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TEMAS DE LA SEMANA

Jorge Martín Irigoyen: ‘El gobierno parece excederse en los límites’

El asesor letrado de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Activi­dades Inmobiliarias.

Por Karin Miller
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Jorge Martín Irigoyen, asesor le­trado de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Activi­dades Inmobiliarias (Caphai) y miem­bro del estudio jurídico Martín Irigo­yen, Rossi y Asociados, cuestionó el criterio de las nuevas disposiciones del gobierno porteño al suponer que exceden el «límite de su poder de po­licía». También opina que el Registro Público de Administradores debería ser reemplazado por un colegio públi­co que regule la actividad.
-¿Cómo recibe esta novedad de la digitalización de las expensas?
-Por un lado, es bueno y entendible que el Gobierno de la Ciudad quiera re­formular la liquidación de expensas para unificar el formulario de los propietarios. A esto no le veo objeción desde el punto de vista jurídico. De hecho, en la práctica, la liquidación de expensas ya guarda hoy en día cierta similitud. Pero lo que no co­rresponde es obligar a los administradores forzosamente a volcar gastos de expensas en internet, porque esto atenta con el espí­ritu de relación privada que tiene la activi­dad. Se viola la autonomía de la voluntad: no es posible saber si los administradores tienen ganas de que se cuelguen estos da­tos privados en internet. El Gobierno de la Ciudad parece excederse en los límites de poder de policía.
-¿Y esto podría tener alguna conse­cuencia?
-En la práctica termina siendo muy minu­cioso y a lo que lleva es a que desaparez­can los pequeños administradores, porque exige una carga horaria mayor para volcar toda esa información, que requiere a su vez aumentar los honorarios de los admi­nistradores.
-¿Están preparados los administrado­res para esto?
-Yo creo que no, desde el punto de vista técnico no todos pueden hacer la rendición de forma digitalizada. A los administrado­res se les exige cada vez más responsabili­dades y nadie busca mejorar la calidad de los servicios.
-¿Y esto cómo se resuelve?
-Llegó la hora de profesionalizar la actividad del administrador, que exista una carrera de administrador de propiedad horizontal. Un administrador debe saber derecho, conta­bilidad, administración de empresas, arqui­tectura y hasta algo de psicología. Hoy nadie piensa en preparar a un administrador que tiene tantas responsabilidades.
-¿Está a favor de la creación de un Colegio Público de Administradores?
-Sí, debería existir una colegiatura. Esta institución va a mejorar el control de los ad­ministradores y no hay que tenerle miedo, porque no implicaría un aumento de sus ho­norarios. Los honorarios se van a seguir pac­tando de manera privada entre el consorcio y el administrador.
-¿Qué opina sobre el funcionamiento del Registro Público de Administra­dores?
-Nosotros consideramos que lo ideal sería la colegiación, en donde el colegio inscriba a los propios matriculados ante la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a su funciona­miento, en lo particular yo he presentado muchos recursos de amparo porque unos 4.000 administradores fueron dados de baja masivamente por Defensa del Consumidor simplemente porque no habían cumplido con un reempadronamiento. Cuando uno aplica una sanción así, tiene que obligato­riamente notificar previamente al posible sancionado. También le vemos problemas edilicios: estuvo mucho tiempo cerrado y está funcionando a medias. Aunque tengo una buena opinión de la directora que está actualmente, Gabriela Saldivia.
-¿Cuál es su opinión sobre el funcio­namiento de la ley 941, modificada por la 3254? La Caphai la cuestionó duramente y presentó ya varios recur­sos de amparo en su contra.
-Sí, consideramos que viola la Constitución Nacional porque es opuesta a la ley nacio­nal de propiedad horizontal. Y una ley local no puede modificar a una nacional. En se­gundo lugar, porque la relación entre pro­pietarios y administradores es un mandato que está regulado por el derecho privado. Es una relación de confianza. Esta ley 941 establece una relación entre propietario y administrador como si fuera de «consumo». Cuando en realidad los administradores no ofrecen sus servicios masivamente como en una empresa de telefonía celular. Y en ter­cer lugar, el seguro de caución nos parece una barbaridad, porque para tenerlo es ne­cesario contar con un patrimonio determi­nado, con lo cual discrimina a los adminis­tradores según su patrimonio. Atenta contra la libertad de trabajo.
-¿Cómo ve que evolucionan los hono­rarios respecto de la inflación?
-En el último año, lo que menos se ha toca­do son los honorarios de los administradores. Prácticamente no han aumentado.

Datos de perfil:
* Es abogado. «Martín es mi primer apellido», aclara para despejar una confusión habitual.
* Tiene 42 años, está casado y tiene tres hijos.
* Es porteño, vive en Barrio Norte y practica natación, tenis y fútbol. Se define como «hincha y socio de Boquita».

DZ/LR

 

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