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TEMAS DE LA SEMANA

Inspectores que no alcanzan

La Ciudad tiene sólo 923 inspectores para monitorear desde obras en construcción hasta supermercados

Por helena-segat
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La gente piensa que los inspectores somos to­dos truchos y coimea­bles. Pero no es así. Yo no duermo cuando pienso en la responsabilidad que tengo, pero no puedo hacer mucho. Clausu­ro una fábrica y en cinco minutos está funcionando. Aveces, la Policía se nie­ga a ayudarme a po­ner la faja de clausura. Hay un tema estructu­ral que supera la buena voluntad que yo pueda tener», relata uno de los 923 inspectores que controlan el funcionamiento de la Ciudad.

Los derrumbes del gimnasio de Villa Urquiza y del boliche Beara de Palermo que ocasionaron la muer­te de cinco personas pusieron en la mira al cuerpo de inspectores por­teño. Este mismo grupo ya lo es­tuvo luego de Cromañón. Sin em­bargo, ellos se defienden: aseguran que las clausuras se levantan antes de que la situación irregular que se detectó se normalice y cuentan que traba­jan bajo la modalidad de «contrato trucho», cuando la Organiza­ción Internacional del Trabajo (OIT) reglamenta que los inspectores de­ben ser empleados de planta per­manente. La Agencia Guberna­mental de Control, creada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, meses después de que asumió, es un ente autárquico que concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos privados, las obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de alimentos. Esta re­partición cuenta con 818 inspecto­res. Por otra parte, la Dirección Ge­neral de Protección del Trabajo que depende de Desarrollo Económico, cuenta con 105 inspectores que se ocupan de fiscalizar las condiciones de trabajo. En total, 923 inspecto­res recorren la Ciudad para contro­lar posibles infracciones.

Cobran entre $3.000 y $3.500 y pueden ser arquitec­tos, ingenieros, licen­ciados en Seguridad e Higiene o técnicos en Seguridad e Higiene. Tienen responsabili­dad legal sobre lo que suceda en los lugares que inspeccionan y la negligencia les puede costar la matrícula ha­bilitante. Las inspec­ciones, en la mayoría de los casos, surgen por orden de la direc­ción o de algún tra­bajador, que la pue­de hacer de manera anónima o respalda­do por un gremio.

La semana pasada, el dueño de un geriátrico baleó a dos ins­pectores que intentaban contro­lar el lugar. Sin embargo, las agre­siones son cotidianas. A principios de abril inspectores de la Dirección General de Protección del Trabajo decidieron clausurar el lavadero El Lucero, que ganó la licitación lava­do de ropa de cama de cinco mil camas de los hospitales porteños, porque el edificio tenía 29 infrac­ciones. El dueño del establecimien­to se negó a aceptar la clausura y les indicó a los operarios que cor­taran la calle. Minutos después, un agente de la Policía Federal se negó a ayudar al inspector a po­ner la faja de clausura mientras se tapaba la placa identificadora con la mano. Finalmente, el lavadero se clausuró formalmente pero una semana después hubo una nueva inspección que rápidamente levan­tó la medida argumentando «que se cumplimentaron normas más importantes y para las otras se les dio un plazo». El Lucero tiene una causa penal pendiente. Los profe­sionales denuncian además que las multas rara vez se pagan: muchas veces el infractor negocia en forma irregular el pago o abona el «pago voluntario», una cifra mucho me­nor de lo estipulado e insignifican­te para muchos empresarios.
Ante esa complicada situa­ción laboral, el 22 de junio secre­tario general de ATE Capital, Ro­dolfo Arrechea, le envió a Macri una carta documento informán­dolo sobre la situación. Un grupo de inspectores porteños logró re­unirse con Javier Ibáñez, flaman­te presidente de la Agencia Gu­bernamental de Control porteño, que en ese momento era jefe del Gabinete de Asesores del Ministe­rio de Desarrollo Económico. Pero no lograron más que el compro­miso formal de solucionar la situa­ción precaria en la que trabajan.

