Los autores de la iniciativa fueron los legisladores porteños Gustavo Vera y Pablo Bergel (Verde Alameda), Jorge Taiana (FpV), Alejandro Bodart (MST), Gabriela Gonzalez Gass (PSA), Pablo Ferreyra (Izquierda Popular), Edgardo Form (Nuevo Encuentro), Marcelo Ramal (FIT) y Susana Rinaldi (Frente Progresista y Popular).

En el texto, señalan que “resulta preocupante que la Legislatura, que aprueba cada año la asignación de presupuesto al Ministerio de Justicia y Seguridad en base a los objetivos explicitados por el proyecto del Poder Ejecutivo y por los Planes Integrales de Seguridad, se entere por los medios de comunicación que la Policía Metropolitana está usando esos recursos para producir drones, ya que el Ministro nunca lo había explicitado”.

Consultados por el portal de radio Rivadavia, Vera recordó que “es difícil pensar el uso de estos drones por parte de la Policía Metropolitana sin recordar que hace muy poco su primer primer jefe, el ‘Fino’ Palacios, estuvo detenido por espionaje y sigue procesado junto a Mauricio Macri”.

Por su lado, Bodart afirmó que la PM “quiere usar estos dispositivos mientras se niega explícitamente a registrar sus 2000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales”.

Desde el ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Guillermo Montenegro, explicaron a La Nación que se está fabricando un drone de manera «experimental» y que se trata de un «proyecto piloto», no oficial, y que aún el dispositivo no está finalizado.

A través de un comunicado, el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, señaló: «hace un mes España prohibió el uso civil de estas aeronaves hasta tanto terminen una regulación específica. Todo el mundo está debatiendo esto ya que su uso involucra asuntos de defensa nacional, seguridad aérea, orden público, protección de datos, privacidad y de responsabilidad de terceros».

DZ/pt

Fuente Redacción Z