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TEMAS DE LA SEMANA

Indemnizan a una familia por la pérdida de un cadáver

La Justicia porteña condenó al gobierno porteño a indemnizar a la familia de Cirilo Díaz Díaz, cuyo cuerpo estuvo 22 días descomponiéndose en el Hospital Santojanni mientras su mujer y sus hijos lo buscaban intensamente.

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La Sala H de la Cámara Civil acaba de confirmar la condena por los «daños y perjuicios» a favor de Petrona Farfán Tolaba y sus dos hijos menores de edad, que deberán ser indemnizados con 80.000 pesos, 40.000 a la mujer y 20.000 a cada niño.

Según el expediente, al que tuvo acceso Infojus Noticias, los hechos ocurrieron el 26 de agosto de 2007 cerca de las 5.30 de la mañana en el barrio porteño de Liniers, cuando una ambulancia del SAME acudió a atender a un herido.

Se trataba de un joven de 20 a 25 años de edad, morocho, de baja estatura, vestido con pantalón de jean, medias, remera y campera oscura, sin zapatos, aparentemente de nacionalidad boliviana, que estaba tendido sobre el asfalto en medio de la avenida Rivadavia.

Los médicos no pudieron salvarlo y a partir de allí se dispararon una serie de errores y omisiones que derivaron en que el cadáver fuera remitido a la morgue del hospital Santojanni -que no tenía suficientes cámaras frigoríficas para su conservación- y sin notificar a la policía. En rigor, confundieron al fallecido con un herido en un accidente de tránsito que había sido dado de alta.

Los días posteriores fueron de búsqueda frenética e infructuosa para la mujer, familiares y amigos de Díaz.

En los hospitales les respondían, una y otra vez, que no estaba internado y que no tenían cuerpos sin identificar. Al Santojanni habrían concurrido cinco o seis veces.

También fueron al Consulado de Bolivia, a canales de televisión y a radios del barrio, «mientras que el cuerpo de Cirilo estaba en la morgue del hospital Santojanni», dice el expediente. Recién lo encontraron el 17 de septiembre de 2007.

El director de ese nosocomio, Alberto Natalio Antonio Motta, declaró que «habitualmente no se reciben personas fallecidas», aunque si eso ocurre «se realiza una nota con los datos de la persona» y si se trata de un NN «se deja constancia» de ello y «de los motivos de la muerte para luego ser trasladado a la morgue».

Respecto a lo ocurrido con el cadáver de Díaz, Motta dijo que el lugar se encuentra refrigerado aunque por no ser suficiente, algunos cuerpos se descomponen.

El juez de primera instancia Pablo Miguel Aguirre entendió que «no resulta suficiente para eximirse de responsabilidad alegar que se trató de un error (confusión)».

«En la instancia administrativa -dice el fallo- se ha incurrido en un error al omitir dar intervención a la justicia penal una vez verificado el fallecimiento. Esa falta en el registro dificultó la localización de su cuerpo», por lo que «los sufrimientos» padecidos por la esposa e hijos de Díaz «deben ser resarcidos”.

La sentencia, ratificada ahora por los jueces Sebastián Picasso, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper, redujo el resarcimiento económico tomando en cuenta las particularidades de la familia.

La viuda de Díaz «es una mujer sin evidencia de escolaridad aunque refiere haber realizado la escuela primaria en Tarija», que además padece «profundas problemáticas estructurales sociales y de historia de vida que le generan serias dificultades en las relaciones interpersonales», indicaron los jueces.

En ese contexto, señalaron que «la escasa simbolización» de la mujer y los hijos, «por ser muy pequeños, por no tener escolaridad y no haber sido suficientemente estimulados», impiden «constatar síndrome psíquico originado por este hecho».

El tribunal tampoco consideró necesario someter a la familia a «tratamientos psicológicos», por lo que en su resolución desestimó el reclamo por ese tipo de daño.

DZ/sc

Fuente Télam
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