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Estado del Tránsito y Transporte
Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Los pobres pueden viajar en otros medios de transporte

En su descargo ante el juez Mantaras, el gobierno porteño justifica el aumento del Subte.

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Subtes Télam - Buenos Aires - 18/12/07 - El servicio de subterráneos de las líneas C, se cumplía esta mañana con un diagrama de emergencia, por una medida de fuerza gremial. Foto: Alejandro Amdan/Télam/jc.

La Cámara de Apelaciones de la Ciudad ya tiene en sus manos el escrito del gobierno porteño con el que intenta revertir el fallo del juez Pablo Mantaras, que frenó el aumento del boleto de subte a $3,50. Diario Z accedió al texto presentado por la Procuración porteña contra el amparo del legislador del MST Alejandro Bodart, donde el gobierno asegura que el “objetivo político” del aumento es “evitar que los efectos de la inflación afecten la ecuación económico-financiera del servicio, permitir la ejecución de las obras tendientes a mantener condiciones de seguridad y mejorar la calidad del servicio”.

El Ejecutivo reconoce que el “subte presenta signos de marcado deterioro en su flota de coches, en sus estaciones, en la frecuencia de viajes en todas las líneas notablemente reducidas, en la falta de mantenimiento en la flota y el retiro de circulación de una gran cantidad de formaciones por falta de fondos para realizar el mantenimiento”. Y pide autorizar el aumento “para permitir la ejecución de obras que salvaguarden la seguridad de los usuarios” ya que “la falta de fondos demoraría contundentemente el plan de mantenimiento”. Además, le pone un precio al perjuicio económico que le estaría asestando la cautelar: “Si se considera que el subte es usado aproximadamente cada día por un millón de personas, la diferencia de tarifa en juego ($1,40) es de un 1,4 millones de pesos por día”.

Luego, el texto deja traslucir algunos lineamientos de la política de transporte del gobierno porteño. En uno de sus párrafos acusa de “fracaso” a la política de subsidios implementada por el Gobierno Nacional. Y explican que la ecuación básica de ese fracaso es “tarifas bajas = servicio malo, inseguro e incomodidad. Cabe aquí preguntarse si es justa esa tarifa, o es más justa una tarifa más alta pero que te garantiza un servicio con estándares de seguridad y calidad. ¿Qué quiere la Ciudad en materia de transporte: mejor transporte, más calidad, comodidad, velocidad, frecuencia, seguridad e higiene o simplemente un transporte más barato?”, añaden los abogados de la Procuración.

Para el gobierno, el aumento no significará una “presunta migración de los usuarios del subterráneo a los medios de transporte terrestres”. Y acusan al juez de deducir que “podría haber pasajeros que no estarían en condiciones de abonar la nueva tarifa”, pero que –al contrario de esa presunción- el “sistema de transportes debe concebirse como un sistema integrado, compuestos por diversos elementos, algunos de mayores y otros de menores costos”.

Después de ofrecer ejemplos de “indexación de precios por inflación” en Inglaterra y Estados Unidos, el Ejecutivo ensaya una justificación llamativa de por qué se decretó un aumento sin haber finalizado la auditoría (que arrojaría el valor de la “tarifa técnica”) y contando sólo con un “estudio preliminar” de los costos. “En tiempos de inflación alta y persistente, en que cuando vamos a comprar tanto una revista como un vehículo, o una gaseosa como un departamento, observamos que de un mes a otro los precios han variado (en alza) notablemente, y ¿no se nos ha ocurrido pedir, antes de cerrar la operación, un análisis de costos que justifiquen los mayores precios? A propósito: el gobernador Scioli, ¿no tendría que pedirle a los docentes, que piden un aumento de sus sueldos del 30%, un análisis de sus costos que justifique semejante incremento?”, se preguntan los abogados del oficialismo abandonando no solo todo tono leguleyo sino algún razonamiento compatible con la lógica. Los procuradores no parecen distinguir las responsabilidades gubernamentales respecto de garantizar el acceso democrático a un medio de trasnporte público, masivo y estatal de los derechos del consumidor de una gaseosa o de los trabajadores de la educación agremiados.

El texto evidencia otras preocupaciones de la gestión macrista, que es la defensa de los recursos de Metrovías en desmedro de sus trabajadores ante la próxima paritaria: “¿Es que el Ejecutivo de la Ciudad no puede prever, o no sabe ya, cuál será el aumento que pedirán próximamente los metrodelegados? Y si lo prevé o ya lo sabe, ¿conviene que se lo anticipe al juez? ¿O es que el Ejecutivo tiene que obrar únicamente sobre hechos consumados y no, inteligentemente, prever situaciones para evitar ahogos financieros?”.

En otro sincericidio, la administración porteña defiende el concepto de “rentabilidad del negocio” de un servicio que insistió que era esencial cuando sus trabajadores paran. Y llega al extremo de pretender que el legislador Bodart demuestre que “la rentabilidad del negocio” es “excesiva” y así logre justificar una disminución de los aumentos dispuestos.

Alejandro Bodart respondió la apelación del gobierno porteño y aseguró: «Macri sigue sin presentar ni un solo dato serio sobre los costos reales del servicio de subte. Como no trabaja para los usuarios sino para Metrovías, sin auditoría previa le renovó la concesión a una empresa que desde hace 19 años viene estafando al Estado».

DZ/km

Fuente Redacción Z
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