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La Justicia anuló el “Instructivo” por ilegítimo

En un fallo contundente, la jueza Liberatori señala que el Ministerio de Educación violó garantías constitucionales de los estudiantes y apeló a “subterfugios pueriles” modificando levemente un instructivo que la Justicia ya había prohibido en dos oportunidades.

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Ministra de Educación Soledad Acuña

La Justicia de la Ciudad ordenó a la ministra Soledad Acuña que suspenda el Instructivo contra las tomas de escuelas secundarias y que “deje sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que se deriven de la aplicación del Instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes”.

En un fallo lapidario, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori, dio curso favorable de ese modo al recurso de amparo presentado por los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva.

El fallo recuerda los fundamentos por los que ya la Justicia había prohibido la aplicación del instructivo y señala que volver a utilizarlo “configura una nueva vía de hecho administrativa más grave que la anterior de los años 2008 y 2010 atento a que el instructivo de esos años -con el cual el de ahora guarda una llamativa coincidencia sustancial-, fue declarado judicialmente nulo de nulidad absoluta e insanable”.

Agrega que, aunque Moreno y López Oliva se dirigieron a la ministra, por el Ministerio les respondió la directora de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación Dra. Paula Daniela Colombo, “que carece de competencia legal para representar a la ministra”. Pero además la respuesta incurre en contradicciones insólitas. Por un lado, niega “la existencia de cualquier protocolo o instructivo”. Por el otro, afirma que “tal “documento” viene a “respaldar el accionar de los equipos (sic) de conducción de los establecimientos educativos”, y que ese “respaldo” es a los fines de cumplir con mandatos legales que imponen el deber de garantizar la protección de la integridad de niños/niñas y adolescentes así como respecto del patrimonio existente”.

El fallo de Liberatori da varios ejemplos de autoridades escolares que elevaron actas y directamente fueron a las comisarías. Y destaca: “Resulta verdaderamente ingenua la aclaración en letras mayúsculas que textualmente dice “(NO DENUNCIAR PERSONAS)” que debió decir “Niños, Niñas y Adolescentes” y como si el hecho de omitir los nombres en la denuncia impidieran material y fácilmente la identificación de los estudiantes por las autoridades policiales y hasta por las propias autoridades educativas”.

“Es claro el burdo artilugio que evade el reproche de nulidad que al respecto quedara firme en sede judicial. La misma situación –conflicto estudiantil-y el mismo procedimiento: obligar a docentes a ir a la Comisaría para “denunciar” la situación de toma por parte de adolescentes que no los identificamos ni a sus padres, por ahora. Pareciera ese dicho vulgar que dice que si solo tengo un martillo, todo lo veré como un clavo. De este modo, queda claro que por un lado, los estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales tal como se ha reseñado por los actores y por el otro, que las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad. En efecto, lo que se constata entonces son vías de hecho administrativas vedadas por el ordenamiento jurídico”, sostiene el juez.

Al derecho constitucional de los estudiantes secundarios a expresar su disenso, las autoridades educativas responden oponiendo de forma ilegítima -ya que no cumple con los requisitos del artículo 8º- una decisión bajo la forma de instrucción del superior al subordinado jerárquico que a su vez conculca derechos personales de esos adolescentes. El subterfugio pueril de instruir a no tomar la lista de los nombres – como la vez anterior- no subsana la ilegitimidad formal y sustancial de la que adolece la instrucción de acudir a la comisaría. Ilegitimidad formal pues no hay acto administrativo, no hay dictamen jurídico previo, no hay procedimiento administrativo ni expediente en el que conste el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las decisiones de los funcionarios del Estado, e ilegitimidad sustancial por cuanto ante la presencia del conflicto -derivado de otras decisiones ministeriales- la respuesta es “castigar” y no solucionarlo.

Fuente Diario Z
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