Rodeado de árboles, en ese jardín que diseñó Carlos Thays para la institución psiquiátrica más importante de la Argentina, se encontraba el viejo Taller Protegido Nº 19. Era el único taller intrahospitalario de los 20 talleres protegidos que hay en la Ciudad. Allí podían concurrir los pacientes internados sin necesidad de salir a la calle y hacían trabajos de herrería, pintura y carpintería. Su función era terapéutica pero también productiva, ya que fabricaban camas para todos los hospitales de la Ciudad.

Ahora, sólo quedan los cimientos. En las primeras horas del 26 de abril de 2013, las retroexcavadoras enviadas por el Gobierno de la Ciudad lo redujeron a escombros en cuestión de minutos. Una cuadrilla de operarios rescató algunas herramientas y computadoras tras el derrumbe. Mientras tanto, un pequeño ejército de policías metropolitanos, a cara de perro, cortaba el paso a trabajadores y pacientes que observaban con bronca la obra destructora.

“No fue una demolición, fue un bombardeo. Tardaron 15 minutos”, masculla un trabajador de los talleres protegidos que acompaña a Diario Z en la recorrida por las instalaciones del Borda. “Lo hicieron tan a las apuradas que no cortaron ni la luz ni el agua y se produjo un incendio”, agrega.

Todavía se puede apreciar el grueso de las paredes, de unos sesenta centímetros de espesor, que aislaban el ruido de las moladoras y las sierras, y la terminación redondeada de los zócalos para que no se acumularan polvo y aserrín. Era un edificio alto, con techo a dos aguas y un entrepiso.

“La máquinas quedaron tiradas”, explica Gustavo Fernández Ferro, delegado de ATE. “Se perdieron dos millones de pesos en herramientas y un millón y medio en materias primas, en valores de aquel momento”.

En 2011, el entonces Jefe de Gobierno Mauricio Macri anunció la pretensión de mudarse de Bolívar 1 a la zona de Barracas, en parcelas pertenecientes al Hospital Borda. Según sus voceros, se trataba de “tierras ociosas”. Cuando especificaron dónde proyectaban construir la nueva sede, quedó claro que lo del ocio era un cuento: allí estaba emplazado el Taller Protegido Nº 19. También se encontraba la canchita de fútbol que comparten pacientes, visitantes y médicos. En torno a estos espacios comenzó un tire y afloje que llegó a la justicia.

La nueva versión oficial era que el taller era insalubre porque en el techo había asbesto, un material cancerígeno. El remedio fue peor que la enfermedad: la abrupta demolición esparció el producto por toda la zona y el gobierno tuvo que contratar especialmente a una empresa para que limpiara los alrededores.

“Entre agosto de 2012 y enero de 2013, permanecimos dentro del taller las veinticuatro horas. Pasamos las Fiestas acá. Entonces salió la medida cautelar que dictó la Justicia. Hasta abril, pasábamos todos los días. El 26, llegamos y estaba todo vallado por la constructora y la policía”, continúa Gustavo.

La nueva sede del taller queda a la vuelta y no es de fácil acceso. La entrada más directa está por la calle Brandsen. Para llegar a los talleres hay que subir escaleras y recorrer un largo pasillo de paredes blancas sin ventanas.

“Es laberíntico”, apunta un tallerista. El lugar de trabajo es ahora limpio y prolijo, pero tardaron años para ponerlo en condiciones. “Cuando llegamos era un galpón vacío, viejo, ruidoso y frío”, cuenta. Todavía no hay agua caliente en los baños. Las paredes son de durlock.  “Abajo funcionaba una sede del Ministerio de Desarrollo Social y los empleados no podían trabajar por el ruido”, completa Gustavo.

Antes de la mudanza, en el taller trabajaban 20 pacientes. Ahora son menos de una docena. Todo el sistema público de labores terapéuticas está reducido: antes contaba con más de 400 pacientes, ahora son 170. “Los pacientes quedaron marcados por la represión. En el taller de dibujo, se la pasaban dibujando al respecto”.

“El Estado tiene una deuda con la comunidad terapéutica”, concluye Gustavo.

La Junta Interna de ATE recordará el tercer aniversario de la represión con un acto en el hospital.