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La Costanera norte sigue siendo para pocos

La Justicia ordenó en 2011 a que se libere el camino de sirga en donde se emplaza el complejo Costa Salguero. Desde entonces, la empresa concesionaria y la Ciudad incumplen el fallo, según lo confirmó la Cámara de Apelaciones luego de una inspección ocular.

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Es un lugar con una vista privilegiada hacia el Río de la Plata. El complejo Costa Salguero es sede de numerosas actividades y emprendimientos y un lugar predilecto para el partido que gobierna la Ciudad. El PRO organizó allí todas sus fiestas electorales. La relación no tendría por qué ser cuestionada. Sin embargo, la empresa concesionaria Telemetrix S.A no sólo paga un canon de explotación irrisorio (100 mil pesos por mes) sino que además incumple un fallo de la Justicia que ya tiene tres años.

Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad constató que, a pesar de algunas obras realizadas, el camino de sirga no reúne los requisitos indicados en una medida cautelar dictada en 2011 por el juez Roberto Gallardo. La causa fue iniciada en el año 2009 por los entonces legisladores Facundo Di Filippo y Rocío Sánchez Andía. Según la denuncia, se buscaba garantizar el derecho al libre acceso y circulación al contorno ribereño de la Ciudad y al camino público, conocido como camino de sirga.

“Telemetrix y el Gobierno porteño no disimulan en la causa: son socios”, dijo a Diario Z Di Filippo. “Apelan juntos, presentan los mismos argumentos, recusaron a Gallardo de manera coordinada. La relación es evidente: uno de los accionistas de Costa Salguero es el esposo de la legisladora PRO Carmen Polledo, el macrismo hace sus búkers electorales ahí y, para colmo, Macri se casó con Juliana Awada en el salón que justamente se interpone en el camino de sirga”, agregó.

Gallardo había ordenado en 2011 establecer un camino de libre acceso de quince metros, con salida a la calle por ambos lados y a lo largo de todo el predio. El juez encomendó la proyección y ejecución del camino de sirga a la UBA y ordenó, entre otras medidas, a que el canon que le pagaban a la Ciudad quedara en una cuenta judicial para solventar las obras necesarias.

Si bien la Cámara confirmó que la cautelar de Gallardo no fue cumplida, al mismo tiempo revocaron –en una segunda resolución- la intervención de la UBA y la incautación del canon. Los camaristas Gabriela Seijas y Esteban Centanaro (el juez Hugo R. Zuleta no suscribió por hallarse en uso de licencia), entendieron que el juez se “excedió en sus potestades”.

DZ / fs

Fuente Redacción Z
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