La juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori suspendió la aplicación de un nuevo instructivo relacionado con casos de tomas de colegios de esta ciudad, confirmaron hoy fuentes de la causa.

Se trata de las llamadas “Pautas para la Convivencia Escolar”, según la resolución 643/MEGC/18 del Ministerio de Educación de la Ciudad, dictada en febrero último, luego que en setiembre de 2017 la magistrada suspendiera la aplicación de otro protocolo, según el cual las autoridades del establecimiento educacional debían hacer una denuncia penal.
“El GCBA deberá de modo inmediato dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a los alumnos como a los docentes”, había ordenado entonces la juez mediante una medida cautelar.
El nuevo protocolo, contenido en la resolución ministerial dictada hace un par de meses, desplazó la responsabilidad a los padres de los alumnos, en tanto que, en ese tipo de protesta, las autoridades del colegio debían labrar un acta dejando constancia.
Pero, ante la acción de amparo promovida por los asesores tutelares de primera y segunda instancia, Mabel López Oliva y Gustavo Daniel Moreno, junto a un grupo de padres de alumnos, la juez dispuso suspender también la aplicación del nuevo protocolo “antitomas”, hasta que el ministerio subsane algunas omisiones.
Las fuentes consultadas afirmaron que esas “omisiones” se refieren a la participación de la comunidad educativa y las entidades de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de las pautas y procedimientos ante las tomas.
En tal sentido, en su fallo, Liberatori aclaró que la suspensión de la resolución ministerial 643/18 “tendrá vigencia hasta tanto se dé debida intervención” a esas entidades, para la elaboración de las pautas o protocolo a seguir en caso de ese tipo de protesta.
Liberatori tramita esta causa por razones de “conexidad” con otro expediente, “Ruanova, Gonzalo”, que se inició hace varios años, con el mismo objeto procesal: que se dejara sin efecto un instructivo sobre cómo proceder en las tomas de establecimientos educativos.
En aquella oportunidad también se dictó una medida cautelar contra una disposición de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal (DGEGE) de esa cartera, por la que las autoridades administrativas indicaban como se debía actuar en casos de tomas u ocupación de escuelas en cuanto a que los directivos debían recabar el nombre de los alumnos involucrados para hacerlos constar en un acta.
Luego la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revisó la medida cautelar y mantuvo la suspensión solo en lo referido a la confección del acta con el nombre de quienes realizaban las tomas u ocupación.
Los asesores tutelares sostienen que “la ocupación pacífica” de los colegios se debe a la disconformidad con el criterio de las autoridades de educación plasmadas en el programa oficial conocido como “La secundaria del futuro”.

Fuente Télam