La legisladora porte­ña por el Frente para la Victoria María Rosa Muiños tiene una im­portante trayectoria militante en el peronismo y una vasta expe­riencia en la gestión pública. En 2013, ingresó en la legislatura porteña. En esta entrevista con Diario Z, desarrolla su posición sobre la actual situación de las comunas. “Hay que construir un reclamo colectivo en la sociedad por los derechos sobre las co­munas”, dice. Y agrega que no se visualiza la comuna “como un ente político y eso hay que tra­bajarlo, porque es algo que nos pasa todos los días”.

La legisladora critica al PRO por la falta de una política de vi­vienda y adelanta que presentará un proyecto para crear un registro de inmuebles ociosos. Además, señala que “fue muy fuerte la presión, el compromiso y el acom­pañamiento” de los padres de las víctimas de Beara y Cromañón para frenar la designación como juez en lo Contencioso Adminis­trativo y Tributario de Martín Fa­rrel, ex director de Habilitaciones de la Ciudad cuando se produjo el derrumbe del boliche Beara, en Palermo. En ese caso, ocurrido en 2010, murieron Ariana Beatriz Li­zarraga (21 años) y Paula Leticia Provedo (20).

Como presidenta de la Co­misión de Descentralización, ¿cómo evalúa la situación ac­tual de las comunas?

Es verdad que hubo cierta trans­ferencia, pero no es totalmente real, porque los recursos no es­tán transferidos a las comunas y entonces depende de la relación del jefe de la Junta con su jun­tista y con el Ejecutivo para di­rimir algunas cuestiones. Es de­cir, la ejecución siempre se hace desde el Ejecutivo. En este sen­tido, hay todo un tema a traba­jar con la población de las comu­nas, con los vecinos. En tanto y en cuanto los vecinos no entien­dan que se les está negando un derecho consagrado en la Cons­titución de la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil poder cons­truir esto. Por ejemplo, una par­te de la ley dice que cada comu­na tiene que darse un nombre, puede ser a través de una convo­catoria, y estamos pensando en distintas estrategias para empe­zar a involucrar a los vecinos en su identidad comunal.

¿Cuál es el nivel de conoci­miento que tienen los porte­ños sobre las comunas?

Es bajísimo el nivel de conocimien­to que se tiene de las comunas y entendemos que hay toda una po­lítica por parte del PRO para que esto sea así, para que no hubiera reclamo, porque la estructura que hay alrededor de las comunas es grande y fuerte. Lo entiendo des­de el poder, hoy es el PRO pero podría ser cualquier otro partido, y es muy difícil para el poder de­legar poder.

¿Entonces qué se puede hacer ante ese escenario?

Por eso digo que es parte de una construcción cultural. Lo que me parece es que hay que ir a buscar­los (a los vecinos), no esperar que vengan. Ésa será nuestra estrate­gia, no sólo para conseguir el pre­supuesto participativo, sino para un montón de decisiones que la Junta está en condiciones de to­mar y no lo hace por que el Ejecu­tivo las traba.

¿En qué quedaron los proyec­tos para limitar las funciones de las comunas presentados por el macrismo?

Hay varios proyectos de modi­ficación de la ley; están en dis­cusión en la comisión, junto con una ley para hacer efectivo el presupuesto participativo. Pue­de haber millones de proyectos restrictivos, pero hay cuestio­nes que están consagradas en la Constitución, no en una ley, y no se pueden tocar. Por ejemplo, no vamos a reformar la constitu­ción para bajar el número de co­muneros de 7 a 5. Por otro lado, recién tienen dos años los comu­neros, estamos bien, peor era cuando se incumplía la ley. Va­mos avanzando, bastante des­pacio. El tema es que no hay un reclamo efectivo de la sociedad, y eso hay que construirlo, hay que salir a buscar la demanda.

Y ahora el PRO busca modifi­carlas por decreto.

Esperemos que no sea un cambio (N. de R. el decreto 251/2014), Ya hicimos un pedido de infor­mes y estamos preparando un amparo, pero lo lamentable de esto es que el Ejecutivo sigue avasallando al Poder Legislativo y nos está obligando a recurrir a otro poder, el Judicial, cuando esto lo debería resolver la polí­tica. En la Comisión veníamos charlando con asesores y legis­ladores de todos los bloques la necesidad de dar­les un ordenamiento a las comunas para que trabajen mejor, mejorar los espacios, el acceso a la infor­mación, las licitacio­nes, las compras, y esto es un retroce­so, porque no es un fortalecimiento para las juntas, sino que está creando una es­tructura paralela, que va a tener más po­der que los juntistas, porque los gerentes y subgerentes que van a nombrar tendrán el manejo presupuesta­rio.

