La escena se repite por miles. La ciudad en la que más se construye y que, paradójicamente, tiene 340 mil viviendas vacías (se­gún el último censo), es también la ciudad que mayor proporción de desalojos sufre, con todo lo que implica la carga violenta y estigma­tizadora de convertirse en un des­alojado. La escena más reciente se produjo el 2 de octubre: en un de­rruido conventillo del barrio de La Boca, unas 20 familias recibieron la sorpresiva visita de la Policía Me­tropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y golpes logró des­pejar la vivienda de intrusos. Niños, embarazadas, hombres, todos a la calle. Fue una señal de adverten­cia. Desde el Frente Darío Santillán sugirieron: «La violencia empleada tuvo un sentido ejemplificador, un mensaje para quienes estén ocu­pando casas».

«Que este caso haya tomado estado público a través de los me­dios no significa que sea el único, todo lo contrario», resaltó Jorge Abasto, miembro de la Coordina­dora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). «Todas las organizaciones que trabajamos la problemática es­tamos percibiendo un incremento de los desalojos, sobre todo violen­tos», remarcó. Desde el Movimien­to de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ratificaron esta sensación: «Desde hace algunos meses la cosa se puso brava en la zona sur».

Los esfuerzos que se invierten en equi­par a la Metropolita­na (cuyo presupuesto se ampliará en un 20% en 2013, según los números enviados por el Ejecutivo a la Legislatura), no tie­nen -al menos- su correlato en dos áreas clave: estadísticas y solu­ciones habitacionales. «El Gobier­no de la Ciudad debería tener los números de esta problemática que aqueja a miles de personas, pero no tiene absolutamente nada. No hay datos oficiales», señaló a Dia­rio Z la jefa del Área de Vivienda de la Defensoría del Pueblo, Silvina Pennella. «Hoy estamos peor que hace unos años, porque no existen políticas efectivas para aquellas personas que están en situación de calle y hasta la Corte Supre­ma de Justicia le exigió a la Ciudad mayores esfuerzos para garantizar el acceso a la vivienda», agregó.

Según Pennella, en Buenos Aires la ausencia de políticas habitaciona­les se conjuga con un dato insos­layable: el aumento del precio de la tierra que presiona hacia abajo: «Las familias desalojadas terminan viviendo en hoteles-pensión irre­gulares, en villas de emergencia o directamente en la calle».

Subsidios
Para alcanzar una aproximación de cuántos desalojados tiene la ciu­dad, las organizaciones sociales y los asesores de los legisladores re­curren al número de subsidios que se otorgan en el marco del Progra­ma de Atención para Familias en Si­tuación de Calle, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. «Resulta una herramienta efectiva porque este subsidio cons­ta de 10 cuotas (que van desde los 700 a los 1.200 pesos por grupo fa­miliar) y se otorga una vez que la fa­milia fue desalojada», detalló Abas­to. Es decir: se puede medir por año y cantidad. Todo gracias a que en 2008, el jefe de Gobierno firmó un decreto (960/08) que cambió la modalidad de la ayuda: ya no la darían preventivamente para frenar el desalojo, sino una vez que las familias se quedaran sin techo.

Desde el organismo comandado por Carolina Stanley aclararon que los desalojos son ordena­dos por la Justicia y que el Ministerio entra en ac­ción «sólo una vez que el problema afecta a las fa­milias». «En lo que va del año, Desarrollo Social prestó asistencia solicita­da por la Justicia en 165 desalojos, en los que fueron incorporadas 649 familias con un subsidio monetario para reforzar su ingreso con fines ha­bitacionales». Este universo confor­ma sólo una porción de los afecta­dos, ya que se suman a los que ya reciben ayuda por parte del Estado porteño.

Según números a los que acce­dió Diario Z, en 2009 se registró un pico con 13.474 subsidios por familia (cuatro integrantes en pro­medio), un total de 53.896 perso­nas. En 2010 ese número descen­dió a 7.965 familias. Sin embargo, el año pasado -últimos datos dis­ponibles- el número volvió a as­cender a 9.199 hogares (36.796 personas). «Muchos logran que los subsidios continúen a través de medidas judiciales una vez que vencen, pero la gran mayoría se queda sin la ayuda y termina en los paradores nocturnos, la calle, la vi­lla, hoteles irregulares o se van de la ciudad», explicó Pennella.

«Cada año se suman, en pro­medio, cinco mil grupos familiares desalojados», indicó Jorge Abasto, quien al mismo tiempo advierte: «Esta situación expresa la gravedad de la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires, mientras la vivien­da sigue siendo una reserva de va­lor y no un valor social. ¿Cómo se explica que la Capital tenga me­nos habitantes que en 1970 y hoy haya medio millón de personas con problemas de acceso a la vivienda y 340 mil casas vacías?».

Todos concuerdan en que las políticas del gobierno porteño no están enfocadas en estos sec­tores más vulnerables a la acción del mercado. «La construcción del Centro Cívico en los terrenos del hospital Borda en Barracas suma­do al proyectado Distrito de las Artes (La Boca) y el Polo Tecno­lógico (Parque Patricios) son po­líticas orientadas a elevar el pre­cio de la tierra e indirectamente expulsar a los pobres», manifes­tó el arquitecto Gustavo Cañave­ral, que trabaja en un proyecto de recuperación del Riachuelo.

«Macri no tiene políticas de vivienda», sentenció la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sán­chez Andía. El ejemplo que ofrece la legisladora es contundente: en la última audiencia de la Corte Su­prema para informar los avances del cumplimento del fallo Men­doza -que ordena el saneamien­to del Riachuelo-, cuando le tocó exponer al Gobierno de la Ciu­dad sobre la relocalización de fa­milias que viven en la margen del río «nos encontramos con excu­sas vergonzosas». «El gobierno porteño se comprometió a cons­truir 1.826 viviendas para el 15 de diciembre de 2012. El funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) Iván Kerr explicitó lo que veníamos denunciando hace tiempo: de las 1.826 viviendas sólo fueron entregadas 192 a me­dio terminar y sin acceso a servi­cios públicos, y las 1.634 restantes no serán entregadas en el térmi­no previsto, muchas de ellas care­cen de planes de obra y otras ni siquiera tienen un terreno asigna­do», concluyó Sánchez Andía.

 

DZ/LR