El informe elaborado por el diputado MC Facundo di Filippo y su equipo sobre las concesiones de predios públicos por parte de la gestión de Macri es sumamente reve­lador del sesgo ideológico con el que PRO maneja los bienes públicos. Para ellos, el Estado tiene que ayudar al rico a reproducir su riqueza. Lo demás queda librado a las fuerzas del mercado.

Y al rico lo único que se le exige es que embellezca el entorno. No importa si eso genera desplazamiento de otras ofertas pú­blicas para los sectores más necesitados o de actividades culturales de disfrute de to­dos, o la privatización de la ribera. Y mucho menos si estas concesiones no generan in­gresos interesantes al Estado porteño.

Que el Grupo IRSA pague $ 42.353 de canon y el Hipódromo de Palermo nada es una clara muestra de ello. Y también el in­tento de traslado del Polideportivo Martina Céspedes, en el barrio de San Telmo, que usan las escuelas públicas de la zona, para entregar esas tierras para la construcción de un shopping.

Ahora bien, paralelamente a esto, sub­siste la vieja costumbre del ex intendente Carlos Grosso y del Concejo Deliberante de lotear el espacio público entre los “ami­gos” de la política, camuflando suculentos negocios bajo la máscara de ayuda a orga­nizaciones sociales de dudosa existencia. No podemos decir que esta mecánica haya sido impuesta por este gobierno, aunque sí reproducida.

Un caso emblemático de esta vieja costumbre es el de los llamados “bajo au­topista”, cuyas concesiones se encuentran casi en su totalidad vencidas. Existe en la Legislatura un proyecto para ordenar este tema que no pudo ser sancionado porque a la fecha el gobierno no ha podido presentar un relevamiento preciso sobre los mismos.

Como sea, legisladores y legisladoras tenemos la oportunidad de cambiar esta lógica. Por lo pronto, debemos establecer porcentajes bien nítidos sobre el destino de esos predios: uso del Estado, uso de organizaciones de bien público, uso co­mercial. Y estos porcentajes deben eva­luarse por Comunas, de manera tal que el reparto entre estos diferentes destinos sea equilibrado a lo largo de toda la Ciudad. Al mismo tiempo, las comunas y los Conse­jos Consultivos Comunales deben ejercer un control cotidiano sobre el verdadero uso de estos predios así como el estricto cumplimiento de las obligaciones asumi­das por cada concesionario.

Por último, los ingresos en concepto de canon deben ser destinados a las comunas para desarrollar actividades culturales de escala barrial.

Para gestionar a favor de los intereses populares debemos gobernar de otra ma­nera, con control ciudadano, con capacidad de veto. De lo contrario, la ideología del ne­gocio se seguirá imponiendo.

Fuente Especial para Diario Z