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Actualizado: 20/09/2016 09:27:39
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La Justicia ordena darle vivienda a una discapacitada

Un tribunal le ordenó al gobierno porteño darle una vivienda a una mujer discapacitada mental, que vende comida por la calle pero ve dificultado su trabajo por “los organismos de control y la Policía”.

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La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario María Soledad Larrea hizo lugar a una medida cautelar pedida por el matrimonio integrado por Rubén Walter Romero Rodríguez y Mónica Silvia Manes para que “se le provea una solución de vivienda estable y permanente, que brinde una adecuada solución a sus requerimientos de vivienda”. Manes, de 61 años, padece “graves problemas de salud”, según prueba un “certificado de discapacidad”, y junto a Romero Rodríguez, de 59 años, “se encuentran pernoctando junto a siete familiares en una vivienda en la que deben desalojar con carácter urgente”.

El matrimonio vive allí “en calidad de ‘caseros’, siendo que quien les solicitó que cuiden la vivienda no es el dueño”. Los ingresos familiares se componen con “la pensión no contributiva por discapacidad de Mónica y el Programa Ticket Social, del cual es beneficiaria debido a su situación de inseguridad alimentaria”.

El fallo explica que la pareja “realiza venta de comida en la vía pública, pero debido al accionar de los organismos de control y la Policía, se encuentran sumamente vulnerables”.

El fallo hizo hincapié en que el “compromiso asumido por la Ciudad de Buenos Aires no se limita únicamente a la provisión de alojamiento y/o subsidios habitacionales, sino que esto se complementa con procesos de seguimiento y formación para que esas personas superen su situación de vulnerabilidad”. “La Ciudad asumió la obligación no sólo de brindar un subsidio a quienes se hallen en circunstancias de vulnerabilidad producto de la emergencia habitacional, sino además de orientar a los beneficiarios de dicha medida para que encuentren caminos o herramientas que les permitan revertir su situación de carencia”, subrayó la jueza.

En ese contexto, entendió que el gobierno porteño “estaría incurriendo en un incumplimiento de aquellas obligaciones que voluntariamente contrajo, con el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la actora, que –por su dolencia mental – estaría incluida dentro de los sectores de asistencia prioritaria”.

Por ello, dispuso como medida cautelar “ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que en el plazo de cinco días adopte las medidas necesarias a fin de garantizar a los actores asistencia habitacional suficiente y adecuada, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estos actuados”.

DZ/sc

Fuente DYN
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