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TEMAS DE LA SEMANA

Lavado y planchado

Las dos causas que investiga el fiscal Guillermo Marijuán. Las amenazas y la interna judicial. Las medidas oficiales para promover el blanqueo de dólares. Test de confianza para el gobierno nacional.

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Guillermo Marijuán es el funcionario más relevante de la Justicia argentina. Tiene a su cargo la investigación por el lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez –el empresario que se enriqueció de manera notable desde que Néstor Kirchner llegó al poder en Santa Cruz– y la causa originada en la denuncia de un ex ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, que involucra a medio millar de firmas y personas, entre ellos, los principales directivos del Grupo Clarín. Marijuán tiene como antecedentes más destacados su labor persiguiendo delitos contra los entes previsionales y la tarea que desplegó en la causa judicial contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el dinero que se encontró en el baño de su despacho. Lavado y blanqueo se cruzan con justicia e impunidad en la agenda política nacional.

Después de la denuncia de lavado de dinero realizada en el programa de Jorge Lanata, el fiscal federal tomó medidas inmediatas: amplió la denuncia al empresario Lázaro Báez (hasta ese momento no estaba incorporado en la pesquisa a pesar de ser el principal sujeto de la denuncia periodística), a su hijo Martín Báez, a su contador Daniel Pérez Gadín y al esposo de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi. Hasta ese momento estaban implicados solamente Leonardo Fariña y Federico Elaskar (autoincriminados como valijero y lavador, respectivamente). En su presentación, Marijuán no ahorró críticas a la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Dos organismos con más nombre que resultados. El fiscal expresó su “enorme sorpresa y desagrado” por el planteo que habían firmado Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procelac.

“Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etcétera, e igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”, lanzó Marijuán. Sus críticas tenían como destino final a su jefa: la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien amparó con sus directivas a los fiscales cuestionados.

El martes pasado, la funcionaria se tomó revancha. Recordó que Marijuán es también el fiscal de la megacausa por lavado de dinero en la que se investiga a 469 empresarios y sociedades, entre ellos a Héctor Magnetto, la familia Costantini, el Grupo Pampa, entre otros. Su mención no fue inocente. La investigación, que cuenta con un “arrepentido”, el ex ejecutivo de la banca JP Morgan, Hernán Arbizu, prácticamente no tuvo movimiento en los últimos cuatro años. Impulsar esa investigación, en gran medida, le correspondía al fiscal Marijuán. La disputa con Gils Carbó incluye diferencias políticas, metodológicas y de egos. La causa está a cargo del juez federal Sergio Torres, quien recién hace unas semanas reactivó un requerimiento que había mandado a la Justicia helvética para saber si los mencionados en la extensa lista tienen cuentas en Suiza.

Guillermo Marijuán está ante una coyuntura histórica. Tiene la obligación ética y profesional de investigar con el mismo rigor a un empresario vinculado al gobierno al que acusan de lavado de dinero y de malversación de fondos públicos en connivencia con el ex presidente Néstor Kirchner. Y, por otro lado, llevar hasta el final una causa que involucra a parte del poder económico financiero de la Argentina. Esa causa lleva cuatro años de letargo.

Los antecedentes no son los mejores. La Justicia nacional no se caracteriza por castigar hechos de corrupción ni por sancionar delitos económicos. Los poderosos gozan de una impunidad que no tiene el resto de los ciudadanos. En los últimos años apenas una investigación de lavado de dinero terminó en una condena. En Uruguay, sindicado como paraíso fiscal del Cono Sur, hay ciento veinte condenados por ese delito en el mismo período.

Para colmo de males, en los últimos días, Marijuán fue amenazado en dos oportunidades. “Pará de joder. Te vamos a limpiar a vos y a tu familia”, le advirtieron en una carta. El hecho es de inusitada gravedad. Reitero una idea: se trata del funcionario judicial más relevante del país. Necesita protección y poder trabajar con tranquilidad y seguridad. Cuando le entregaron el mensaje mafioso, el fiscal estaba junto a su amigo el abogado penalista Andrés Rabinovich, quien trató de convencerlo de hacer la denuncia, pero no lo logró. “Para qué voy a hacerlo si después no pasa nada”, contó el letrado que dijo Marijuán y agregó un parte médico: “La presión le llegó a 20”.

Un día después llegó otra advertencia. Fue recibida en el despacho del fiscal por un empleado: “Decile que si apela, vamos a matar a sus hijas”. Esta vez sí hubo denuncia y Gils Carbó ordenó una custodia especial para Marijuán. La apelación a la que, supuestamente, se refiere el llamado anónimo tiene que ver con la procuradora general, ya que Marijuán la denunció por la designación de fiscales adjuntos. El juez Casanello rechazó el planteo y el fiscal federal se disponía a apelar ese fallo. No falta nada. Es un culebrón tan patético como peligroso.

En medio de esta batahola judicial, la presidenta Cristina Kirchner hizo una apuesta tan fuerte como polémica. Su equipo económico –algo así como el ministro de cinco cabezas: Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, Mercedes Marcó del Pont, Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno, sin que el orden determine importancia– anunció la creación de un bono y un certificado de depósito para blanquear capitales con fines de inversión y adquisición de inmuebles, de forma gratuita y con inmunidad para su origen. La disparada del dólar ilegal o blue y el parate en la compraventa de viviendas empujaron esas decisiones. También se estancó la creación de empleo. Unos días antes, Cristina Kirchner había descartado una devaluación abrupta, como pide “el mercado”, por lo gravoso de esa acción para los sectores populares. “Van a tener que esperar a otro gobierno”, dijo. ¿Volverán los dólares guardados en paraísos fiscales? ¿Saldrán de los colchones y cajas de seguridad los billetes yanquis encanutados? “Esto es mejor que atesorar dólares”, insistió Kicillof. Más allá de la convicción del viceministro, es sabido que el bolsillo no tiene corazón. La conducción económica se someterá, una vez aprobada la ley, a una suerte de test de confianza con resultado incierto.

Lo novedoso de la conferencia de prensa conjunta es el reconocimiento implícito de los problemas originados en el cepo cambiario, su implementación indiscriminada y en la pésima comunicación oficial. También es novedoso ver a los funcionarios responder preguntas. Los cuestionamientos al blanqueo son variados. Desde el punto de vista de la justicia fiscal, se favorece a los evasores por sobre los que cumplen. Contradice la idea de propiciar el uso de pesos, ya que volverían las operaciones en dólares al mercado inmobiliario vía los certificados. Tampoco se trata de medidas que apunten a controlar la inflación, que es uno de los factores más desequilibrantes de la coyuntura económica. Por último, los anuncios se dan en el marco de graves denuncias por lavado de dinero.

Cómo sugirió un bromista en las redes sociales: “El que esté libre de lavado que tire el primer jabón”. Por el bien de la democracia habría que reformular la frase pero no como chiste: el que no esté libre de lavado que vaya preso.

DZ/km

Fuente Especial para Diario Z
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