¿Cuál es su balance?

Siento satisfacción porque ven­go trabajando este tema desde hace muchos años, como diputa­da y en la fundación, pero esta vez me tocó abordarlo desde el Esta­do. Siempre tuve claro cuál era el rol que debía adoptar y pudimos constituir un equipo muy creativo. Esto es importante porque la histo­ria de la Asesoría Tutelar es nefasta: ha funcionado como un trueque de protección a cambio de derechos. La protección implicaba la sustitu­ción de los derechos: “Yo te protejo pero a cambio decido por vos”. No­sotros cambiamos la lógica.

Erradicaron esa práctica, pero no el fondo: la próxima ges­tión puede volver a aplicarla.

Esta rémora se mantiene: no per­miten que los niños tengan defen­sa técnica, como los adultos. Cuan­do ingresamos a la Asesoría, sabía que estábamos llegando a una ins­titución ligada al Patronato, que no debería existir. Decidimos que si íbamos a estar al frente de la AGT sería para darle otro sentido. Empe­zamos a tomar en cuenta lo que el chico quiere.

¿Qué trabajo se hizo?

Logramos perfilar una ins­titución que monitorea las políticas públicas para que no se vulneren derechos: no puede no haber camas en un hospital cuando un niño lo necesita, no puede no haber vacantes en la escuela públi­ca. Además nos planteamos no cumplir el rol de “ambu­lancia social”: no hay que hacer amparos individuales sino im­pactar en las políticas públicas.

Tratar de no individualizar…

Los gobiernos se tranquilizan si te dedicás a resolver caso a caso. Pero esto no resuelve la problemática. Entonces armamos casos colecti­vos, identificamos qué derechos es­tán siendo tan vulnerados en una ciudad tan rica como ésta. Primero intimamos porque la política debe abordar y resolver los problemas sin necesidad de recurrir a la Justicia.

¿Cómo definiría la situación de la niñez?

Los menores de edad siguen pa­deciendo un alto nivel de desam­paro. Es una situación que se da a nivel nacional, pero en la Ciudad es imposible de tapar porque hay un presupuesto enorme.

¿Qué es lo más urgente?

La vivienda. El 80% de las presen­taciones se relacionan con eso. Hay muchos derechos que se lesionan por no tener un hogar. No son co­sas que se puedan dividir: la escue­la, la salud, la vivienda. Que falte cualquiera de estas cosas provoca un efecto dominó sobre el resto. La vivienda estructura; tener una calle adonde pueda llegar una ambulan­cia; la sociabilización en un entorno saludable; la escolaridad.

¿Y cuál es la respuesta del Go­bierno?

No hay políticas de vivienda ni al­quileres sociales. La lógica es redu­cir daños y no resolver. Hay canti­dad de organismos y programas diversos, todos inconexos. Los chi­cos tienen muchísimos derechos garantizados por la norma, pero la política tiene una deuda para ce­rrar la brecha de la desigualdad.

¿Hay dos ciudades?

Sí, se ha escrito mucho al respecto. Pero se terminan haciendo ensayos sociales, estudios casi antropológi­cos de la pobreza, que no sirven. Se tienen que dejar de hacer expe­rimentos y apuntar hacia la igual­dad, desde la movilidad a través de los sistemas de transporte hasta el acceso al resto de los servicios. Se pueden hacer políticas compensa­torias. Nosotros advertimos que aún haciendo la misma escuela, no es lo mismo estudiar en Luga­no que en Belgrano.

¿Por qué?

Porque la desigualdad educati­va está dada por los cambios de maestros. Los maestros con más puntaje pueden elegir adónde dar clases y por supuesto eligen la zona norte, con lo cual los que tie­nen bajo puntaje van a la zona sur. No hemos podido corregir esto.

¿Qué le responden los funcio­narios?

Primero me discuten el diagnóstico y me reclaman que no se valora lo que se está haciendo. No compar­ten. Aunque a veces llegamos a un acuerdo, otras recurrimos al litigio judicial, algo que tratamos de no hacer en lo posible. La verdad es que hay una presión muy grande. Ahora el Tribunal Supremo de Jus­ticia de la Ciudad nos quiere limi­tar la capacidad de realizar litigios colectivos. Es una sentencia que apunta a que la AGT se dedique a tratar caso por caso. Y eso no alte­ra la lógica de las políticas públicas que vulneran derechos.

DZ/rg

Fuente Redacción Z