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del PRO para el desarrollo de la Co­muna 8?

Ellos entienden como urbani­zación la escrituración, la pro­piedad del lugar. Y nos parece que es un tema complejo, por­que hay mucho inquilinato den­tro de los asentamientos, que se dan sin papeles, lo que hace di­fícil distinguir entre propietarios e inquilinos, y eso va a traer pro­blemas en algún momento, si­tuaciones de violencia. En la úl­tima reunión de la Comisión (de Planeamiento) planteé la necesi­dad de discutir el capítulo 9, que se llama Barrios Nuevos y propo­ne modificaciones al Código de Edificación.

Pero el macrismo entiende este Plan Maestro como una política para vivienda.

Este gobierno sigue sin tener política de vivienda. Ellos dicen “soluciones habitacionales” y parece que construyeron un len­guaje especial; entiendo que se refieren a los alquileres de hote­les, refugios, pero vivienda, no. Nosotros tenemos un proyecto de registro del inmueble ocio­so. Todavía no lo pre­sentamos. Nos pusi­mos a pensar en eso cuando surgió el pro­blema de las inscrip­ciones on line en los colegios. Nosotros pedimos un registro para ver qué tipo de propuesta se podría habilitar como escue­la, como alternativa a las aulas container, pero este gobierno ha tenido la política de venta de este tipo de inmuebles. Esta­mos pensando en la conformación de un registro de propie­dades ociosas que sea público, y su vinculación con el gobier­no comunal, porque todo tiene que estar vinculado con el go­bierno comunal. Por ejemplo, se aprobó la ley de Bares en Plaza y las comunas no tuvieron ningu­na participación en el proceso, lo que refleja la falta de cultura de trabajo, de la ley de comunas y de las incumbencias de las co­munas. No es solamente una fal­ta de voluntad de que los comu­neros no participen: hay una no visualización de la comuna como ente político y eso hay que tra­bajarlo porque es algo que nos pasa todos los días.

Usted fue muy crítica ante el intento de designación de Martín Farrel como juez. ¿Cómo evalúa el proceso de­sarrollado en la Legislatura?

Fue un proceso lamentable e in­necesario al que nos sometió el Ejecutivo de la Ciudad, por­que si los legisladores del PRO no acompañaban con su voto el pliego de Farrel no hacía fal­ta tanta sangría. El cronograma mal hecho, la audiencia pública durante el partido de la Argen­tina. Costó casi 60 días construir en todos los bloques la decisión de que para ser juez no alcanza sólo con el principio de inocen­cia. Fue muy fuerte la presión, el compromiso y el acompaña­miento de los padres (de las víc­timas) de Beara y Cromañón. En la Audiencia, y también en la previa, hicieron un muy buen trabajo para hacerles entender a todos los legisladores las conse­cuencias de la mala administra­ción que tuvo Farrel cuando es­tuvo a cargo de la Dirección de Habilitaciones de la Ciudad.

Perfil

Ingresó en la Legislatura en diciembre de 2013, en el se­gundo lugar de la lista del Frente para la Victoria encabezada por el ex canciller Jorge Taiana. Tie­ne 46 años, trayectoria militan­te peronista y experiencia en la gestión pública. Y dos hijos con un histórico del peronismo de la capital, Juan Manuel Olmos. Como titular del Centro de Es­tudios de Fortalecimiento Insti­tucional (Cefi), de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, impulsó una abarcadora política de capa­citación de funcionarios públicos y vecinos. Además, impulsó la ley 3.285, sancionada por la Le­gislatura, que estableció la obligatoriedad de la reali­zación de jornadas de formación, actualización y ca­pacitación sobre derechos humanos, discriminación y resolución pacífica de conflictos para los empleados del Estado de la Ciudad.

En relación con su trabajo parlamentario, preside la Co­misión de Descentralización y Participación Ciudadana, y for­ma parte de las comisiones de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, Planeamiento Urbano, Presupuesto, Hacienda, Admi­nistración Financiera y Política Tributaria, y Turismo y Deporte.

Entre otras iniciativas, im­pulsó una jornada para discu­tir la implementación del Pre­supuesto Participativo con el objetivo de presentar una ley. Además, promovió un proyecto para que todas las ambulancias del SAME incorporen al material de primeros auxi­lios un antídoto para las intoxicaciones por cianuro y, además, impulsó el homenaje a víctimas de la represión de 1956.

DZ/rg

Fuente Redacción Z