cargo de la Dirección de Habilitaciones de la Ciudad.
Perfil
Ingresó en la Legislatura en diciembre de 2013, en el segundo lugar de la lista del Frente para la Victoria encabezada por el ex canciller Jorge Taiana. Tiene 46 años, trayectoria militante peronista y experiencia en la gestión pública. Y dos hijos con un histórico del peronismo de la capital, Juan Manuel Olmos. Como titular del Centro de Estudios de Fortalecimiento Institucional (Cefi), de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, impulsó una abarcadora política de capacitación de funcionarios públicos y vecinos. Además, impulsó la ley 3.285, sancionada por la Legislatura, que estableció la obligatoriedad de la realización de jornadas de formación, actualización y capacitación sobre derechos humanos, discriminación y resolución pacífica de conflictos para los empleados del Estado de la Ciudad.
En relación con su trabajo parlamentario, preside la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, y forma parte de las comisiones de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, Planeamiento Urbano, Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y Turismo y Deporte.
Entre otras iniciativas, impulsó una jornada para discutir la implementación del Presupuesto Participativo con el objetivo de presentar una ley. Además, promovió un proyecto para que todas las ambulancias del SAME incorporen al material de primeros auxilios un antídoto para las intoxicaciones por cianuro y, además, impulsó el homenaje a víctimas de la represión de 1956.
DZ/rg
Fuente Redacción Z
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