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TEMAS DE LA SEMANA

Marcelo Colombo: ‘Los funcionarios públicos participan muchas veces del negocio de la prostitución’

El fiscal de la Ufase, la unidad de lucha contra la trata de personas, analiza el vínculo entre este delito y la explotación sexual. Señala que las víctimas son en general mujeres muy pobres, capturadas en la primera adolescencia, y que el castigo principal debe caer sobre los proxenetas. 

Por Franco Spinetta
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Fue coordinador de investigaciones de la Oficina Anticorrupción entre el 2000 y 2006, consultor de organismos internacional, de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Países como Honduras y Bolivia requirieron su asesoría en la lucha contra la corrupción. Marcelo Colombo es un hombre de acción. Hace cuatro años que está al frente de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), desde donde impulsó cientos de investigaciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le otorgó un premio en 2012 por su “compromiso en la lucha contra la trata de personas”. ¿Qué es la Ufase y cómo funciona?

Es una oficina dentro del Ministerio Público Fiscal, dependemos de la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó. Colaboramos con los fiscales federales en asesorar, detectar, investigar y sancionar casos de trata de personas. Procuramos iniciar investigaciones preactivas y enviamos personal de la Ufase para asesorar o a veces somos nosotros los fiscales de los casos. Tenemos una base de datos con procesamientos y sentencias. También con datos de personas, inmuebles, automóviles, cruzamos información e intentamos descifrar la matriz de la delincuencia organizada.

¿Cuánto se avanzó en la lucha contra la trata?
Mucho, pero no hay que descansar sobre esos avances. En 2008 se sancionó la ley de trata de personas que incluyó una nueva definición del delito y un marco de protección de la víctima muy generoso. A partir de entonces llevamos 65 sentencias condenatorias y unos trescientas procesamientos. La ley se ha venido aplicando con distintas intensidad, según las provincias. Hubo diferencias de criterio, sobre la cuestión del consentimiento de las víctimas. Algunos jueces consideraban que a pesar de ser mayores de 18 años, se trataba de víctimas vulnerables que parten de una situación de desigualdad desde la cual resulta difícil elegir libremente. Otros jueces entendían lo contrario. Esto llevó a la modificación de la ley, desde el 15 de enero de este año rige un nuevo orden legal por el cual no existe el consentimiento. Y dejará de ser un problema para probar el delito.

¿Considera que el apuro por modificar la ley dejó cosas en el tintero?
Lo sustancial está bien: se elimina el consentimiento. Nadie puede declararse un explotado feliz. Nosotros elaboramos un documento junto con la Inecip y el CELS proponiendo modificaciones al proyecto que tenía media sanción. Una se vinculaba con la forma en la que se toma declaración testimonial. Ahora, en todos los casos, debe hacerse por cámara Gessell. Y eso puede traer algunos problemas. Es cierto que tenemos que cuidar la revictimización de quienes declaran pero en algunos casos es contraproducente. Lo otro es si en el concepto de explotación debía ingresar la facilitación o promoción de la prostitución. Me parece que quedó una definición un poco amplia que habría que revisar. Nosotros proponíamos que quedara al margen. Pero la ley está bien, ahora se tiene que reglamentar rápido.

¿Cuál es su postura respecto de los abolicionistas que rechazan de plano la prostitución y los reglamentaristas que la considera un trabajo?
Mi posición es netamente abolicionista: reglamentar los prostíbulos es legalizar la explotación sexual de mujeres pobres y sin educación, a quienes se les presenta como una posible “salida laboral” ser explotadas por un fiolo. Existe un estudio empírico en nuestro país del año 2000 que realizó la Unicef, que indica que el 90 por ciento de las mujeres en situación prostibularia fueron iniciadas entre los 13 y los 17 años. Esa tendencia muestra que no tiene sentido discutir si se puede optar o no. El Estado debe trabajar sobre la infancia y la pobreza para que el prostíbulo no sea una opción legal que supla las carencias estructurales. Está generalizada la visión de la prostituta feliz. Pero yo, desde que estoy aquí, no conocí ninguna que se haya salvado económicamente a los 50 años.

