El proyecto oficialista para cobrarle un canon fijo a las empresas del juego está en veremos. El 9 de diciembre se aprobó entre gallos y medianoche en la Legislatura un convenio entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad y Lotería Nacional, mediante el cual el Gobierno de la Ciudad renuncia a cobrarles a las empresas dedicadas al juego –el Casino Flotante y las tragamonedas del hipódromo, propiedad de Cristóbal López–, una deuda de Ingresos Brutos por 2.400 millones de pesos. A cambio, recibirá un aumento de 300 millones anuales en el canon que las empresas le pagan a la Ciudad, sin que se sepa cuánto facturan las empresas de López.
El 18 de diciembre la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un amparo presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez que suspendió la aplicación del punto 3.2 del texto del acuerdo, que dice: “Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas en la presente significarán la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago del impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier otra tributación específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nombre de Lotería por los referidos operadores”. Lo que objeta, es la competencia del Gobierno para renunciar a un impuesto.
En cuanto a los números, la Ley Tarifaria indica que la Ciudad debe cobrarle el 8 por ciento de la facturación de las empresas del juego, un monto mayor que el 3 por ciento de las ganancias declaradas por López, como estipula el acuerdo.
La Ley Tarifaria, modificada en 2009, nunca se aplicó, porque –se adujo– la Ciudad no tenía potestad para gravar el juego de azar. Sin embargo, la Corte Suprema se la reconoció en 2011. Macri tiene tiempo hasta el 9 de enero, para convocar a audiencia pública en la Legislatura y, eventualmente, modificar el proyecto antes de su aprobación definitiva.
DZ/rg
Fuente Redacción Z
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