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TEMAS DE LA SEMANA

Macri apura la venta de terrenos en el Parque Donado Holmberg

En la traza de la ex AU3 quedan aún 320 familias que no tienen solucionado el problema de vivienda.

Por laura-narbais
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Los agentes inmobilia­rios lo escuchaban ex­tasiados: semanas atrás, Héctor Lostri, el subse­cretario de Planeamiento, área que depende del Ministerio de Desa­rrollo Urbano, prometía la creación del Parque Donado Holmberg, por lo que anunciaba la subasta de 26 lotes en uno de los últimos y mejo­res terrenos de la Ciudad: la zona delimitada por las avenidas De los Incas y Congreso, y las calles Hol­mberg y Donado, en el barrio de Villa Urquiza. Se trata del sector cinco de la ex Autopista 3 (AU3). Lostri prometió entregar los terre­nos «completamente vacíos, de­molidos, sin ningún servicio y sin ningún ocupante».

La iniciativa (algo así como el Puerto Madero de Macri) encan­tó al empresariado, pero despertó temor en las alrededor de 320 fa­milias que viven en esa zona (mu­chas de ellas desde hace más de 20 años), que aún no encuentran una solución definitiva a sus pro­blemas de vivienda. «Va a ser otro negociado más; quieren que nos vayamos a la provincia, porque no quieren pobres en la Capital, y me­nos en esa zona, en la que quieren hacer otro Puerto Madero», dispa­ró Alberto Lacuesta, vecino del ba­rrio y dirigente de la asociación ci­vil Sembrar Conciencia.

Con este telón de fondo, Los­tri buscó que la avaricia supere el temor del auditorio, algo conoce­dor de que el tema aún no está resuelto. En la convención de de­sarrolladores les puso delante dos atractivas zanahorias: el valor base del metro cuadrado (380 dó­lares, «muy ventajoso para el mer­cado»), y la promesa de que «la solución habitacional que se les dará a las personas que ocupaban esos terrenos corre por cuenta del Gobierno».

Los terrenos de la discordia, que por marketing macrista se convertirán en el «Parque Dona­do Holmberg», forman parte de la traza de la ex AU3, un proyecto de la dictadura que en 1977 ex­propió y desalojó inmuebles y te­rrenos para realizar la nunca con­cretada vía rápida. Con el tiempo, alrededor de 700 familias se fue­ron a vivir a las casas abando­nadas; por el usufructo de estas viviendas, la mayoría de los ocu­pantes pagaron a los sucesivos gobiernos porteños alquiler, ex­pensas y servicios. Esta situación duró más de 20 años hasta que, en 2000, se les intentó dar una solución definitiva mediante la Ley 324, de Recuperación de la Traza de la ex AU3, que se propo­nía poner en valor la zona y brin­dar una vivienda económica a los beneficiarios (ocupantes).

Con la llegada de Mauricio Ma­cri a la Jefatura de Gobierno, la progresiva reubicación de los ocu­pantes de las viviendas (que ya te­nían derechos adquiridos) se hizo perentoria. Al comienzo, su políti­ca fue el desalojo total, el pago de 20.000 pesos para los beneficia­rios (y 6.000 para los que no fue­ron reconocidos como tales), la to­padora e intimaciones. Los vecinos presentaron un recurso de ampa­ro y la jueza en lo Contencioso Ad­ministrativo Elena Liberatori ordenó al macrismo detener los desalojos. Hasta que el año pasado, el oficia­lismo debió consensuar con la opo­sición y los vecinos una nueva ley (3396) que, con la autoría del en­tonces legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) salió a fines de di­ciembre de 2009, y que hasta los vecinos consideran «de avanzada».

La nueva normativa detuvo los desalojos compulsivos, obligó al Gobierno a respetar la morfo­logía del barrio (las construccio­nes no podrán superar los 12 me­tros de altura y los tres de retiro), la creación de un boulevard, el destino del 35% del total de los predios para espacios verdes, otro porcentaje para subasta pública (aquellos que no están ocupados), y otro para la construcción de vi­viendas sociales.

La iniciativa contó con el apo­yo del macrismo, de Proyecto Sur, de Diálogo por Buenos Aires, de la Coalición Cívica y otros blo­ques minoritarios. Adiferencia de lo que ocurría con otros terrenos que el macrismo remató (Catali­nas Norte, por caso), y en los que el dinero de la venta fue a parar al Tesoro del gobierno, el desti­no del dinero que provenga de la venta de los terrenos deberá usar­se para construir viviendas socia­les para las familias que viven en las casas de esta zona.

 

Fuente Redacción Z
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