¿Están naturalizados los prostíbulos?
Sí. Y en los prostíbulos la mujer ocupa el lugar de objeto y está al servicio de los hombres que pasan por ahí. Esos esquemas están muy arraigados. El verdadero problema detrás de la trata de personas con fines de explotación sexual es el sistema prostibulario. Este sistema precisa de mujeres vulnerables para aprovecharse de los códigos no escritos de los prostíbulos: una vez que ingresa, la mujer es prostituida doce o catorce veces por noche y el 60 por ciento de la recaudación va al proxeneta.

¿Cómo es el perfil de la mujer prostituida?
Casi siempre son pobres y muchas veces migrantes. Por ejemplo, casi ninguna de las dominicanas sabe leer o escribir. Si eso no es vulnerabilidad, ¿qué es? Muchas de las mujeres que forman parte del sistema prostibulario comparten estas condiciones.

¿Penalizaría a los clientes?
Primero penalicemos al proxeneta. Cuando se habla de explotar la prostitución ajena, se habla de: a) el dueño del prostíbulo, b) la chica y c) el cliente. El beneficiado es el dueño del prostíbulo. Al cliente se lo puede castigar por una situación de prostíbulo, o por una prestación individual.

¿Y la prostitución autónoma?
Existe en un porcentaje menor, pero existe. Son mujeres y hombres que venden sexo por dinero en una situación de autonomía. En esos casos el Estado no puede meterse; el Estado se mete cuando un tercero se aprovecha de una situación de vulnerabilidad. Es una diferencia tajante. Escucho mucho los reclamos de Ammar y otras organizaciones que proponen regular su trabajo sexual. Pero como no está prohibido ellas ya tienen protección legal. El artículo 19 de la Constitución dice que cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiere. No hay ningún obstáculo. Distinto es reglamentar un prostíbulo, que sería legalizar que el proxeneta reciba beneficio económico de la explotación sexual. Ese el núcleo del problema y es donde se da la mayoría de los casos de trata. Ninguna mujer que pueda ejercer autónomamente se mete en un prostíbulo a regalarle el 60 por ciento a un proxeneta.

¿Se puede calcular cuánto dinero mueve la trata?
Hicimos una investigación patrimonial de un prostíbulo en el barrio de Flores, de nivel medio con un promedio de 20 a 25 mujeres por noche. La ganancia neta del explotador fue de 10 millones de pesos en cinco años, contando sólo los servicios sexuales, sin incluir la venta de bebidas. Es mucha plata que explica la connivencia policial y de los funcionarios públicos.

¿Cómo funciona esa cobertura?
Existe una fuerte cobertura de ilegalidades y arbitrariedades que hacen los policías, los inspectores e incluso algunas esferas del Poder Judicial. No se ataca la existencia de prostíbulos, que están prohibidos desde 1937. Lo que existe es un sistema eufemístico que no soporta ni siquiera una mirada atenta. Simplemente tocando la puerta, uno se da cuenta de que un lugar que aparece como local bailable es un prostíbulo. Todos son habilitados a través de máscaras. Esto no puede pasar inadvertido ni a los policías ni a los inspectores municipales ni a los fiscales y tampoco a los jueces.

En el caso del prostíbulo de Esmeralda al 900, que allanó la Gendarmería pero no halló a nadie, ¿qué pasó?
Investigamos un edificio donde se filma y graba las veinticuatro horas y las personas entran con una tarjeta. Pero cuando la Gendarmería realizó el allanamiento no encontró a ninguno de los sospechosos; tenemos documentado que las personas investigadas se fueron cinco minutos antes. Ahora, estamos analizando las escuchas telefónicas para ver qué dato surge. Que hubo aviso, no me cabe duda. Cualquier voz infiel puede haber sido, incluso puede haber salido del propio juzgado, no le estamos cayendo a la Gendarmería. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Como los funcionarios públicos también participan muchas veces del negocio, es difícil llegar sin que se filtre. Es un desafío.

