La representación oficial estuvo encabezada por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, y el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, quienes estuvieron en la reunión de la Comisión de Justicia con la presencia de legisladores de los diversos bloques políticos.

Otamendi afirmó que «siempre pensamos a este proceso de transferencia como una etapa que tenía que tener un tiempo y un recorrido y creemos que siete años van a posibilitar una gradualidad y una progresividad en el traspaso».

Añadió que «la Ciudad va tener que llevar a cabo muchas tareas» frente a la transferencia de los juzgados nacionales para evitar que «los sistemas que funcionan muy bien no se vean colapsados».

La Legislatura sancionó la creación de una Comisión de Transferencia que depende del Consejo de la Magistratura local, que preside Enzo Pagani, para coordinar las políticas necesarias para el proceso de transferencia.

En el organismo se conformaron siete grupos de trabajo internos «que abordarán los distintos ejes necesarios para alcanzar la implementación de los primeros fueros a traspasar, una vez aprobada la Ley», recordaron voceros del sector.

Actualmente «la Ciudad tiene competencia limitada en la administración de justicia, ya que sólo cuenta con fueros en materia Contencioso Administrativa y Tributaria, Contravencional y de Faltas a cargo de unos 150 jueces aproximadamente, por lo que se prevé que, una vez terminado el traspaso de los fueros laboral, comercial, civil -Patrimonial y de Familia-, y el penal local se llegue a alcanzar las 1.000 dependencias», añadieron los voceros.

La iniciativa oficial sobre el traspaso está en debate en el Congreso Nacional y promueve modificaciones a la ley 24.588 sancionada en 1995 -conocida como «Ley Cafiero»-, que dispuso límites a la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Justicia, la regulación del transporte y el puerto.

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Fuente DYN