La Justicia dio curso hoy a un recurso de amparo presentado por el Instituto contra la Discriminación (INADI) para que la Ciudad garantice la presencia permanente de una ambulancia del SAME en la Villa 31, donde un hombre murió hace seis días por falta de atención médica.

La jueza en lo Contencioso Administrativo porteño Elena Liberatori avaló el pedido legal, que fue elevado con el objetivo «cesar la discriminación contra los habitantes de las villas 31 y 31 bis en el goce y ejercicio del derecho a la salud y a la vida», explicó el organismo en forma oficial.

María Rachid, vicepresidenta del INADI, confirmó vía Twitter la resolución judicial y destacó esta noche que, junto a los habitantes del asentamiento, esperaba el cumplimiento del dictamen en la puerta del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) número 21.

El recurso legal solicitó al gobierno porteño la prestación «irrestricta y oportuna del servicio de ambulancia» del SAME en el asentamiento habitado por más de 25 mil personas.

Según explicó el Instituto en un comunicado, la medida de amparo obliga al gobierno de Mauricio Macri a garantizar en un plazo de 72 horas «un plan de acción» para detallar de qué modo va a garantizar la prestación del servicio de ambulancias «en todas las villas y barrios carenciados de la ciudad».

Humberto Ruiz, de 47 años, murió el martes pasado en la villa 31 debido a que los médicos del SAME se negaron a ingresar al asentamiento para asistirlo.

Como consecuencia del fallecimiento, los habitantes cortaron el tránsito en la autopista Illia para reclamar que se garantice la atención sanitaria en la villa.

La familia de Ruiz y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) iniciaron una causa judicial en la que la fiscal Penal, Contravencional y de Faltas porteña, Daniela Dupuy, ordenó el allanamiento en las oficinas del SAME.

Allí se secuestraron grabaciones y el libro de registro del organismo para constatar si el gobierno porteño incurrió en el incumplimiento del derecho a la salud y abandono de persona.

La muerte de Ruiz «no es un caso aislado sino la consecuencia de una sistemática discriminación en el acceso a la atención sanitaria de emergencia contra los que viven en villas», señaló el INADI.

DZ/km

 

Fuente Redacción Z