El fundamento del decreto es que el anterior monto quedó «desactualizado» y que debía adecuárselo a los valores actuales del mercado, «dado que desde la fecha de vigencia a la actualidad han variado los valores de los bienes donados destacando el caso de los insumos, la aparatología y los servicios».
La norma modificada es la 2000/00, que regula el procedimiento de aceptación de donaciones «sin cargo» efectuadas por terceros al Gobierno y la incorporación a su patrimonio, en calidad de apropiación, de «elementos abandonados en organismos de su dependencia».
Además, las donaciones ya no requerirán el visto bueno del Ministerio de Hacienda, porque con el cambio decidido por el Ejecutivo local cada dependencia podrá aceptarlas con autonomía.
El Gobierno estima que esa decisión «conferirá mayor racionalización administrativa y celeridad en la gestión».
Desde la oposición, el presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, reclamó una «mayor transparencia» y pidió que se den a conocer los nombres de aquellos que hacen las donaciones.
«Hubo casos en los que incluso, a pesar de los pedidos de informes, se negaron a revelar quiénes habían hecho los aportes», explicó a Télam, y dijo que la aclaración es necesaria para descartar que haya «otros intereses» detrás.
Por su parte, Gonzalo Ruanova, del bloque Nuevo Encuentro, advirtió que «es una barbaridad aumentar el 5.000 por ciento el monto para recibir donaciones en los ministerios y ampliar la posibilidad a que reciban secretarías y entes descentralizados cuando la Ciudad no tiene ley de ética pública ni oficina anticorrupción».
Fuente Redacción Z
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