El proyecto oficialista para cobrarle un ca­non fijo a las empre­sas del juego está en veremos. El 9 de diciembre se aprobó entre gallos y mediano­che en la Legislatura un conve­nio entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lo­tería Nacional, mediante el cual el Gobierno de la Ciudad re­nuncia a cobrarles a las empre­sas dedicadas al juego –el Casi­no Flotante y las tragamonedas del hipódromo, propiedad de Cristóbal López–, una deuda de Ingresos Brutos por 2.400 mi­llones de pesos. A cambio, reci­birá un aumento de 300 millo­nes anuales en el canon que las empresas le pagan a la Ciudad, sin que se sepa cuánto facturan las empresas de López.

El 18 de diciembre la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un amparo presentado por el abo­gado Andrés Gil Domínguez que suspendió la aplicación del punto 3.2 del texto del acuer­do, que dice: “Las partes acuer­dan que la percepción de las su­mas convenidas en la presente significarán la extinción de las pretensiones o créditos relacio­nados con el pago del impues­to a los Ingresos Brutos o cual­quier otra tributación específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nom­bre de Lotería por los referidos operadores”. Lo que objeta, es la competencia del Gobierno para renunciar a un impuesto.

En cuanto a los números, la Ley Tarifaria indica que la Ciu­dad debe cobrarle el 8 por cien­to de la facturación de las em­presas del juego, un monto mayor que el 3 por ciento de las ganancias declaradas por Ló­pez, como estipula el acuerdo.

La Ley Tarifaria, modifica­da en 2009, nunca se aplicó, porque –se adujo– la Ciudad no tenía potestad para gravar el juego de azar. Sin embargo, la Corte Suprema se la recono­ció en 2011. Macri tiene tiempo hasta el 9 de enero, para con­vocar a audiencia pública en la Legislatura y, eventualmente, modificar el proyecto antes de su aprobación definitiva.

DZ/rg

Fuente Redacción Z