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Los PROtectores

Elisa Carrió ordenó no avanzar en el pedido de juicio político mientras que Duhalde blindó a Macri.

Por laura-narbais
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El procesamiento de Mauricio Ma­cri traspasó los límites de la Gene­ral Paz y alcanzó dimensiones na­cionales. Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, ordenó a su tropa no avan­zar en el pedido de juicio político ni en la constitución de una comisión investigado­ra, a la espera de que la Justicia y la opi­nión pública dicten sentencia firme en con­tra del líder del PRO. Duhalde, huérfano de un candidato que enfrente a Néstor Kirch­ner, busca blindar al jefe de Gobierno Macri y se alinea con el discurso macrista: sostiene que todo es una maniobra de Kirchner para eliminar a cualquier candidato opositor.

Si quedaba alguna duda, la maratóni­ca sesión de indagatoria a Guillermo Mon­tenegro en la Legislatura porteña la borró del horizonte: la Coalición Cívica no apo­yará un pedido de juicio político ni la crea­ción de una comisión investigadora contra el funcionario hasta tanto la Justicia no se expida de una manera firme. Esto es, hasta que la Cámara Federal no ratifique el fallo del juez federal Norber­to Oyarbide que sobrese­yó al ministro de Justicia y Seguridad. Nada nuevo: la misma estrategia siguió la tropa de Elisa Carrió ante el procesamiento del jefe de Gobierno Mauricio Macri. La orden fue tajan­te, clara y unívoca: «No convalidar las decisiones de un juez cuestionado, para no quedar pedalean­do ante la opinión públi­ca», reconocieron tres de las figuras más relevantes de la Coalición.

La estrategia de los «li­litos» camina por una delicada cornisa: cómo no quedar pegados al macrismo, mientras se es fun­cional a él; cómo apuntar a la Jus­ticia, en la figura de Oyarbide, sin aparecer violando la instituciona­lidad que tanto reclaman, y cómo acompañar a la opinión públi­ca que, hasta el momento, no se decantó claramente a favor ni en contra de Macri.

A la Coalición le cuesta explicar por qué no promueve o apoya una comi­sión investigadora de Macri y de Monte­negro. O el pedido de juicio político. En el recinto, y en sus declaraciones, no dejan dudas sobre la responsabilidad política de ambos por la designación de los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios y Osvaldo Chamorro. Tampo­co retacean calificar de «grave» a la cau­sa de las escuchas ilegales. Pero le es di­fícil explicar su prudencia, porque sentó precedente al crear una comisión inves­tigadora contra el entonces jefe de Go­bierno Aníbal Ibarra, aún sin que la Jus­ticia se hubiera expedido por el incendio en el boliche Cromañón. «No son lo mis­mo 200 muertos que las escuchas al cu­ñado de Macri», sostuvo Carrió, como si un hecho ilegal dejara de serlo por­que existe otro mayor.

El talón de Aquiles de la estrategia coalicista es la concepción de Justi­cia que hay detrás de los dichos de Carrió, quien duda de lo actuado por Oyarbide en esta cau­sa, pero silencia aquellas que involucran a ex fun­cionarios kirchneristas o allegados al actual gobierno. El resto de los bloques mayoritarios de la oposición (principalmente Proyecto Sur y Diálogo por Buenos Aires) viene acompañando los pasos de los legisladores coalicistas, aun­que empiezan a recelar respecto de las verdaderas intenciones de su líder, ene­miga declarada del gobierno nacional. «Cuestiona a Oyarbide por su actuación en el caso Macri, pero no vemos los mis­mos embates por su ta­rea en la investigación de la mafia de los medi­camentos, o en la causa por enriquecimiento ilí­cito del ex secretario de transporte del kirchneris­mo Ricardo Jaime», des­lizó un legislador de Diá­logo por Buenos Aires.

En la Coalición afir­man que no quieren ha­cer especulaciones sobre el fallo judicial. Pero la hacen: están convencidos de que el juez no podrá probar la figura del jefe de Gobierno como «partíci­pe necesario» de la asociación ilí­cita que integraban Palacios y Ja­mes; consideran, por el contrario, que los Macri (Mauricio y Franco, su padre) utilizaron una estructu­ra montada en la Policía Metropo­litana para espiar a Néstor Leonar­do, el extravagante parapsicólogo marido de Sandra Macri (hermana de Mauricio), que no cuenta con la bendición de Franco.

Zancadillas

Duhalde tampoco dejó pasar la oca­sión en su cruzada anti-K, y se montó raudo sobre el caballo macrista. Sin hasta el momento de una figura presidenciable que le haga frente a Néstor Kirchner, sos­tuvo que la causa que involucra a Macri fue armada desde el kirchnerismo. En de­claraciones a radio Continental, se sumó a la victimización del jefe de Gobierno: «Es evidente que ha sido tratado como un enemigo desde el mismo día que lan­zó su candidatura y se lo siguió tratan­do como enemigo permanentemente, cosa que no ha sucedido en la democra­cia nunca». Y comparó su situación con la que vivió Francisco de Narváez cuan­do, en la última campaña legislativa, fue llamado a indagatoria por su supuesta participación en una causa relacionada con la efedrina.

