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TEMAS DE LA SEMANA

Macri y Vidal, denunciados penalmente

La Justicia sospecha que desviaron fondos de Desarrollo a un club perteneciente a un funcionario.

Por Franco Spinetta
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A pocos días de las elecciones, Mauricio Macri sumó otro expediente judicial a su prontuario. Esta vez, su nombre aparece junto al de la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de Gobierno del PRO, María Eugenia Vidal, y al de otros funcionarios de la cartera denunciados penalmente por «presuntos ilícitos» por el juez Roberto Gallardo, quien además ordenó la clausura del Club 17 de Agosto, donde se lanzó oficialmente la fórmula macrista entre cumbias y globos de colores.

El magistrado tomó esta decisión luego de procesar las pruebas recolectadas en los allanamientos realizados en dependencias del ministerio que conduce Vidal y en la institución deportiva. Según se desprende de la resolución judicial, Gallardo obtuvo documentos que probarían el desvío de fondos del Gobierno al Club 17 de Agosto, cuyo presidente, Sergio Gabriel Costantino, es además funcionario de Desarrollo Social.

El club iba a recibir del Gobierno porteño una suma cercana al medio millón de pesos por haber prestado el servicio de parador para personas indigentes. Sin embargo, la información recabada por el juez reveló numerosas irregularidades, como por ejemplo la ausencia de habilitación para albergar a personas en situación de calle. También, la Justicia comprobó que a pesar de que Desarrollo Social iba a abonar 102.300 pesos correspondientes a mayo, el club no recibió a nadie durante ese mes. El macrismo denunció que el juez hace «política» y el jefe de Gobierno declaró que pone «las dos manos en el fuego por Vidal».

Lo cierto es que el inicio de la causa data de 2008, cuando Roberto Gallardo ordenó al Gobierno refaccionar el Parador Retiro. Como medida provisoria, la administración porteña designó otros lugares para que la gente en situación de calle pasara la noche. El 6 de enero, como todos los años, el PRO entregó a la Justicia una lista con los refugios, entre los que no se encontraba el Club 17 de Agosto. El veedor de la Justicia, Guillermo Mérega, detectó que cientos de indigentes eran llevados a las instalaciones del club, donde las personas dormían en una cancha de Fútbol 5 que no cumple con las condiciones requeridas. El 11 de febrero, el juzgado de Gallardo envió la primera de una serie de intimaciones al Gobierno para que facilite a la Justicia las «constancias que acrediten la habilitación» del club y la «totalidad de las constancias administrativas» que detallaran la relación contractual.

La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social tardó tres meses en llegar. El 7 de abril, entregaron un certificado de habilitación avalado por Defensa Civil y un convenio sin fecha y con firmas ilegibles. El expediente administrativo, indican las pruebas recolectadas, había sido iniciado dos días antes de la presentación de Vidal ante Gallardo, es decir, cuatro meses después de que el Club 17 de Agosto comenzara a trabajar como parador.

Según los convenios celebrados entre Ciudad y los refugios, éstos tienen que proveer ropa de cama, cena, elementos de higiene personal (jabones, toallas), y ropa. En el expediente judicial figuran cinco facturas por 498.300 pesos y todas tienen la misma fecha: 21 de junio. Sin embargo, en las pruebas recogidas «no se han detectado elementos que permitan acreditar la efectiva erogación por parte del club en los citados rubros. Tampoco se ha detectado el pago de personal al cumplimiento».

Gallardo dispuso remitir las pruebas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se investiguen los «supuestos ilícitos» que involucran, además de a Macri y Vidal, al subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo, al director general de Infraestructura Social, Sergio Gabriel Costantino, a la titular de la Dirección de Atención Inmediata, Guadalupe Tagliaferri, a la escribana Elena Pietrapertosa y a directivos del club.

DZ/km

Fuente Redacción Z
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