La escena se repite por miles. La ciudad en la que más se construye y que, paradójicamente, tiene 340 mil viviendas vacías (según el último censo), es también la ciudad que mayor proporción de desalojos sufre, con todo lo que implica la carga violenta y estigmatizadora de convertirse en un desalojado. La escena más reciente se produjo el 2 de octubre: en un derruido conventillo del barrio de La Boca, unas 20 familias recibieron la sorpresiva visita de la Policía Metropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y golpes logró despejar la vivienda de intrusos. Niños, embarazadas, hombres, todos a la calle. Fue una señal de advertencia. Desde el Frente Darío Santillán sugirieron: «La violencia empleada tuvo un sentido ejemplificador, un mensaje para quienes estén ocupando casas».
«Que este caso haya tomado estado público a través de los medios no significa que sea el único, todo lo contrario», resaltó Jorge Abasto, miembro de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). «Todas las organizaciones que trabajamos la problemática estamos percibiendo un incremento de los desalojos, sobre todo violentos», remarcó. Desde el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ratificaron esta sensación: «Desde hace algunos meses la cosa se puso brava en la zona sur».
Los esfuerzos que se invierten en equipar a la Metropolitana (cuyo presupuesto se ampliará en un 20% en 2013, según los números enviados por el Ejecutivo a la Legislatura), no tienen -al menos- su correlato en dos áreas clave: estadísticas y soluciones habitacionales. «El Gobierno de la Ciudad debería tener los números de esta problemática que aqueja a miles de personas, pero no tiene absolutamente nada. No hay datos oficiales», señaló a Diario Z la jefa del Área de Vivienda de la Defensoría del Pueblo, Silvina Pennella. «Hoy estamos peor que hace unos años, porque no existen políticas efectivas para aquellas personas que están en situación de calle y hasta la Corte Suprema de Justicia le exigió a la Ciudad mayores esfuerzos para garantizar el acceso a la vivienda», agregó.
Según Pennella, en Buenos Aires la ausencia de políticas habitacionales se conjuga con un dato insoslayable: el aumento del precio de la tierra que presiona hacia abajo: «Las familias desalojadas terminan viviendo en hoteles-pensión irregulares, en villas de emergencia o directamente en la calle».
Subsidios
Para alcanzar una aproximación de cuántos desalojados tiene la ciudad, las organizaciones sociales y los asesores de los legisladores recurren al número de subsidios que se otorgan en el marco del Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. «Resulta una herramienta efectiva porque este subsidio consta de 10 cuotas (que van desde los 700 a los 1.200 pesos por grupo familiar) y se otorga una vez que la familia fue desalojada», detalló Abasto. Es decir: se puede medir por año y cantidad. Todo gracias a que en 2008, el jefe de Gobierno firmó un decreto (960/08) que cambió la modalidad de la ayuda: ya no la darían preventivamente para frenar el desalojo, sino una vez que las familias se quedaran sin techo.
Desde el organismo comandado por Carolina Stanley aclararon que los desalojos son ordenados por la Justicia y que el Ministerio entra en acción «sólo una vez que el problema afecta a las familias». «En lo que va del año, Desarrollo Social prestó asistencia solicitada por la Justicia en 165 desalojos, en los que fueron incorporadas 649 familias con un subsidio monetario para reforzar su ingreso con fines habitacionales». Este universo conforma sólo una porción de los afectados, ya que se suman a los que ya reciben ayuda por parte del Estado porteño.
Según números a los que accedió Diario Z, en 2009 se registró un pico con 13.474 subsidios por familia (cuatro integrantes en promedio), un total de 53.896 personas. En 2010 ese número descendió a 7.965 familias. Sin embargo, el año pasado -últimos datos disponibles- el número volvió a ascender a 9.199 hogares (36.796 personas). «Muchos logran que los subsidios continúen a través de medidas judiciales una vez que vencen, pero la gran mayoría se queda sin la ayuda y termina en los paradores nocturnos, la calle, la villa, hoteles irregulares o se van de la ciudad», explicó Pennella.
«Cada año se suman, en promedio, cinco mil grupos familiares desalojados», indicó Jorge Abasto, quien al mismo tiempo advierte: «Esta situación expresa la gravedad de la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires, mientras la vivienda sigue siendo una reserva de valor y no un valor social. ¿Cómo se explica que la Capital tenga menos habitantes que en 1970 y hoy haya medio millón de personas con problemas de acceso a la vivienda y 340 mil casas vacías?».
Todos concuerdan en que las políticas del gobierno porteño no están enfocadas en estos sectores más vulnerables a la acción del mercado. «La construcción del Centro Cívico en los terrenos del hospital Borda en Barracas sumado al proyectado Distrito de las Artes (La Boca) y el Polo Tecnológico (Parque Patricios) son políticas orientadas a elevar el precio de la tierra e indirectamente expulsar a los pobres», manifestó el arquitecto Gustavo Cañaveral, que trabaja en un proyecto de recuperación del Riachuelo.
«Macri no tiene políticas de vivienda», sentenció la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía. El ejemplo que ofrece la legisladora es contundente: en la última audiencia de la Corte Suprema para informar los avances del cumplimento del fallo Mendoza -que ordena el saneamiento del Riachuelo-, cuando le tocó exponer al Gobierno de la Ciudad sobre la relocalización de familias que viven en la margen del río «nos encontramos con excusas vergonzosas». «El gobierno porteño se comprometió a construir 1.826 viviendas para el 15 de diciembre de 2012. El funcionario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) Iván Kerr explicitó lo que veníamos denunciando hace tiempo: de las 1.826 viviendas sólo fueron entregadas 192 a medio terminar y sin acceso a servicios públicos, y las 1.634 restantes no serán entregadas en el término previsto, muchas de ellas carecen de planes de obra y otras ni siquiera tienen un terreno asignado», concluyó Sánchez Andía.
DZ/LR
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