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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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TEMAS DE LA SEMANA

La Justicia ordenó hacer refacciones urgentes en el Arancibia

El juez Gallardo ordenó colocar el ascensor para facilitar la educación de los alumnos con problemas motrices. El Arancibia es la única escuela para chicos que viven en la calle y el gobierno pretende demolerla para facilitar el paso del metrobús del Bajo 

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isauro arancibia

 

Una nota de Werner Pertot en el portal Nueva Ciudad informa que un fallo del juez Gallardo indicó que se deberá colocar el ascensor que está pendiente y que bloquea el derecho a la educación a los estudiantes con problemas motrices.

El juez también citó a la ministra de Educación,Soledad Acuña, y al ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública para que asistan o bien suspender las obras del Metrobus del Bajo. Los ministros deberán explicar por qué en la última audiencia un funcionario porteño mintió al asegurar que no existe el Metrobus del Bajo cuando las obras ya han comenzado.

El juez Gallardo había interpuesto un fallo que frenó el traslado de los docentes y la posterior demolición del Arancibia, con la que el Gobierno porteño busca despejar el camino al Metrobus del Bajo. Y citó a los funcionarios a una audiencia judicial. En esa audiencia el director general de Transporte Masivo de Buses Rápidos, Lucas Rafael Salese, aseguró que“todavía no existe Metrobus del Bajo”, que “es un proyecto en estado de desarrollo” y que ni siquiera tiene un expediente. La asesora tutelar Mabel López Oliva presentó un escrito en el que lo acusó de mentir. Cualquiera puede constatar que esta semana comenzaron las obras sobre Paseo Colón. También con una rápida búsqueda en Google se puede ver que el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, dijo que piensan demoler parte de la escuela Isauro Arancibia y trasladar el centro a un nuevo edificio.

Después de esa audiencia, el magistrado resolvió hacer una inspección ocular. Allí constató que hay una serie de obras que todavía no se hicieron. Entre ellas, instalar el ascensor que permitiría que a los estudiantes con discapacidades motrices no los tengan que subir todos los días en brazos por la escalera.

En esa inspección, López Oliva indicó que en los baños hay “inodoros rotos, desperfectos que generan inundaciones, cables colgantes” y que en el subsuelo falta reparar las cañerías y las conexiones de la tubería para evitar también que se inunde. En la escuela ya se invirtieron casi 12 millones de pesos en obras, por lo que demolerla también sería tirar ese dinero público a la basura. La obra estaba avanzando, pero la empresa que debía completarla se retiró y nunca regresó.

El juez Gallardo consideró que los plazos que se autoimpuso el Gobierno porteño (primeros meses del año próximo) son demasiado holgados para “tareas que no presentarían mayor complejidad como ser la colocación de un portón en la puerta de acceso del establecimiento, el reemplazo de vidrios, la colocación de espejos y herraje” o bien “la colocación de una plataforma para el acceso al establecimiento en silla de ruedas, así como la instalación del sistema de calefacción a gas por agua caliente en el SUM”. El juez concluyó en que el paso del tiempo atenta contra la integridad física y los derechos de los que asisten al establecimiento. Sobre la instalación del ascensor, subrayó que está pendiente desde noviembre del año pasado.

Fuente Redacción Z
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