¿Por qué en la Ciudad hay pocos condenados si existen tantas denuncias?
Cuando se empezó a poner en marcha el dispositivo jurídico para aplicar la ley de trata, el poder judicial local comenzó a resistir las interpretaciones que hacían otras provincias. La Justicia federal de las provincias le dieron mucha más importancia al tema de la trata que en Capital. Acá se le empezó a dar importancia recién dos años después de sancionada la ley, hasta que los jueces comenzaron a atender al fenómeno de la trata y a darle importancia en la agenda judicial. Ningún juez ni fiscal lleva a adelante todos los casos con el mismo empeño, hay elecciones. Y creo que acá se priorizaba otro tipo de asuntos por encima de la trata. Esto se ha ido modificando lentamente, pero de todas maneras es cierto que la Ciudad está muy rezagada en relación a otras jurisdicciones.

¿Cuánto influye el impulso político?
Influye. Recién ahora el Gobierno de la Ciudad comenzó a tomar nota de que existe una prohibición de los prostíbulos. Tuvimos algunos oficios cruzados con la Procuración de la Ciudad y el Poder Ejecutivo, porque había varios casos grandes de lugares que estaban habilitados como bares en el que funcionaban prostíbulos, según los informes de Gendarmería y Prefectura. Lo que proponíamos es que se revocaran esas habilitaciones porque las estaban malversando.

En ese bache para funcionar, ¿quién debe actuar?
El Poder Ejecutivo de la Ciudad. Hay una mala cultura de la inspección. Los agentes van y revisan las salidas de aire, los matafuegos, pero ¿no ven a las chicas paseando desnudas delante de ellos y que ese lugar no es un bar si no un prostíbulo? Nosotros remitimos información al Gobierno de la Ciudad indicándoles ciertos lugares en los que se había hecho inteligencia y –sin mucho esfuerzo– se había advertido que, en vez de cantinas, había prostíbulos. El Ejecutivo le pasaba la pelota al Poder Judicial diciendo que, hasta tanto no concluyera la causa penal, no se podía actuar. Esto, jurídicamente, es un dislate: la Ciudad tiene su propio régimen sancionador y disciplinario con respecto de esta clase de situaciones. No hay que esperar que la Justicia avance porque existen procesos administrativos para revocar esas habilitaciones. Recién este año incorporaron el concepto de revocaciones administrativas para dar de baja habilitaciones que están siendo mal utilizadas. Pero se avanza muy lentamente.

¿Cuántos oficios giraron al Gobierno de la Ciudad?
Eran unos cuarenta. Tuvimos varias reuniones y cerraron algunos prostíbulos. Pero otros continúan abiertos. No es la misma situación de hace dos años. Se están moviendo, pero todavía falta. Por ejemplo, la Legislatura aprobó una norma que prohíbe la volanteada para ofrecer servicios sexuales en la calle. Pero la avenida Corrientes está plagada de propaganda. Sobre eso, uno no ve una acción concreta.

El trabajo esclavo también ingresa en el concepto de explotación y trata de personas, ¿por qué se avanza más lento?
Es verdad que hay muchas más sentencias por trata con fines de explotación sexual que laboral. La proporción es de 80 a 20. El trabajo esclavo tiene un problema central: cómo acreditar y establecer la diferencia entre una situación de trabajo esclavo y una situación de abuso, o posición dominante por parte del empleador. Nosotros establecimos una fórmula donde pusimos como piso los acuerdos colectivos de trabajo en aquellos rubros donde generalmente se dan estos casos: si a la persona se le paga por debajo del 60 por ciento del mínimo que reglamenta la actividad y además trabaja en condiciones indignas, uno puede hablar de situación de servidumbre. No está definido en ningún lado qué es la servidumbre y es algo que tiene que generar la jurisprudencia. Se ve que esta fórmula comenzó a funcionar porque los primeros dos años no hubo ni siquiera un condenado por explotación laboral, pero ahora sí hay varios.

DZ/lr

 

Fuente Redacción Z
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