Mostrando desapego por el cumplimiento de la ley, calificó de «zancadi­lla» tendida por el kirch­nerismo al procesamien­to de Macri, una causa de 600 fojas en la que el jefe del PRO no pudo dar aún pruebas claras sobre su inocencia. «Yo conoz­co cómo trabajan los organismos de in­teligencia, hay grupos trabajando sobre cada dirigente, no sería nada raro que ha­yan preparado toda una escucha y cosas por el estilo, previo a que saltara después este tema», afirmó. En el país de Duhal­de, cualquier acusado de escuchas ilega­les sería inocente porque vive en una na­ción en la que hay grupos que se dedican a armar causas por pinchaduras de teléfo­nos. El eximio jugador de ajedrez eli­gió las palabras y evitó hablar de los cuatro cargos por los que fue procesado Macri: asociación ilícita, falsedad de do­cumento público, intercepción de llama­das telefónicas y abuso de autoridad.

Quien no evitó fundamentar sus acu­saciones fue Oyarbide, que ordenó al go­bierno porteño que, en el plazo de un día, le presente un informe con todos los números de los teléfonos fijos y móviles que utilizó y utiliza Macri desde que go­bierna la Ciudad. También envió el re­querimiento al Congreso Nacional, para tener conocimiento de los teléfonos con que contó el jefe de Gobierno durante el lapso en el que se desempeñó como di­putado nacional.

Contraataque

Apegado a su imagen, Macri sabe que su peor foto es junto a los ya presos James y Palacios. Sabe también que debe despe­garse de ellos y cuenta con la figurita im­poluta de Gabriela Michetti, su espada más reluciente. A diferencia del tibio apoyo que recibió -vía Twitter- de su supuesto aliado Francisco De Narváez, la legisladora es fiel a su jefe, y su discurso muestra una alinea­miento total: «Estábamos convencidos de que esto (por el procesamiento) iba a pasar por cómo se movía la causa; cada vez más le siento el olor, el gusto y el sabor de una cosa que está parcializada», señaló.

En declaraciones radiales, Mi­chetti se refirió al fallo de Oyarbide: «Es una causa muy buena para poder anali­zar la causa de las escuchas ilegales en la Argentina; pero de ahí a que esto tenga que ver con Macri, Narodowski o Mon­tenegro, la verdad es que no hay ningún elemento que muestre relación», desta­có. «Toda la información de la causa deja en claro la grosería de las escuchas ilega­les. De esta trama oculta que en la Argen­tina existe y viene cargando a funciona­rios públicos, esta causa tiene elementos groseros», señaló. En el caso de la escu­cha a Néstor Leonardo, Michetti recordó que «al instante Franco Macri salió a de­cir que él mismo había contratado a una empresa de seguridad para proteger a su hija y a partir de ahí no sucede nada con eso; no se investigó cómo se mane­jó la agencia privada». Pero la argumen­tación de Michetti se volvió un búmeran en la Legislatura. El diputado Gentili re­cordó que la legisladora había sostenido «que los métodos con los que trabaja­ba Palacios son los mismos que utiliza la gente para hacer el mal». Gentili recordó también que fue Macri quien insistió en nombrar a Palacios y, por lo tanto, avalar esos métodos.

La diputada del PRO se sumó a la con­traofensiva macrista y no descartó, al igual que su jefe político y el jefe de Ga­binete Horacio Rodríguez Larreta, un pe­dido de juicio político hacia el juez. Ante esta posibilidad, Aníbal Ibarra habló de un mismo «modus operandi» del actual jefe de Gobierno, «acostumbrado a la impunidad», afirmó. Ibarra se refirió a la tensa relación de Macri con la Justicia en sus tiempos de empresario y dirigente de Boca Juniors.

En 2001, Macri fue procesado por contrabando agravado, pero fue absuel­to por la Corte Suprema, luego de suce­sivas apelaciones; en 2002, lo procesa­ron por supuesta malversación de fondos en Boca Juniors. En esta causa también fue absuelto, pero los jueces que intervi­nieron en ambas corrieron una suerte in­versa: o fueron suspendidos o debieron enfrentar juicios políticos. Macri siempre enfrentó a los magistrados que fallaron en su contra, en los micrófonos y en los juzgados. «Amenazar a un juez con el jui­cio político es un apriete que no debería­mos aceptar», pidió Ibarra a sus colegas de la Legislatura.

 

Fuente Redacción Z
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