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Impugnan candidatos PRO para organismos judiciales

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto con otras organizaciones civiles, impugnaron las candidaturas de Martín Ocampo y de Yael Bendel como Fiscal General y Asesora General Tutelar de la Ciudad respectivamente.

Por Redacción Z
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doble

 

El rechazo se presentó a través de un escrito ante la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que ambos postulantes no cumplen con los criterios mínimos de idoneidad y no ofrecen las garantías de independencia que los cargos requieren.

Sobre Ocampo, cuestionan su condición de actual diputado oficialista e integrante del partido de gobierno porque “no da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere. Esto es fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno”.

Afirman, a su vez, afirman que “Ocampo no cuenta con los antecedentes necesarios para dirigir el Ministerio Público Fiscal y destacan sus escasos antecedentes en materia penal”.

La impugnación fue firmada por siete organizaciones: Asociación Americana de Juristas (rama Argentina), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

A su vez, a estas organizaciones se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) para impugnar la postulación de Yael Bendel, candidata a ser Asesora General Tutelar

Respecto de la candidata Bendel, las organizaciones resaltaron que “no es especialista en la temática: no ha realizado estudios de especialización y únicamente ha ocupado cargos en el Poder Ejecutivo, a los que no accedió mediante concurso”. A su vez, afirman que “el hecho de que su acercamiento a la temática esté casi exclusivamente vinculado a los cargos políticos en los que fue designada, minaría su capacidad de ejercer el cargo con independencia de criterio, requisito que las organizaciones destacan como imprescindible para dirigir un órgano que proactivamente debe exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones en materia de satisfacción de derechos”.

Fuente Redacción Z
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