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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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Fucks: Los funcionarios deben hacerse cargo de la tragedia

El legislador Gabriel Fuks, del Frente para la Victoria, critica al Gobierno porteño por tomarse un año para responder sobre el sinnúmero de anomalías entorno al incendio de la multinacional.

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Diez servidores públicos perdieron la vida cuando el depósito de Iron Mountain (IM) –encargada del archivo de documentación de distintas compañías– se incendió. Varios diputados presentamos un pedido de informe sobre las habilitaciones del predio y si reunía las condiciones para prevenir un posible siniestro. Si bien la norma fija en 30 días el tiempo para responder, un año se tomó el Gobierno de la Ciudad (GCBA) para facilitar toda la información correspondiente solicitada. Durante ese período, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, decidió omitir cualquier mención que vinculara al GCBA con el incendio.

Finalmente, el Ejecutivo respondió 500 fojas inconexas y con poca información real. Esto motivó la presentación de cinco nuevos pedidos de informe que deberán responderse de forma inmediata, sobre el sinnúmero de anomalías administrativas registradas: más de quince alertas de inspección sobre el establecimiento fueron desoídas.

Hay al menos cinco líneas investigativas sobre el incendio: la primera en relación al hecho criminal de haber provocado el fuego en el galpón, a cargo por la fiscal Marcela Sánchez; una segunda realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dice que 29 de las 43 cajas archivadas en la sede de Azara pertenecen a empresas investigadas por lavado de dinero o por delitos económicos, tal es el caso del banco HSBC que, al explicar sobre sus cuentas en el extranjero, argumentó que la documentación se perdió en el predio de Barracas; una tercera donde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) acusa de evadir sumas importantes de impuestos. Una cuarta en manos de la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) que analiza la vinculación con el lavado de activos. Por último, una quinta que corresponde al rol del Gobierno de la Ciudad y a sus agencias gubernamentales.

Otro enigma a desarrollar es por qué a IM, con base en Caimán y Luxemburgo, con pésimos antecedentes de incendios internacionales, ligada en su origen al Departamento de Estado de los EEUU, entre otras humaredas sospechosas, se la premia como la segunda empresa reconocida dentro del llamado Distrito Tecnológico con ingentes exenciones impositivas (según la Auditoría General de la Ciudad, sólo entre 2009 y 2013 con cinco millones de pesos). Sería ético y razonable suspender estos beneficios, que todos los porteños pagamos, para las ganancias de dicha empresa investigada.

Mientras tanto, esperamos que los funcionarios convocados por la Legislatura se presenten de una vez. Juan José Gómez Centurión, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, que realizó su última inspección en el depósito el 22 de junio de 2011, y que aún no explica cómo se extravió el expediente de habilitación de IM. Y Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico, que la aceptó como empresa tecnológica y que por esas casualidades antes de ser ministro trabajaba en el Banco Roberts, luego HSBC. Ellos tienen la responsabilidad política y administrativa de rendir cuentas por su gestión.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z
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