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TEMAS DE LA SEMANA

La ilusión de tener un Veraz ‘limpio’

En internet se multiplican páginas que tientan a posibles clientes con ‘borrarlos’ de bases de datos

Por Cecilia B. Díaz
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Tener un Veraz limpio es la carta de presentación para solicitar cualquier crédito e incluso para ser seleccionado en una búsqueda laboral en puestos jerárquicos. De alguna forma, es la prueba de una buena imagen del pasado financiero de un ciudadano. Por eso, estar «escrachado» en las bases de datos puede convertirse en un obstáculo económico que a muchos lleva a la desesperación y a otros les significa un verdadero nicho de mercado.

En internet proliferan páginas y avisos clasificados que publicitan servicios para «salir del Veraz» sin cancelar la obligación, en sólo diez días corridos. La receta mágica resulta atractiva para quienes necesitan mostrar un prontuario crediticio impecable, pero se pueden correr riesgos: desde revelar datos personales a destinatarios desconocidos, pagar un presupuesto por un trámite que es gratuito, hasta la desilusión de que el caso no tenga otra salida que la cancelación de la deuda.

En general, el contacto virtual consiste en que el interesado complete un formulario o envíe un e-mail con nombre, apellido, cuit, teléfono, dirección a la empresa o gestor, cuya identificación se desconoce. Luego, debe esperar la aprobación acerca de si el caso puede ser potencialmente resuelto y, obviamente, los honorarios correspondientes. De acuerdo con las promociones, los precios oscilan en 250 pesos, por cada base de dato a «limpiar».

EXPEDIENTES «$»

Los currículums crediticios conocidos como Veraz (nombre genérico que designa a las bases de datos de su tipo) son elaborados por empresas que almacenan y clasifican información sobre el cumplimiento de obligaciones comerciales tanto de personas físicas como jurídicas. Sus sistemas procesan datos de diversas fuentes provenientes de todo el país como el Banco Central, boletines oficiales, juzgados comerciales y el aporte de sus propios clientes que otorgan créditos.

Estas empresas cobran un abono por cada análisis del historial crediticio y comercial de una persona o entidad. A partir de ese informe, los posibles acreedores deciden quién puede acceder a un crédito o con quién asociarse en un negocio u operación financiera. La aparente omnisciencia del Veraz lo convirtió en un temor para muchos ciudadanos ya que una mala calificación («deudor irrecuperable») puede dañar el «buen nombre».

En este escenario, los sitios web, que prometen soluciones mágicas, no están fuera de la ley. En todo caso generan ilusiones en los usuarios, quienes postean sus historias desesperadas. Generalmente, los interesados se clasifican en tres grandes grupos: los que pagaron sus obligaciones y aún aparecen como deudores; quienes sufrieron «robo de identidad» y tienen créditos a su nombre, y los que necesitan la aprobación para un nuevo préstamo pero están en rojo.

Sin embargo, no todos ellos tienen una salida rápida. Según el artículo 26, inc. 4, de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales: «Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho».

Suele ocurrir que las empresas como Veraz, Nosis, RiesgoNet, Siisa u otras organizaciones de su tipo no siempre actualizan la información. De este modo, una deuda que superó los cinco años y no tuvo movimiento debe ser «borrada» del historial que cualquier banco, entidad de crédito de consumo, particular o firma pueda solicitar. Si no cumplen con el procedimiento, la ley prevé indemnizaciones para el ciudadano perjudicado por errores en la base de datos.

En este sentido, la legislación obliga a las bases de información a: «proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad» (art. 16, ley 25326). El lapso previsto coincide con las publicidades cibernéticas.

LIMPIAR EL BUEN NOMBRE

Existe un camino legal para que el ciudadano pueda tomar conocimiento e intervenir en la información de cualquier archivo. Como órgano de control, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) «facilita la dirección de los responsables de los bancos de datos». Así, el afectado puede enviar, gratuitamente, su pedido para acceder y/o cambiar registros a su nombre, al señalar y constar el error.

Además, el sitio web del organismo (http://www.jus.gov.ar/datos-personales.aspx/) brinda modelos de carta para hacer los reclamos ante las empresas correspondientes y en el caso de que el acceso sea denegado, la Dnpdp recibe, sin cargo, las denuncias e interviene. Si estos mecanismos son agotados, el interesado está habilitado a iniciar acciones judiciales, mediante el recurso del Habeas Data.

Estos recorridos resultan gratuitos, personales y de rápida solución, dado que el ciudadano ejerce sus derechos. Pero, aún no existen organismos tales como la Dnpdp a nivel regional o local, por lo que es un ente fuertemente centralizado.

CASOS VERACES

El sistema de datos no es infalible debido a que las empresas que aportan información no siempre actualizan y algunas conservan errores diversos. Tal fue el caso de Daniel Reta, que luego de dar de baja una cuenta en el Bank Boston, la entidad le renovó la tarjeta de crédito sin que él lo supiera. Años después, su deuda acumulada (116 pesos) le impedía realizar todo tipo de operaciones financieras. Por su parte, la Justicia ordenó a las empresas involucradas a indemnizarlo por «daño moral y económico» por la suma de 10 mil pesos.

También, el Citibank debió resarcir por más de 45 mil pesos a Enrique Oscar Prada por registrarlo como deudor, al confundir a un cliente de nombre similar, quien libró cheques sin fondo. En consecuencia, el escrache en el Veraz no sólo le impidió acceder a un crédito en otro banco, sino que sufrió un embargo a sus propiedades.

Otro caso, aún sin resolver, fue protagonizado por Guillermo Hassan, un cartonero, que figuraba en las bases de datos del Banco Central como deudor incobrable de distintas tarjetas de crédito, al alcanzar la suma de 35.800 pesos. Pero nunca adhirió a esos servicios, por lo que la causa se enfocó en un robo de identidad.

Al respecto, muchas defensorías del consumidor coinciden en el consejo de solicitar un informe Veraz propio cada seis meses. Incluso, la consulta telefónica es gratuita y permite conocer qué datos personales se están archivando y, de ese modo, evitar complicaciones a futuro.

Estas prácticas preventivas posibilitan descubrir deudas tomadas a partir de un «robo a la identidad», cuya resolución no está a «sólo un clic». Estos casos suelen originarse con la pérdida, robo de un DNI o de la información personal en internet (phishing), con los que se piden créditos flexibles en supermercados o cadenas de consumo, donde los requisitos de préstamo son mínimos.

Por esta razón, no es recomendable brindar datos personales en los sitios y los avisos publicados en la web, cuando no se puede verificar al destinatario ya que funcionan como una trampa de nuevas víctimas o bien alimentan bases para fines comerciales.

Sin duda, la tecnología influyó en la velocidad de intercambio de la información y el pasado financiero no se borra tan fácilmente. Aún no existe un mayor antivirus que tomar recaudos al momento de contratar asesoramiento y revisar los mecanismos legales que protegen los datos personales, aunque nos lleven más esfuerzo que hacer clic.

Fuente Redacción Z
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