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TEMAS DE LA SEMANA

Justicia, justicia perseguirás

Por Reynaldo Sietecase. Mejorar su funcionamiento es una cuestión fundamental y que ya se está instalada en la agenda pública. Es indispensable un debate abierto, honestidad intelectual y buena fe.

 

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El principal problema de la Argentina es la Justicia.” Escribí esta frase por primera vez hace más de quince años. Fue en la contratapa del diario La Capital de Rosario. En esa nota hacía referencia a la maraña de impunidad que se había tejido desde el poder en torno al atentado contra la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. En estos años, la frase se convirtió en un latiguillo doloroso. Ni la crisis política, ni la malaria económica, ni la desocupación, ni siquiera la inseguridad modificaron este ranking. “El principal problema de la Argentina es la Justicia”. Su ineficacia y su alto nivel de venalidad fueron garantes de impunidad. Rara vez los poderosos reciben castigo penal. Y esto abarca tanto a funcionarios corruptos como a empresarios inescrupulosos y lobbistas. Dinero o contactos políticos los mantienen al margen de cualquier sanción efectiva. Para utilizar una imagen del Martín Fierro: la Justicia es como tela de araña, “el bicho grande la rompe, al bicho chico lo atrapa”.

En este contexto, la propuesta de modificar el sistema judicial es una idea que no debería tener ateos entre la ciudadanía. Hacerla más eficiente, democrática, abierta y rápida, menos burocrática y menos corporativa, es un desafío para todo el arco político. Impulsar la transformación con el objetivo de “domesticar” jueces a los que no se controla o cercenar la autonomía de aquellos que suelen contradecir las opiniones o intereses del gobierno, es malversar una propuesta necesaria y largamente postergada. 

Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aceptó la necesidad de modificaciones. “Estamos de acuerdo con que el Poder Judicial debe cambiar, y esos cambios deben ser en beneficio del pueblo”, señaló en su discurso conmemorativo de los 150 años del Alto Tribunal y agregó “el pueblo quiere una justicia más accesible y rápida”. También pidió un régimen procesal especial para las tragedias. 

Después, en la misma pieza oratoria sembró definiciones para todos los gustos, casi una constante en esta Corte. “Las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales” o “en los partidos de fútbol nadie cambia el reglamento o al árbitro para ganar”, advirtió y le permitió a Clarín publicar en tapa: “Dura advertencia de la Corte por la presión del gobierno”. Además defendió la libertad de expresión y cuestionó el uso de la publicidad oficial como forma de censura. 

Pero también les marcó límites a las corporaciones y le hizo un guiño al Gobierno: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con la mayoría del pueblo, con el Ejecutivo y el Legislativo”. Ideas como ésa, le dieron a Página/12 la posibilidad de titular con otro textual del presidente de la CSJ: “Éste es el momento para dar un giro al sistema judicial”.

No asistieron al encuentro ni el ministro de Justicia, Julio Alak, ni la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, quien 24 horas antes de que hablara Lorenzetti había sentenciado: “La Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Salvo en el inexplicable término “ilegítima”, la descripción no es exagerada. La ausencia de los funcionarios fue una respuesta torpe sugerida por la máxima autoridad de la Nación. El imprescindible debate para cambiar el Poder Judicial no merece berrinches ni chicanas. 

Esta semana, medio millar de funcionarios judiciales y académicos se reunieron en la Biblioteca Nacional para expresar su apoyo a un proceso de cambios que consideran indispensable. Rechazan la noción corporativa de las asociaciones de magistrados y su permanente aval al statu quo.

Como ocurrió con la Ley de Servicios Audiovisuales otra vez el tema es el cómo no el qué. Lo señalamos en varias oportunidades: si la norma que regula el mercado de medios sólo se ejecuta para enflaquecer al grupo Clarín no sólo se estaría malversando el objetivo de la norma sino que se traicionaría a los miles de argentinos que contribuyeron a su elaboración. Proponer cambios en el Poder Judicial sólo para amoldar el mismo a las necesidades del Ejecutivo conllevaría un retroceso de varias décadas y un abuso repudiable.

Una de las medidas más elogiadas tomadas por Néstor Kirchner en los albores de su mandato, fue el cambio de la Corte Suprema heredada del menemismo. Un tribunal impresentable que se transformó en herramienta del descuartizamiento del Estado. Kirchner aportó, además de nombres prestigiosos a la nueva Corte, un decreto de autolimitación en las designaciones de los magistrados que tiene carácter ejemplar. Cualquier propuesta de cambio debe estar en esa línea. 

Quedó demostrado con claridad que cambiar la cabeza del Poder Judicial fue, apenas, un paso necesario pero insuficiente. Que Norberto Oyarbide sea el nombre más emblemático del fuero federal revela los límites que tuvo la propuesta de renovación impulsada por el Gobierno en 2005 y la funcionalidad de algunos magistrados a las necesidades tanto del poder político como de los grupos económicos. 

El debate que acaba de abrirse en el país requiere como condimentos fundamentales: buena fe, honestidad y la supremacía del interés general por sobre las mezquindades políticas o sectoriales. De lo contrario el ciudadano de a pie, ese que tiene miedo de entrar en los tribunales hasta cuando tiene que hacer valer sus derechos, se verá nuevamente frustrado.

DZ/sc

Fuente Redacción Z
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