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La Justicia frenó las obras para trasladar el Centro Cívico al Borda

Detectó que la zona es Monumento Histórico Nacional y que no hubo estudio de impacto ambiental.

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La Justicia frenó la obra para trasladar el Centro Cívico al sur de la ciudad, sobre los terrenos que lindan con el Hospital Borda, ya que el lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional. También se confirmó que no hubo estudio de impacto ambiental al momento de elaborar los pliegos de la licitación.

La jueza Patricia López Vergara le ordenó al gobierno porteño que «impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda» hasta que dicte una sentencia definitiva. La magistrado hizo lugar al amparo presentado por los delegados de los Talleres Protegidos del Borda y a los informes de la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico de la Defensoría General porteña a cargo de Andrés Gallardo. Además de contemplar las diversas leyes que protegen al predio por su valor patrimonial y ambiental, fundó su sentencia en la presencia entre las condiciones del pliego de licitación de las obras, de un punto que ordena a la empresa contratista a entregar «los objetos de valor científico o arqueológico» que pudieran hallarse durante las excavaciones. En este sentido, la presentación de Gallardo menciona que habría túneles, sótanos y pasadizos que no fueron relevados previamente y que conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. El amparo presentado también remarca la falta de un estudio de impacto ambiental.

Entre las irregularidades que detalló el informe de la Defensoría se destacan:
– La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999 (el 349), que comprende al «Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño». La ley 12.665 señala que «los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (…) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos».
– A raíz de esto, el 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que «hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas». La indicación no tuvo ninguna respuesta por parte de la gestión PRO.
– La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental -que implica que no se pueden cambiar el «diseño paisajístico» ni retirar los árboles existentes- y los edificios el nivel de protección cautelar.
– Bajo el lugar de construcción hay un «yacimiento arqueológico urbano», que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles -que no fueron relevados previamente- conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. «Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona», sostiene Gallardo.
– Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación «permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental», ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.

El proyecto fue presentado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre del año pasado. Tomó la idea de Jorge Telerman, es construir un megaedificio en el que se instalarán todas las oficinas del gobierno porteño, que dejará su sede frente a la Plaza de Mayo para trasladarse al sur de la Ciudad.

El 1º de agosto se adjudicó la obra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Teximco SA, Ema SA y Dal Construcciones SA. por la suma de 369 millones de pesos. Pero cuando quisieron comenzar la construcción, los trabajadores del Borda lo impidieron y la gestión PRO envió a la Policía Metropolitana a intentar desalojarlos.

Además de la Jefatura de Gobierno, se mudarían allí la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General y los ministerios de Hacienda, Espacio Público, Educación y Desarrollo Urbano. En total, irían unos 4500 empleados.

DZ/LR

 

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