La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso ayer que se practique un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, al asegurar que «no existen obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada» por una mujer víctima de una violación.
La resolución fue difundida esta noche en respuesta a un fallo judicial dictado el martes pasado por la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, quien hoy fue apartada de la causa por la Cámara Civil.

Durante la jornada, el nuevo magistrado al frente del caso, Miguel Ricardo Guiraldes, había aceptado las apelaciones presentadas por la mujer que solicitó someterse a un aborto no punible y el gobierno porteño, que había autorizado la intervención quirúrgica en un hospital público.

En un fallo firmado por seis de sus integrantes, la Corte Suprema resolvió esta noche suspender la ejecución de la medida cautelar firmada por la jueza Rustán de Estrada.

Además, comunicó a las autoridades de la Ciudad que, ante el pedido de realizar el aborto no punible, «deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolución judicial que suspendió» la intervención.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, según destacó un comunicado de la Corte Suprema, sostuvieron su decisión en el fallo emitido el 13 de marzo pasado.

Ese día, el tribunal ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación, por lo que la interrupción del embarazo no está supeditada a un trámite judicial.

«La medida que se adoptará», dijo el máximo tribunal respecto de la interrupción del embarazo, «es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles».

La Corte Suprema intervino en el caso tras recibir el planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que defina si es ese fuero o el civil el que debía actuar ante el expediente y, en consecuencia, autorizar o mantener suspendido el aborto.

La jueza Rustán de Estrada fue apartada hoy de la causa por la Cámara Civil, que asignó el expediente al magistrado Güiraldes, quien aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y el gobierno porteño.

La Cámara Civil resolvió «disponer que este proceso quede radicado para su posterior trámite ante el juzgado civil con competencia exclusiva en asuntos de familia número 56», a cargo de Güiraldes, dice el texto al que accedió DyN.

En el expediente, que atravesó varios frentes judiciales, quedaron involucrados el jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, denunciado penalmente por legisladores porteños por difundir datos sobre el caso; los abogados de la Asociación Pro Familia, que pidieron que se suspenda el aborto; y la jueza Rustán de Estrada, cuestionada penalmente y ante el Consejo de la Magistratura.

El director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por su parte, fue denunciado por el legislador porteño Alejandro Bodart, por «dejar filtrar los datos confidenciales que permitieron el escrache y el amparo medievales», explicó ayer el diputado.

El abogado de la mujer embarazada, víctima de trata, Pablo Vicente, no descartó que la interrupción del embarazo, que estaba previsto el martes en el Hospital Ramos Mejía, se concrete en la provincia de Buenos Aires.

«Entiendo que sí, se está evaluando esa posibilidad, pero en tal caso se hará con todas las reservas del caso», dijo el abogado en declaraciones a Radio del Plata, al responder si podría eludirse la decisión de la jueza Rustán de Estrada mediante realización del aborto en la provincia. En declaraciones a otro medio, Vicente expresó luego que la mujer «está angustiada, es una situación horrible, viene de vivir situaciones difíciles y está siendo revictimizada por este grupo ultra católico y la Justicia».

«Ella no está hospitalizada, pero lo que nos han manifestado es que ningún médico del Ramos Mejía va a realizar la intervención, existiendo una medida bochornosa que disponga otra cosa», explicó el abogado de la mujer embarazada.

El aborto no punible, el primero en la ciudad tras la reglamentación del protocolo para el sistema de salud en la Capital Federal, debía realizarse el martes en el Hospital Ramos Mejía.

La interrupción del embarazo fue suspendida el mismo día por la jueza a raíz de una medida presentada por el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Pro Familia, quien pidió que no se realice el aborto, apelada ayer por el abogado de la mujer y el gobierno porteño.

DZ/sc