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TEMAS DE LA SEMANA

Manuel Garrido: “La criminalización del aborto es discriminatoria”

El candidato del frente Progresistas busca renovar su banca en Diputados. Enfrenta a Victoria Donda en las internas del domingo.

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Manuel GArrido
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Ex director de la Oficina Anticorrupción, ex fiscal, abogado y prestigioso docente en derecho comparado. Garrido apuesta a renovar su banca a través del Frente Progresistas, que lleva como candidata a presidenta a Margarita Stolbizer.

¿Qué proyectos impulsará en el Congreso?
Mi agenda legislativa está muy marcada por la lucha contra la corrupción y la transparencia. Algunos de los proyectos que presenté en esta línea son la ley de acceso a la información pública, la regulación de la gestión de intereses o lobby, rediseño de la Auditoría General de la Nación, tipificación de la corrupción en el sector privado, la protección de testigos de delitos de corrupción y la disminución de penas a los arrepentidos y la extinción de dominio a favor del Estado de los bienes adquiridos por medios ilícitos. Otros dos puntos fuertes en mi agenda son la reforma judicial y el derecho penal. Sobre estos puntos propuse e insistiré en la aprobación de una ley que regule el juicio por jurados, una reforma a la ley de Ministerio Público, la modificación de la nueva ley inteligencia y en la derogación de la ley antiterrorista, entre otras cuestiones. Asimismo, en materia de derechos humanos creo que es imprescindible que se modifique el sistema de licencias parentales, incluyendo la adopción, la fertilización asistida y ampliando la cantidad de días para que las tareas de cuidado no queden únicamente a cargo de las mujeres. Por último, un sistema integral de cuidados vendría a complementar esta iniciativa.

¿Qué opina del derecho al aborto?
Estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y soy firmante del proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Creo que el Estado es negligente al ampararse en principios morales que terminan ocasionando la muerte de mujeres. La criminalización del aborto es discriminatoria respecto de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y repercute sobre todo desfavorablemente en las mujeres de menores recursos. Demás está decir que no se trata de una política aislada, sino que debe estar acompañada de educación sexual y capacitación de varones y mujeres en anticoncepción.

¿Hay que traspasar la policía Federal al gobierno porteño?
Al igual que el traspaso de la justicia nacional, es necesario que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con su propia fuerza policial y los adecuados recursos. Hoy en día la superposición de fuerzas ha probado ser ineficiente en la prevención y persecución del delito, generando profundas desigualdades entre los distintos barrios de la ciudad.

¿También hay que terminar el traspaso de las competencias judiciales?
Es insólito que a veintiún años de la reforma constitucional y dieciocho de la ley Cafiero, la nación retenga las competencias judiciales en el ámbito de la Ciudad salvo por algunas pocas e insignificantes excepciones. El traspaso de la justicia a la Ciudad es urgente y necesario pero no puede ser entendido sin los correspondientes recursos.

La ciudad tiene cada vez más inquilinos, ¿está a favor de la regulación de los alquileres?
El acceso a la vivienda es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, el derecho a la tierra y a una vivienda digna es cada vez más inalcanzable. Especialmente en la Cuidad de Buenos Aires, es casi imposible acceder a la propiedad e incluso al alquiler de inmuebles para vivienda. Se estima que en la ciudad al menos 24% de las viviendas son ociosas. En este sentido, el establecimiento de impuestos sobre estas propiedades podría contribuir a un fondo de subsidios a la vivienda que apunte a resolver esta problemática. Sin embargo, hay que mantener presente que un excesivo cargo sobre los locadores puede ser ineficiente para la finalidad que se pretende alcanzar.

¿Hay que garantizar el laicismo en las escuelas públicas?
Creo que la educación pública debe ser obligatoria, gratuita y laica. La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en 1994, dicen que el Estado argentino es un Estado laico y bajo ningún concepto se debe promover expresiones religiosas determinadas sobre otras. Obligar a niños y niñas a recibir educación católica en la escuela pública afecta la neutralidad del Estado y además, restringe el derecho de los padres y las madres a decidir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales o filosóficas.

dz / fs

Fuente Redacción Z
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