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TEMAS DE LA SEMANA

Los talleres de la muerte

Miles de trabajadores textiles trabajan como esclavos, especialmente en los barrios del sur porteño. Las denuncias caen en saco roto porque detrás hay grandes marcas.

Por Franco Spinetta
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Talleres clandestinos
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Hacinamiento, trata de personas, reducción a la servidumbre, evasión impositiva, pagos miserables y falta de control. Trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas, jornadas laborales de 6 a 21. Así viven unas 30 mil personas que emplea ilegalmente el empresariado textil en la ciudad. La problemática, ampliamente denunciada, vuelve a estar en primera plana luego del incendio en un taller ilegal en Flores, donde murieron dos niños de 7 y 10 años.

El diagnóstico es harto conocido. La propia industria lo reconoce: según la Fundación Pro Tejer, uno de cada dos trabajadores está en negro. Alguna vez, el empresario textil José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional del Frente Renovador y ex directivo de la Unión Industrial Argentina, reconoció que el 78 por ciento de las actividades del rubro se realizan en absoluta ilegalidad. La Alameda, que desde hace años denuncia el trabajo esclavo, contabiliza unos tres mil talleres clandestinos en la ciudad.

Un informe de 2014 de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex) dice que los talleres clandestinos “se concentran mayoritariamente en la zona sur” y que se nutren “de trabajadores migrantes de Bolivia, en casas particulares que se adaptan para el trabajo, con un espacio para vivienda de los trabajadores”. La Protex habla de “hacinamiento, falta de ventilación, precarización laboral”. Y dice que según información suministrada por los hospitales públicos porteños, han aumentado los casos de tuberculosis y que el 60 por ciento de los infectados trabaja en talleres clandestinos de costura.

Antecedentes

El trabajo esclavo tuvo un pico de atención en 2006 cuando se incendió un taller ilegal en Caballito y murieron seis personas, entre ellas cuatro niños. Entonces se activó una megacausa patrocinada por la Defensoría del Pueblo y el juez Norberto Oyarbide, que había pretendido desestimar las denuncias, ordenó 14 allanamientos.

El entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, cambió el área de inspectores y se denunciaron 35 marcas, ocho de ellas muy importantes: Kosiuko, Cheeky, Soho, Lecoq Sportif, Topper, Puma y Fila. Además, se clausuraron alrededor de 700 talleres y se relevaron cerca de 17 mil trabajadores en condiciones irregulares. ¿Por qué se denunciaron a las marcas? Simple: los talleres están enmarcados dentro de la Ley de Trabajo a Domicilio. Esta ley es la vinculación directa de las empresas de la moda y los shoppings abarrotados con la esclavitud porque señala que las empresas son solidarias con los talleres donde tercerizan la confección.

En septiembre de 2008, Mauricio Macri, ya jefe de Gobierno, envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Laboral y de Infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines” y, al mismo tiempo, crear el Programa de Regularización “Buenos Aires produce”.

El proyecto refleja un conocimiento cabal de la situación que aqueja al sector textil. En los fundamentos menciona el incendio del taller clandestino en Caballito y dice que “la gravedad de la situación” exigía adoptar “medidas sin demora”. Y explicaba: “Una gran cantidad de familias –en su mayoría de nacionalidad boliviana– obtiene su sustento prestando su fuerza laboral en este subsector, que opera en condiciones de suma precariedad en lo referente a su estructura, condiciones laborales y de higiene y seguridad.”

La Legislatura aprobó la ley el 12 de marzo de 2009. Nunca fue reglamentada.

La megacausa, que involucra 113 marcas, sigue sin novedades en el Juzgado Federal Nº 10 de Julián Ercolini, quien se hizo cargo luego de la actuación de Oyarbide, que en el caso de la denuncia contra Soho consideró que la reducción a la servidumbre era herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano, de donde proviene la mayoría” de los talleristas y costureros.

¿Por qué proliferan los talleres clandestinos?

Lucas Schaerer, integrante de La Alameda, ensaya una respuesta: “Es por un factor económico. Tiene que ver con la codicia, transformar el trabajo en ganancia absoluta. Luego de la crisis de 2001, al cerrarse las importaciones, el empresariado local reprodujo el mismo esquema de explotación”. Hay tres eslabones en la industria: el fabricante, el tallerista y el costurero. “Los talleres que están en regla reciben sólo el tres por ciento del valor total de venta al público. Esto hace que las marcas tengan una rentabilidad muy alta, pero prácticamente obliga a los talleristas a estar ilegales”, explica Schaerer.

La mano de obra clandestina llega a percibir el 1,5 por ciento del valor de venta de una prenda. El resto se distribuye así: 30% comercialización, 25% desarrollo de marca, 25% impuestos, 8% tela, 5% intermediarios, 4% de otros conceptos. A modo de ejemplo: según la Unión de Trabajadores Costureros (UTC), por la confección de una remera (que se vende al público a $100) el trabajador recibe $1. Por un jean, cuyo precio oscila entre los 300 y 500 pesos, los costureros ganan 3 o 4 pesos.

Fuente Redacción Z
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