El abogado José Iglesias, padre de Pedro, una de las víctimas de Cromañón, y María Luján Rey, madre de Lucas, uno de los muertos del accidente de trenes de la Estación Once en 2012, serán parte de la causa Time Warp como “amicus curiae” –amigo de la corte, en latín-. Su función es asesorar al tribunal.

“Ninguna de estas tragedias podrían haber sucedido sin la complicidad del Estado”, dijo Iglesias que, al igual que Rey, debió investigar el entramado de complicidades y corrupción que le mató a su hijo.

“Ninguna de estas tragedias podrían haber sucedido sin la complicidad del Estado”

Para Iglesias la fiesta electrónica pudo haber sido un Cromañon, la única diferencia fue que “en vez de bengalas hubo pastillas”.

“Son unos asesinos. Tanto los organizadores como los de la Agencia de Control, todos. Había más de veinte mil personas en un lugar habilitado para trece mil, es una locura”, soltó Iglesias, que esta mañana se presentó en el juzgado de Sebastián Casanello para pedir participar de la causa.

Iglesias insiste en que no se trata de un problema de drogas ni de inspectores –“los inspectores son unos perejiles”, dice-. Para el abogado, el problema está en la corrupción en la estructura de control de la Ciudad, en la “cabeza” de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

“En 2010 Mauricio Macri como jefe de Gobierno autorizó por decreto las fiestas privadas y los espectáculos públicos con fiscalización privada. Además de inconstitucional es una medida para que los privados hagan sus negocios y el Estado se desentienda”, explicó Iglesias.

En 2010 Mauricio Macri como jefe de Gobierno autorizó por decreto las fiestas privadas y los espectáculos públicos con fiscalización privada.

El abogado, que representa a una parte de los familiares de las víctimas de Cromañón, cuenta que antes de ese decreto las fiestas privadas –de esta magnitud- no existían. Esos eventos sólo se podían hacer en los boliches habilitados y con permisos adecuados, los Clase C.

“Después de Cromañón, los controles se pusieron más estrictos y para hacer un recital había que tener un permiso especial. Como esto era muy costoso para los privados, Macri saca el decreto y privatiza la fiscalización”, sostiene y cuenta que a partir de entonces la fiestas privadas ponen seguridad, médicos y ambulancias privadas que controlan ellos mismos.

Las primeras declaraciones de las autoridades porteñas después de la Time Warp fueron que los organizadores “cumplieron con todos los requisitos para su habilitación”. Según la AGC, los pabellones de Costa Salguero estaban habilitados para 13.000 personas. De hecho, el titular del organismo de control, Matías Álvarez Dorrego, corroboró esta información, el lunes pasado, en una reunión de urgencia en la Legislatura, y dijo que a las 3 de la mañana los inspectores “constataron la venta de 10.900 tickets”.

Según la AGC, los pabellones de Costa Salguero estaban habilitados para 13.000 personas.

Sin embargo, las declaraciones de los testigos y las primeras investigaciones del fiscal Federico Delgado iban en otra dirección: hacinamiento, calor y falta de agua. El juez Casanello confirmó las sospechas en los mensajes de WhatsApp entre los organizadores de la fiesta. Hablaban de 20.500 personas, 7.500 más de la capacidad permitida.

Los tres inspectores encargados de la habilitación y el control del lugar (Gustavo Alberto Herms, Néstor Ricardo Cella y Pablo Germán Fontanellas) fueron citados a indagatoria. Hasta que el juez defina su situación procesal no pueden salir del país ni disponer de sus bienes.

 

DZ/ah

Fuente Redacción Z