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La vetocracia: El Capitán Veto no para

El Ejecutivo anuló más de un centenar de leyes, incluida la que convocó al Congreso Pedagógico.

Por helena-segat
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Desde que asumió en 2007 el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó por lo menos 103 leyes, es decir el 6% de las votadas por la Legislatura. Es notable que la mayor parte de las leyes que desconoció el Ejecutivo hayan sido apoyadas también por los legisladores oficialistas.

Macri sorprendió con una nueva tanda de vetos en los primeros días de enero de 2012. Así, dio de baja a una ley que convocaba a al Congreso Pedagógico y se proponía discutir nuevos lineamientos y una ley general para la educación porteña. El proyecto, impulsado por el legislador Sergio Abrevaya había sido apoyado por el PROPRO , la Coalición Cívica y el mismo ministro de Educación, Esteban Bullrich. Según Abrevaya, el responsable del veto de Macri es «un sector de la Iglesia que no quiere abrir el debate de la Educación en la Ciudad». El Congreso Pedagógico se basaba en talleres en las escuelas en los que se podrían debatir desde los contenidos de la currícula y la paralizada ley de educación sexual hasta los subsidios que reciben las escuelas religiosas.

En el ámbito de la Educación, el Ejecutivo también rechazó la creación del Centro de Documentación Pedagógica del Bicentenario, en la biblioteca Paul Groussac de Balvanera. Macri opinó que la ley «genera una instancia desvinculada del sistema de formación docente» y «colisiona con la estructura destinada al perfeccionamiento del maestro ya existente».

También el prestigioso Teatro x la Identidad fue damnificado por la lapicera macrista, que dejó sin efecto la ley que preveía un aumento al subsidio que recibe la Asociación. Según argumentó el líder del PROPRO , con el mismo dinero que reciben desde hace tres años alcanza para solventar los costos y sostuvo que existen variadas iniciativas artísticas y que no veía motivos para darle un subsidio mayor. «Denunciamos una actitud política nefasta que implicaría un peligroso antecedente de regreso a épocas de ataque a la cultura y ocultamiento de los derechos humanos», señalaron los actores en un comunicado.

En la misma tanda de vetos cayó la norma que creaba un Registro de Autoexclusión a las salas de juego de carácter voluntario, una estrategia para ayudar a que los adictos al juego superaran su ludopatía. Había sido votada por unanimidad.

Otra importante norma vetada es la que regulaba la tenencia, utilización, producción y comercialización de precursores químicos, sustancias que puedan ser utilizadas para la producción de drogas ilegales. E El insólito argumento del gobierno macrista, olvidado de toda reivindicación de autonomía, fue que ya existía un registro en el ámbito nacional.

Tampoco quedó en pie la iniciativa del fallecido legislador oficialista Gerardo Ingaramo, que otorgó un subsidio de 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. El Ejecutivo dijo que lo vetó porque los fondos de ayuda son «para solventar gastos comunes y de administración» y no para las actividades que realiza la asociación.

En este festival, el Gobierno hasta vetó una ley que lo obligaba a colocar semáforos aptos para no videntes. El escándalo fue tal que el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado a prometer que a partir del 13 de febrero comenzarán a colocar 150 equipos para que los destinatarios puedan cortar el tránsito y cruzar. La idea es llegar a 2015 con 400 cruces adaptados para ciegos, aseguró.

Finalmente, el Gobierno no dudó en mandar al cesto de los residuos la ley que regulaba la actividad de los trapitos, votada por la más rabiosa unanimidad en noviembre.

Consultados por Diario Z, varios legisladores oficialistas que pidieron reserva de su nombre aseguraron desconocer por qué Macri veta con tanta frecuencia leyes que ellos apoyaron e incluso promovieron. Aceptan que hay una desconexión política entre el Ejecutivo y la conducción legislativa del PROPROPRO. También consideran que se deberá trabajar más en los aspectos técnicos de las normas porque muchas son anuladas por cuestiones operativas. Sin embargo, en público, los legisladores del PROPROPRO se escudan en que el veto es una potestad legítima y legal. «Una cosa es legislar o ver los temas desde la Legislatura y otra cosa muy distinta es estar sentado en el Ejecutivo y tener que aplicar las políticas que la Legislatura dispone», analizó el presidente del bloque PROPRO , Fernando de Andreis, y se mostró confiado en que los acuerdos entre bloques se seguirán dando.

La diputada de Nuevo Encuentro Delia Bisutti, en cambio, puso en duda el desarrollo del año parlamentario: «Se tornará dificultoso confiar en los macristas cuando firmen los despachos en las comisiones o cuando voten en el recinto los proyectos, ya que nada va a garantizar que ese trabajo en conjunto luego sea respetado por el Ejecutivo».

DZ/rg

 

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