Al conflicto con el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por el incumplimiento de la Ley de Basura Cero se le agrega otro problema, esta vez de carácter local. Los contratos de las empresas recolectoras de residuos -Cliba, AESA, Urbasur y Nittida- datan de 2005 y están varias veces vencidos y varios veces prorrogados.

En 2005, la Ciudad pagaba por el servicio alrededor de 400 millones. Hoy paga 1.600 a los que hay que sumar 100 millones más por el mantenimiento del Ente de Higiene Urbana, la empresa estatal que se ocupa de la recolección en la zona sur de la ciudad, la única de las seis que no está licitada. «Un total de 580 millones por encima de lo que establecen los contratos, que además están venci­dos desde hace dos años», según el auditor porteño y ex legislador Eduardo Epszteyn.

El gobierno porteño llamó durante 2010 a un proceso de consulta pública, para el diseño de los nuevos pliegos para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU). El proceso de consulta y audiencia pública se había desarrollado, con la participación de organizaciones, cooperativas de recuperadores urbanos y empresas, más o menos normalmente. Pero fracasó, y el entonces ministro, Juan Pablo Piccardo, lo prorrogó mientras el costo subía a mil millones de pesos. El año pasado la licitación quedó desierta, aunque el PRO propuso un contrato cuatrimestral, que le ahorraba el debate en la Legislatura.

«Du­rante el proceso de licitación el Gobierno de la Ciudad abrió el sobre 1 y luego no quiso abrir el sobre 2 de precios porque espe­raba un aumento más que significativo del servicio. Por otro lado, se trataba de las mismas empresas de siempre organizadas de otra manera. En ese escenario y después del escándalo que tu­vieron con Covelia, el gobierno porteño pidió a la Legislatura que votara una prórroga y autorización para licitar por 10 años, esto porque en 10 años hay más tiempo para amortizar los equipos y pagar menos. Lo voté porque se incluyeron dentro de la ley una serie de cuestiones importantes que propusimos», aseguró Epszteyn.

En la última sesión legislativa del año se aprobó la ley 4.120, que establece el marco normativo para la contratación del SPHU y prorroga los contratos para el servicio de residuos húmedos vigentes, igno­rando el pliego de los residuos secos.

DZ/km