Se llama Alan Rodríguez y hoy tiene 21 años. Toda su escolaridad la hizo en el mismo establecimiento, la escuela Jesús María de San Vicente de Paul en San Telmo. Por tener una discapacidad la escuela le propuso cursar con una adecuación en la currícula y una maestra integradora. Modalidad que se aplica en todas las escuelas comunes que adhieren a la educación inclusiva. En 2013 terminó quinto año pero le niegan el título oficial.

“En la escuela le dieron sólo un diploma no oficial y le dicen que no le pueden dar el título porque el Ministerio de Educación objeta que Alan no alcanzó los contenidos mínimos”, explicó Paula García a Diario Z, abogada del área de discapacidad y derechos humanos de ACIJ, ONG que patrocina jurídicamente al estudiante.

Para ACIJ el caso de Alan es grave porque contradice el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde diciembre de 2014 tiene rango constitucional. Este artículo establece que los Estados deben garantizar la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad en todos los niveles de enseñanza.

“Alan alcanzó todos los objetivos que le propusieron desde la escuela. La adaptación de la currícula es una forma de flexibilizar los contenidos y las formas de enseñanza para facilitar el aprendizaje. Pero todas las evaluaciones fueron corregidas por los profesores y maestros comunes”, aclara García.

Luego de tres años de reuniones con las autoridades porteñas, la familia de Alan Rodríguez acudió a la Justicia con el apoyo de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, agrupadas en la red Artículo 24.

Ahora desde ACIJ esperan que la jueza Elena Liberatori decida si «reconoce el derecho de Alan a la igualdad de oportunidades y obligue a las autoridades de la Ciudad y a la escuela a que le entreguen su título del secundario común».

DZ/ah

Fuente Redacción Z