Hoteles que no cumplen las normas para evacuación, edificios que son habitados antes de que funcionen los servicios, excavacio­nes y edificaciones irregulares y bo­liches que funcionan en casas parti­culares son algunas de las postales de una Ciudad con un control, por varios motivos, deficiente. Fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGN), al ser consultadas sobre la existencia de algún plan en marcha para mejorar el área de ins­pecciones, aseguraron que «se tra­baja para perfeccionar el área, que es muy compleja. Se realizan cursos de capacitación permanentes para todos los inspectores».

«Sería ideal incorporar a los inspectores a la planta permanen­te, pero en la práctica es casi impo­sible de realizar. De todos modos se van realizando pases a planta en forma paulatina y en marzo de 2011 habrá otra tanda de pases. Sería imposible pasar a todos jun­tos», respondieron desde la AGN cuando fueron consultados sobre la situación laboral irregular que tienen los inspectores. Además, agregaron que «el tema de la con­tratación es complejo y hay mu­chos criterios para evaluarlo, pero es una materia pendiente la de ir mejorando la situación laboral de todos los inspectores. No se trata de aumentar en número el plantel inspectivo, si no en que la progra­mación operativa sea efectiva».

Un trabajo precario

«Los inspectores tenemos con­trato de locación de servicios o so­mos Decreto 948 y Decreto 959. Supuestamente, en marzo de 2011 pasaríamos a planta los 948 y 959. Pero lo mismo nos dijeron en mar­zo de este año y no pasó nada. Por otra parte, no mantendríamos la antigüedad», explica un inspec­tor. Lo cierto es que con esta prác­tica el gobierno porteño incumple el Convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo de 1947 que la Argentina ratificó en 1954. El ar­tículo 6 establece que «el personal de inspección deberá estar com­puesto de funcionarios cuya situa­ción jurídica y cuyas condiciones de 5servicio les garanticen la estabili­dad en su empleo y los independi­cen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior in­debida». En junio, la Sala I de la Cá­mara porteña de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tri­butario consideró que una multa impuesta por un inspector a un in­fractor privado era injusta. «La con­tratación bajo la modalidad de lo­cación de servicios por parte del GCBA atenta contra la efectividad de la propia inspección prestándo­se a que la misma sea tachada de nula. La producción de un acta de constatación realizada por un ins­pector que no es funcionario públi­co de carácter permanente clara­mente conculca el interés público y se convierte en un acto nulo caren­te de efectos. La circunstancia de que la actora sólo se haya limitado a indicar que no se cumplió con el convenio de la OIT no revierte la si­tuación presentada que ante el in­cumplimiento, por parte del Go­bierno, del convenio internacional corresponde que la sentencia de primera instancia sea revocada en todas sus partes», aseguró la jueza Inés Weinberg en la sentencia. Los inspectores denuncian que muchos infractores están citando esta juris­prudencia para que se invaliden las clausuras y les devuelvan el dinero que pagaron por pago voluntario. No sólo la Justicia detectó las irre­gularidades. En abril, la Auditoría General porteña, denunció la falta de inspectores y falencias en el sis­tema. «Hay dos informes realizados por la Auditoría, elevados tanto a la Legislatura como al Ministerio. En los dos informes destacamos como todos los años, que faltan inspec­tores. Pero además, son inspecto­res que están mal contratados y tie­nen un superior que no sabe nada de esto», explicó la auditora San­dra Bergenfeld. Las fuentes consul­tadas aseguran que la mayoría de los inspectores sospechados de co­rrupción, también en gestiones an­teriores, siguen trabajando. Des­de la gestión explican que, a pesar de la modalidad bajo la que están contratados, no es sencillo despe­dir a un inspector porque el estatu­to municipal pide una serie de con­diciones, de testigos y de firmas difíciles de reunir. Aseguran que la gestión del PRO duplicó el núme­ro de agentes que tuvo la gestión Ibarra-Telerman. Además, advier­ten que hubo 20 casos de corrup­ción comprobados y que los agen­tes fueron cesanteados.

 

Fuente Redacción Z
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